Mariano Rajoy puede volver al “ya tal” para referirse al caso Gürtel durante lo que resta de 2017. Es el tiempo aproximado que falta para que se celebre el juicio por una pieza separada del mismo, conocida como caja B o papeles de Bárcenas, y que seguirá al que tiene lugar ahora y en el que ha declarado el presidente del Gobierno este miércoles. Las acusaciones populares solicitaron en su momento que también declare Rajoy en ese segundo juicio, como testigo del ‘dopaje’ financiero con el Partido Popular ha concurrido a las elecciones en al menos los últimos veinte años.
En esa vista, el presidente se podrá limitar a recuperar su afirmación del miércoles en el juicio de Gürtel, según la cual nunca ha conocido la existencia de una contabilidad paralela en su partido. Pero entonces, el tribunal no podrá cortar las preguntas sobre la caja B porque precisamente la existencia de la misma es el el fundamento del juicio que queda por celebrar. Su presidente, Ángel Hurtado, ha avisado al comienzo de la declaración de Rajoy que en este caso solo iba a permitir las preguntas que “rozan” el caso Gürtel y el de la caja B.
Mariano Rajoy es el segundo máximo perceptor de sobresueldos que aparece en los papeles de Bárcenas, solo por detrás de Francisco Álvarez Cascos. Un total de 406.610, 41 euros para el presidente del Gobierno entre 1990 y 2011, según recogen las anotaciones del extesorero que dieron pie a la investigación. Ese es uno de los datos que no ha podido ser utilizado por por las acusaciones en sus preguntas de este miércoles. “Son absolutamente falsos”, ha zanjado Rajoy cuando se le ha preguntado por los sobres con dinero negro.
Fuentes de las acusaciones de Adade, los socialistas valencianos y los madrileños coinciden en que el abogado Joaquín Ruiz de Infante, defensor de Luis Bárcenas, ha facilitado la situación de Rajoy ante sus preguntas. Como ya hiciera con lo secretarios generales que declararon en días previos, Ruiz de Infante ha solicitado que se declare improcedente cualquier pregunta vinculada a la caja B. Hurtado ha rechazado su pretensión, pero después ha sido el mismo quien ha impedido a los abogados de la acusación descender al detalle de la financiación irregular.
PP y Bárcenas, “pacto de no agresión”
El letrado de Bárcenas defiende su actuación en los intereses de su cliente, también acusado de graves delitos en esa causa por juzgar. Las acusaciones sospechan de un “pacto de no agresión” entre el PP y su extesorero, que se comenzó a evidenciar cuando Bárcenas ordenó a su anterior abogado retirar la acusación en la causa de la destrucción de los discos duros, en septiembre de 2016, y que se confirmó con la declaración del acusado durante el juicio, en el que dejó de utilizar el término “caja B” para hablar de “contabilidad extracontable”.
Unos letrados creen que el Gobierno y el partido nada pueden ofrecer a estas alturas a Bárcenas. La rotundidad de las pruebas, refrendadas durante la fase de juicio, abocan a una condena al extesorero y a su esposa, Rosalía Iglesias, un riesgo éste que Bárcenas ha querido siempre eliminar. Otros, sin embargo, apuntan a una carta: la ejecución de la condena. Cómo cumplen cárcel Bárcenas y su mujer, cuándo les serán concedidos los permisos… “La ejecución de la condena es la reina de las sentencias”, afirma uno de esos abogados.
Las acusaciones destacan, por otra parte, la nula intervención del abogado que representa al PP durante la declaración de Rajoy. Ha sido, recuerdan, el abogado de Bárcenas quién ha protestado por las referencias a la caja B del partido y no el letrado del propio partido, Jesús Santos.
El presidente, por su parte, ha descargado la responsabilidad en los “servicios económicos” de la formación, pero cuando ha tenido que señalar a alguno de sus miembros lo ha hecho con Álvaro Lapuerta, el tesorero.
Lapuerta tiene 89 años y ha sido eximido de cualquier responsabilidad en este juicio por la demencia que le han diagnosticado los peritos de la Audiencia Nacional. Su segundo entonces era Luis Bárcenas, el gerente. Este anotaba los ingresos de los papeles bautizados con su nombre. El visado, en forma de firma al margen, era de Lapuerta, según concluyó la investigación.
En el interrogatorio del miércoles tampoco apareció la confesión de Correa, según la cual la gran obra pública de Aznar, en cuyo consejo de ministros se sentaba Rajoy, escondía comisiones de entre el 2 y el 3% con destino a Génova. Rajoy fue el director de la campaña electoral de Aznar en las elecciones generales de 1996 y 2000, las que dieron la victoria y el poder de las adjudicaciones al Partido Popular.