La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha escuchado desde primera hora de la mañana de este miércoles los argumentos de los condenados en el caso de los ERE de Andalucía contra las condenas dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla. Uno de los primeros en tomar la palabra ha sido José María Calero, abogado de uno de los principales condenados: José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía por el PSOE entre 2009 y 2013 y condenado en esta causa a seis años de cárcel, por lo que en esta vista está en juego su entrada futura en prisión para cumplir condena. El último en hablar ha sido el abogado del otro expresidente andaluz condenado, Manuel Chaves, cuestionando que se le pueda atribuir un delito de prevaricación.
El caso de los ERE investigó y sentenció un sistema ilegal en el seno de la Junta de Andalucía para otorgar, en total, 679 millones de euros en ayudas sin control entre los años 2000 y 2009. El letrado de Griñán ha defendido que él “llega a la Junta de Andalucía en abril de 2004”, cuando se incorporó al ejecutivo andaluz como consejero de Economía. Eso implica, según ha dicho su defensa hoy a la sala de lo penal del Supremo, que no estaba allí cuando se puso en marcha el supuesto sistema fraudulento.
“No tiene ninguna relación con los hechos que se narran en el núcleo de esta pieza, la creación y puesta en marcha de un supuesto sistema de subvenciones. No tiene relación con la creación de ese mecanismo”, ha dicho el letrado. Cuando Griñán entra a formar parte del ejecutivo andaluz procedente del Parlamento, dice su letrado, se encuentra con varias leyes de presupuestos que han dado solidez al sistema juzgado.
El letrado se ha referido a la relación de Griñán con el núcleo de la sentencia: la partida presupuestaria 31L, denominada en su momento por uno de los imputados como 'fondo de reptiles', destinada a pagar ayudas sociales a empresas. “No aparece descrito que José Antonio Griñán tuviera a su cargo la partida 31L, jamás, nunca”, ha dicho. Tampoco hay pruebas que demuestren que podía disponer de esos fondos: “No puede malversar quien en ningún caso puede decidir sobre el destino de los fondos”.
Finalmente, ha reprochado a la sentencia de la Audiencia de Sevilla que se le condene “por eliminar los controles” sobre estas partidas presupuestarias pero, también, “por desoír esos controles, lo que supone que existen”.
Resoluciones administrativas
El último letrado en tomar la palabra este miércoles ante la sala segunda ha sido el abogado de Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía y condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En eso ha centrado el letrado su exposición: en convencer al Tribunal Supremo que ninguno de los actos del consejo de gobierno en los que intervino Chaves puede ser considerado como una resolución susceptible de ser considerada como prevaricadora.
“Ni unos acuerdos ni los otro pueden ser calificados como resoluciones a efectos del artículo 404 del Código Penal que define este delito. Primero ha hablado de los acuerdos de consejo de gobierno que pusieron los anteproyectos de presupuestos andaluces en manos del Parlamento: ”Bajo ningún concepto“ ha dicho citando sentencias como esta del Tribunal Supremo.
Lo mismo sucede, entiende el letrado, con las posteriores modificaciones presupuestarias. “No es una resolución dictada en un asunto administrativo”, ha dicho. Según la sentencia de la Audiencia de Sevilla que le inhabilitó durante casi una década, en esos acuerdos se escondía la voluntad política de mantener el descontrol sobre las ayudas millonarias.
“Estamos ante una conjetura colosal”
El Tribunal Supremo, con Eduardo de Porres como ponente, tiene previsto escuchar a las defensas de los 19 condenados en el caso de los ERE en las próximas 48 horas, junto con una Fiscalía que solicitará la confirmación de las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla. Condenas que, en algunos casos, rozan los ocho años de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
“Estamos ante una conjetura colosal y continuada”, ha dicho el abogado defensor de José Antonio Viera, consejero de Empleo condenado a siete años de prisión. Entiende su letrado, según ha dicho en el Supremo este miércoles, que la sentencia de la Audiencia de Sevilla recoge “especulaciones mal hiladas y repetidas”, considerando que se trata de un texto “muy deficiente desde el punto de vista técnico”.
El primero en intervenir ha sido el letrado de Antonio Fernández, consejero de Empleo condenado a la pena más alta de 7 años y 11 meses de cárcel. Entiende que el tribunal sevillano declaró probado un “inverosímil plan organizado” para desviar 679 millones de euros a lo largo de casi una década en el seno de la Junta de Andalucía. “Nadie puede defenderse de unos hechos así”, ha reprochado el letrado, para después defender que en un número “significativo” de ocasiones el uso del dinero “no carece de causa justificada”. “El destino no era el establecido, pero era público”, ha añadido el abogado defensor de Juan Márquez, director general de Trabajo condenado a siete años de prisión.
“La sentencia dista mucho de la realidad”, ha reprochado también el abogado defensor de la viceconsejera Carmen Martínez Aguayo. La sentencia, ha dicho este letrado, “quiere condenar a toda costa a los miembros de Hacienda”, ha dicho sobre el papel de la consejería andaluza donde recae la mayor parte de la acusación de la Audiencia de Sevilla.
Los abogados de todos los condenados han tomado la palabra y el presidente del tribunal ha optado por suspender la sesión para que el jueves, a partir de las nueve y media de la mañana, sean las acusaciones las que tomen la palabra.