Varias ONG piden a Honduras garantizar justicia para activista Berta Cáceres

Una coalición formada por 28 ONG, incluidas Amnistía Internacional y Oxfam America, pidieron hoy a la Justicia de Honduras que garantice “la plena” participación de la familia y defensa de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016, en el juicio a ocho acusados por este crimen.

Las organizaciones, incluida Washington Office on Latin America (WOLA) y la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, instan en un comunicado conjunto a la Justicia hondureña “a que garantice la plena representación de la familia de la víctima y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en el procedimiento judicial”.

“Instamos al Ministerio Público a garantizar un proceso independiente, imparcial y transparente que aborde a los autores intelectuales y materiales de este terrible crimen y asegure la justicia para Berta”, añaden.

Además, expresan que están “profundamente preocupadas por las decisiones judiciales en Honduras que limitan los derechos de las víctimas a participar en el juicio por el asesinato en 2016 de la activista ambiental indígena Berta Cáceres”.

Los abogados que llevan el caso de Cáceres presentaron el pasado viernes una nueva recusación contra el tribunal de sentencia, por lo que no se presentaron ese mismo día a la audiencia convocada para iniciar el juicio a los ocho acusados, que comenzó un día después.

Por ello, el tribunal determinó que la familia y la defensa habían abandonado el proceso y dejó al Ministerio Público como representante de las víctimas.

Los representantes de las ONG indican que la ley hondureña ofrece a las víctimas “el derecho de representación a través de abogados privados que se llaman 'fiscales privados'”, lo cual en Estados Unidos es similar a abogados defensores.

Señalan que los abogados de la familia de Berta Cáceres solicitaron la recusación del tribunal “con base en una queja que describe sesgos en la decisión de los jueces de limitar el ámbito de la evidencia a ser revisada hasta tal punto que pudiese resultar en la impunidad”.

“Esta decisión fraudulenta del tribunal deja a las víctimas del caso en completa indefensión, pues por dos años y medio, el Ministerio Público ha demostrado su incapacidad y falta de voluntad para impulsar de manera diligente el proceso judicial”, enfatizan las ONG al citar un boletín del COPINH.

Esa decisión “arbitraria” establece de manera contundente, “el compromiso de las autoridades hondureñas de mantener en total impunidad a la estructura criminal responsable de los ataques sistemáticos al COPINH y del asesinato de Berta Cáceres”.

Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su vivienda por estar en contra de un proyecto hidroeléctrico que la empresa Desarrollo Energético (DESA) pretendía construir, por considerar que causaba daños al medioambiente.

Los imputados por el asesinato son entre otros Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa DESA.

Las ONG señalan que cinco de los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres están “programados para ser liberados de la detención preventiva el 2 de noviembre”.

Los abogados de la familia de Cáceres solicitaron el 15 de octubre que los ocho -también señalados por el asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad- sean acusados de “asociación ilícita”, destacan las organizaciones en el boletín.