Las presuntas adjudicaciones de obra pública por parte del Gobierno de Aznar a cambio de mordidas para el PP no serán más objeto del juicio de Gürtel que se celebra en al Audiencia Nacional. El tribunal ha rechazado la petición de la defensa de Luis Bárcenas para que declaren como testigos tres ministros y los dos grandes constructores a los que implicaba Correa, quien ha dejado pasar la oportunidad que tenía este lunes de concretar más sus acusaciones.
El tribunal ha adoptado su decisión porque las manifestaciones de Correa han sido “genéricas” e “imprecisas”, como previamente las había calificado también la fiscal Anticorrupción Concepción Sabadell. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha afirmado que los dueños de OHL y ACS, Juan Miguel Villar Mir y Florentino Pérez, no pueden acudir como testigos porque las acusaciones contra ellos son muy graves. “Si hay que investigarlos, el procedimiento está y aquí no pintan nada”, ha resuelto Hurtado en referencia a las piezas de Gürtel que aún no han llegado a juicio.
En el mismo sentido se ha pronunciado el tribunal sobre la petición de que testifiquen los exministros de Medio Ambiente Jaume Matas y Elvira Rodríguez y de Fomento Rafael Arias Salgado. “Tenemos pruebas más que sobradas para saber qué relación tenía el señor Correa, Luis Bárcenas y por arriba los responsables del partido que fuera”, ha dicho el presidente del tribunal.
A pesar de ello, otro exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, declarará como testigo en la causa, pero es posible que el tribunal no permita que le pregunten por las acusaciones de Correa, ya que ha sido citado, por una petición también de la defensa de Luis Bárcenas, en relación a su puesto como secretario general del PP en el pasado, al igual que Ángel Acebes y Javier Arenas.
“El sistema” de las mordidas
Correa ha ido este lunes un poco más lejos y ha detallado “el sistema” que se seguía, según él, para amañar obras en los ministerios de Fomento y Medio Ambiente del Gobierno que presidía José María Aznar. Recurrió para ello a una confesión reciente que hizo el expresidente de Baleares, Jaume Matas, investigado por la adjudicación de un hospital en las islas.
Correa repitió dos veces que en el PP había un “sistema” y se extendió en los detalles: “Hace muy poco un ministro en un medio de comunicación dijo claramente que le llamó el secretario general del partido para que adjudicase un hospital [esta es la alusión a Matas]. El sistema no es ir directamente al cargo. Es ir a la persona que lleva el tema económico del partido, en este caso Luis Bárcenas, y él ya sabrá con quien tiene que hablar. A lo mejor habla con el secretario de Estado o con el ministro. Yo no he hablado con ningún ministro, la relación la llevaba Luis Bárcenas”.
Esta explicación venía a cuento de un reproche anterior que formuló en su turno de preguntas al aire el abogado de Bárcenas, ya que Correa había anunciado que no contestaría más que a su letrado. Francisco Maroto planteó al cerebro de Gürtel por qué si tenía relación con el exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, tendría que mediar Bárcenas para dar una obra a un constructor. La respuesta de Bárcenas fue esa: explicar al tribunal que el sistema en el PP es pasar antes por el responsable del dinero, en este caso Bárcenas.
En su réplica, respondiendo a su propio abogado, Correa subrayó que él disponía de “una tarjeta especial” que le permitía entrar directamente al edidicio del PP en la madrileña calle Génova, a través del garaje. “El letrado del señor Bárcenas se le olvidaba que yo no pasaba con el escáner, tenía una tarjeta y pasaba directamente al parking. Tenía una tarjeta especial como la tenían los miembros del partido. Pasaba con mi coche y no pasaba por ningún escáner. Se puede chequear porque está en los archivos. No solo llevaba el dinero a Génova sino a su casa, también. A la calle Príncipe de Vergara”.
Bárcenas no compartía
Correa ha asegurado además que el reparto de comisiones con responsables del PP era una decisión de Luis Bárcenas. “En algunas, el señor Bárcenas decída compartir con estos señores que tienen las siglas, yo no decidía porque yo no era del PP; y en otras muchísimas no compartía. No se si se las quedaba él o se las daba el señor Alvaro Lapuerta”, ha dicho.
El principal acusado en esta primera pieza del caso Gürtel, al que da nombre, también quiso aclarar una declaración efectuada la semana pasada por el propietario de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, también acusado en este juicio, sobre sus entregas de dinero a Correa “para los organismos centrales”. Correa explicó que el constructor se encontraba muy nervioso cuando declaró en la sala y que él cree que se refería a administraciones del Gobierno central.
Correa había abierto la jornada desdiciéndose de su afirmación del viernes, en la que anticipó que hoy respondería a la acusación popular de “los socialistas”, en referencia al abogado Virgilio Latorre, que actúa en representación de un grupo de dirigentes del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV). Correa ha dicho que mantenía su deseo de hacerlo, pero que no lo haría por indicación de su abogado. Las posibles preguntas que pudiera haberle formulado el abogado Latorre no tendrán ya respuesta. Latorre propuso al tribunal que evaluara la trascendencia de las revelaciones de Correa sobre las comisiones de hasta un 3% pagadas presuntamente las constructoras con destino al PP.
El abogado de Bárcenas también intentó cuestionar la declaración de Correa con el desmentido que envió a los medios sobre una información de eldiario.es de noviembre de 2015. Este medio había publicado una confesión de 9 folios que Correa entregó previamente a su director, Ignacio Escolar. El contenido de esa confesión coincide con las revelaciones que Correa ha hecho en el juicio. Hoy, el principal acusado de Gürtel, ha negado que él realizara ese desmentido. “Jamás lo firmé, ni lo hice”, ha afirmado.
Correa ha tenido tiempo para poner de manifiesto que la Comunidad de Madrid todavía le adeuda “80 o 90 millones de pesetas”. Ha dicho que el Gobierno regional efectuaba los pagos con retraso y que tras su detención todavía le quedan cobros pendientes.