Una acusación pide que Cospedal, Arenas y Cascos declaren como testigos en el juicio por la caja B
El juicio por la financiación irregular del PP como última oportunidad para que los participantes en la trama asuman su responsabilidad o se enfrenten a un proceso por falso testimonio. Este es el escenario que pretende forzar el escrito de acusación de Observatori Desc, que pide se llame a declarar en el juicio como testigos a todos los empresarios que aparecen como donantes en las anotaciones del extesorero, así como a los dirigentes del PP que habrían consentido, tolerado y fomentado la financiación con dinero negro durante dos décadas, entre ellos la actual secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal.
El escrito de acusación de Observatori Desc representa la historia completa de la financiación irregular del Partido Popular y del destino final del dinero negro durante los casi veinte años que abarcan los papeles de Bárcenas, así como de los delitos atribuibles a las personas que ha señalado el juez Ruz. Es así porque la financiación ilegal en años anteriores y posteriores, descrita con detalle por el propio Bárcenas ante el juez, ha quedado fuera del caso. Y la petición de condenas no se extiende a más personas porque el juez nunca las interrogó como imputadas, limitando la responsabilidad a los extesoreros y el gerente el PP.
Ante esta limitación, la acusación popular opta por que sean llamados a declarar como testigos los empresarios que negaron ante Ruz haber entregado dinero negro al Partido Popular. Al hacerlo como imputados no corrían riesgo alguno al mentir. En el juicio sería distinto. Los indicios de falsedad en su declaración podrían hacer que el tribunal dedujera declaración por falso testimonio y acabaran imputados.
En total son 74 testigos entre donantes, intermediarios, perceptores de sobres con dinero negro, empleados y dirigentes del Partido Popular. Algunos declararon como testigos en la instrucción, caso de los secretarios generales María Dolores de Cospedal, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas. A estos son los que señala Observatori Desc como “máximos responsables” de la financiación irregular. Entre los testigos solicitados también está el marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro.
“No se puede circunscribir a tesoreros y gerente”
La asociación insiste en que en el auto de Ruz del 23 de marzo no están todos los que son. La acusación solicitó sin éxito al juez la nulidad del auto por no haber dispuesto de toda la documentación de la causa antes de redactar su escrito. “La contabilidad opaca tiene unos responsables que no se pueden circunscribir a los puestos de tesorero y gerente, como evidencian los estatutos del Partido Popular aportados a la causa, resultando los máximos responsables los secretarios generales de la formación política”, concluye su escrito.
La decepción que sienten las acusaciones populares con la fase final de la instrucción de Ruz se condensa en el siguiente párrafo: “La cooperación de donantes, empresarios, directivos y políticos contribuye de forma decisiva en la producción del resultado que no ha sido debidamente investigado, como tampoco los hechos relativos a las compras de sedes, como es el caso de Pontevedra, Logroño, Pamplona o Bilbao, el origen de los fondos con que se efectuaron las donaciones ilícitas ni la separata referida a Toledo”, en referencia a la supuesta financiación con fondos de la caja b de una campaña electoral de María Dolores de Cospedal.
En orden a todo ello, Observatori Desc se ve obligado a delimitar su petición de condena a los extesoreros del PP, el gerente y los tres imputados vinculados al estudio de arquitectura que cobró en negro la reforma de la sede del PP. Así, la acusación popular pide 31 años de cárcel para Luis Bárcenas por un delito continuado de falsedad electoral, cuatro contra la Hacienda Pública, dos de apropiación indebida y otros dos por falsedad en documento mercantil. Algo menos, 27 años de prisión, solicita para su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta. Para el gerente del PP, Cristóbal Páez, pide 31 años de cárcel, y 15 para el arquitecto Gonzalo Urquijo. Los mismos que para su socia Belén García y la empleada Laura Montero.
Observatori Desc, como apuntaba Ruz, considera al PP responsable de un delito fiscal por no declarar las donaciones irregulares en el único ejercicio investigado que no ha prescrito, el de 2008. A diferencia del fiscal, Antonio Romeral, quien en su escrito de acusación, rebaja la petición de condena a Bárcenas y Lapuerta a cinco años. La acusación popular pide que los Bárcenas, Lapuerta, Páez, la aseguradora y el PP respondan solidariamente como responsables civiles subsidiarios por la cantidad defraudada ese año, que asciende a 220.167,04 euros.
