El Tribunal de Cuentas niega “daño a los caudales públicos” en la Ciudad de la Justicia de Aguirre pero confirma defectos contables

El Tribunal de Cuentas no ve “daño a los caudales públicos” en la Ciudad de la Justicia que puso en marcha el Gobierno de Esperanza Aguirre y que nunca llegó a culminarse aunque sí confirma el “defectuoso” registro documental y de la contabilidad de este faraónico proyecto. Un acta de liquidación provisional del órgano fiscalizador del pasado 31 de enero a la que ha tenido acceso eldiario.es afirma que “con carácter general” los pagos efectuados corresponden a prestaciones contratadas que sí se ejecutaron con independencia del “grado de formalidad” de la contratación.

“La presente liquidación sí pone de manifiesto la ausencia de certeza de que haya podido producirse un daño material por la inexistencia de prestaciones en correspondencia con los pagos”, subraya el informe, que entiende, por tanto, que no concurren los elementos para constatar que hubo un “daño a los caudales públicos”. No obstante, el instructor recuerda que este hecho tampoco se afirmaba en el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas que está en el origen de la investigación que hay abierta sobre este proyecto en la Audiencia Nacional.

Ese sumario se centra en la actuación de la Consejería de Justicia en la época de Alfredo Prada, que ocupó entre 2005 y 2008 el cargo de presidente y consejero delegado de la empresa creada para desarrollar el proyecto. Prada, a quien Pablo Casado integró en su equipo cuando se puso al frente de la dirección del PP, se ha basado en este documento para pedir el archivo de la causa abierta contra él por el juez José de la Mata. También sopesa denunciar a la expedienta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que fue quien ordenó dar trasladado a la Fiscalía del citado informe del órgano fiscalizador regional que propició la apertura de la causa.

El Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas concluyó que la empresa creada para desarrollar el proyecto no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público.

Dicho informe también ponía de manifiesto, entre otros elementos, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa, la falta de rendición de cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios o deficiencias en la incorporación remitida respecto de las inversiones financieras o la tesorería.

El proyecto del Campus de la Justicia se inició en 2004 bajo la presidencia regional de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Más de una década después de que se colocase la primera piedra el legado de esas aspiraciones megalómanas son un único edifico sin uso y un agujero de 100 millones de euros, según el informe redactado por la oposición en la Asamblea de Madrid que llegó, primero a la Fiscalía de Madrid, y después a Anticorrupción. Ese informe es previo al que dio lugar a la investigación de la Audiencia Nacional.

Como otros grandes proyectos de la época de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, el Campus de la Justicia no se libra de la sombra de la corrupción. El mismo acto de colocación de la primera piedra en 2007 se convirtió en un símbolo del despilfarro: costó 1,4 millones de euros. De parte de la organización se encargó la empresa de José Luis Ulibarri, un constructor implicado en el caso Gürtel, que luego fue adjudicatario de contratos que no llegaron a cerrarse.

De hecho, en su reciente acta de liquidación el Tribunal de Cuentas constata un “llamativo” e “importante” un volumen de actuación y gasto en el campo promocional. No obstante, subraya que si el proyecto se hubiera realizado como estaba previsto, tal montante hubiera resultado “ínfimo” respecto a la ejecución de las obras. También destaca la “gestión fuertemente externalizada” del proyecto, que atribuye a una estructura organizativa “provisional”.