La Audiencia Nacional ha vuelto a corregir a la jueza Carmen Lamela, esta vez al absolver a Sandro Rosell. El fallo sorprende a la magistrada en su nuevo destino, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a donde fue ascendida por decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado julio. Además de insistir en que los indicios contra Rosell eran tan sólidos como para que no saliera de la cárcel antes del juicio, Lamela había enviado ocho meses antes a prisión provisional a 11 de los acusados en el juicio del procés y se había empeñado en investigar por terrorismo a los agresores de Alsasua.
La decisión de enviar al Tribunal Supremo a Lamela contó con el apoyo del bloque conservador del Poder Judicial y significativos miembros del progresista. Unos votos éstos últimos aún más significativos si se tiene en cuenta que competían por la plaza veteranos especialistas de derecho penal, ubicados en la esfera progresista, y que llevan destinados en la Audiencia Nacional desde mucho antes que la magistrada del 'caso Sandro Rosell'.
El sistema de reparto de la Audiencia Nacional había provocado que Carmen Lamela se hiciera cargo de relevantes investigaciones desde que puso un pie en el Juzgado de Instrucción Central número 3. La más importante, la causa abierta a raíz de la querella de la Fiscalía contra miembros del Govern y líderes de la sociedad civil catalana a cuenta del procés. A Jordi Sánchez y Jordi Cuixart los encarceló el 16 de octubre de 2017. El 2 de noviembre envió a prisión a 9 antiguos miembros del Govern.
Estos últimos habían sido citados por la jueza un festivo, el 1 de noviembre, con tan solo 24 horas de antelación. Sus defensas solicitaron aplazar una semana la vista, pero mientras esa petición era atendida para los aforados ante el Tribunal Supremo, Lamela la denegó. Jueces para la Democracia emitió un comunicado criticando la diferencia de trato para los investigados en la Audiencia Nacional, así como la decisión “excepcional” de enviarlos a prisión provisional.
En la primavera del año anterior, Lamela había sido uno de los siete candidatos a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No resultó elegida. El bloque conservador del CGPJ impuso su mayoría para designar a Concepción Espejel, pese a que esa Sala de lo Penal que iba a presidir había votado a favor de apartarla de cualquier juicio de corrupción con el PP en el banquillo por su proximidad al partido.
Un año después llegó otra oportunidad para Lamela. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que está juzgando el procés, es una de las máximas aspiraciones que puede tener un magistrado. El CGPJ tenía que cubrir la baja que había causado José Manuel Maza, fallecido cuando ejercía de fiscal general del Estado, pero con plaza en la citada Sala Segunda. En esta ocasión, Carmen Lamela obtuvo 13 de los 21 votos, mientras que los ocho restantes se repartieron entre el resto de candidatos, sin que sumara ninguno de ellos más de dos votos.
Esa votación denota que hubo alguna fuga de votos en el bloque conservador, pero sobre todo que el bloque progresista había prestado varios apoyos a la candidatura de Lamela, respaldada por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Entre los apoyos a Lamela figuró el de Clara Martínez Careaga, una de las más significativas representantes de los vocales progresistas, magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y esposa de Cándido Conde-Pumpido, el juez con más ascendente en el sector progresista de la judicatura.
El acuerdo del CGPJ destaca que su “excelencia en la actividad jurisdiccional” se comprueba con la “simple lectura” de sus resoluciones en la Audiencia Nacional o la Audiencia de Madrid. Se da la circunstancia de que Carmen Lamela llegó al tribunal especial en 2014 y que, por ejemplo, una de sus oponentes a la plaza en el Supremo, Manuela Fernández de Prado, lleva ejerciendo 26 años en la Audiencia Nacional.
Otro magistrado que aspiraba a la plaza, Ramón Sáez, fue el número uno del concurso para la especialidad en derecho penal que convocó el Poder Judicial en 2011, que el Tribunal Supremo anuló después en parte y que ahora el mismo Alto Tribunal ha vuelto a poner en valor en una reciente sentencia, la que anula los nombramientos por parte del CGPJ de Enrique López y Eloy Velasco a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
Una de las últimas sentencias que dictó esta nueva Sala de Apelación antes de la anulación del nombramiento de dos de sus tres magistrados (la tercera plaza la ocupaba de forma provisional el presidente de la Audiencia Nacional) es sobre la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en el municipio navarro de Alsasua. La Sala de Apelaciones ratificó el fallo de la Sala de lo Penal en el que se descarta una condena por terrorismo, el delito por el que Lamela rechazó que la causa fuera juzgada en Navarra y envió a prisión provisional a siete de los acusados, cifra que luego se rebajó a tres.
Tanto las decisiones del caso Alsasua, como en el procés o con Sandro Rosell fueron adoptadas a propuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y revisadas favorablemente por la Sala de lo Penal del tribunal especial. La Sección Tercera de esa Sala de lo Penal avaló hasta el final los 21 meses de prisión provisional de Rosell. La Primera, encargada de juzgarle, lo puso en libertad al arrancar la vista. El nombramiento de Lamela para el Supremo ha sido objeto de una querella ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la Associació Atenes Juristes pels Drets Civils, en la órbita del independentismo catalán.