“No existe el más mínimo indicio de que tuvieran intervención alguna en la comisión de los delitos investigados”. El juez Fernando Andreu dedica la parte final de su auto sobre el caso Bankia a argumentar por qué los responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional de Valores (CNMV) no deben ser juzgados por su responsabilidad en la salida a bolsa de la entidad. La acusación popular no se da por vencida e intentará que los supervisores acaben sentados en el banquillo.
La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), la acusación popular que logró que se imputase, entre otros, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ya ha anunciado recurso. El colectivo 15paRato, también acusación popular, estudia presentarlo. El juez propone juzgar a 34 personas por el falseamiento de las cuentas de Bankia, pero exculpa al Banco de España y la CNMV al considerar que hicieron bien su trabajo y argumenta que no se les puede reprochar que apoyasen la venta de la entidad en los mercados.
En su auto, el juez es especialmente duro con la CIC. “La acusación ha puesto todo su empeño en intentar criminalizar” la autorización de la salida a Bolsa, una decisión que para Andreu “podría ser objeto de examen y de exigencia de responsabilidad en otros foros, mas no en este, al carecer de relevancia penal”. Se castiga si “los estados financieros -de Bankia- se encuentran disfrazados bajo una apariencia de solvencia”, no la decisión de sacarla a Bolsa, sea esta “incorrecta o errónea”.
El abogado de la CIC, Andrés Herzog, tacha de “sorprendente” que el juez asuma los informes de los peritos, salvo en lo referente a la implicación del Banco de España y la CNMV. “Es una decisión incomprensible”, dice, porque esos peritos apuntaron a que las decisiones de “ingeniería contable” de Bankia se hicieron “con la autorización del Banco de España.
La CIC fundamentó sus acusaciones contra el Banco de España en los correos firmados por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus. Semanas antes de la salida a Bolsa de Bankia redactó una serie de emails enviados a sus superiores en los que alertaba de un futuro fracaso. Y acertó, porque un año después la entidad tuvo que ser rescatada con 22.400 millones de dinero público.
En base a esos correos, la acusación popular pidió la imputación de los superiores de Casaus que habían ignorado sus advertencias, hasta llegar al entonces gobernador del Banco de España. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, su segundo, Javier Aríztegui, y los cargos intermedios que recibieron las advertencias, pero que las despreciaron, declararon a mediados de marzo. En sus informes finales los supervisores apenas incluyeron referencias a los pormenorizados análisis de su inspector, que durante su declaración ante el juez dijo que nunca recibió respuesta a esos emails.
Aquellas declaraciones plantearon dos relatos enfrentados sobre la quiebra de Bankia. El de los altos cargos del Banco de España, que culparon a la segunda recesión de echar al traste una entidad con las cuentas saneadas, y el de Casaus, que aseguró que Bankia y su matriz, BFA, estaban condenadas al fracaso por esta fórmula doble para separar activos tóxicos. Añadió que nadie le desmintió su análisis: “Nadie me discutía que el grupo (BFA-Bankia) estaba muerto”.
Entre esos dos relatos, el juez se inclina por el del inspector. Incluye en su auto que sus advertencias sobre el futuro de Bankia se demostraron acertadas, la entidad quebró porque las cuentas estaban falseadas. Pero no es suficiente para imputar a los supervisores: “En este procedimiento no se investiga si la decisión de salida al parquet de la entidad fue acertada o, como premonitoriamente indicaba el inspector del Banco de España D. José Antonio Casaus, errónea”.
De hecho, el juez se ha negado en el auto con el que concluye la investigación a las últimas peticiones de la CIC. Habían solicitado que declarasen como testigos el inspector del Banco de España José Antonio Delgado y el jefe de Regulación Contable de dicha Entidad, Jorge Pérez Ramírez. “Se consideran innecesarias a la vista del cúmulo de actuaciones”, sostiene Andreu.
Herzog cree que el juez se equivoca con sus reproches hacia la CIC, que son “valoraciones no jurídicas” que la acusación popular ha soportado desde el inicio del proceso: “Ha sido una constante con la que hemos tenido que luchar”.
El recurso que interpondrá en nombre de la CIC lo resolverá la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es la esperanza de la acusación, que en otras ocasiones ha visto como esos jueces fallaban contra el criterio de Andreu durante la instrucción del caso. Esa sala les imputó el pasado mes de febrero y obligó al juez a tomarles declaración por los “múltiples, bastantes y concurrentes” indicios de criminalidad. “Por pura coherencia tiene que estimar el recurso”, confía Herzog.
Simona Levi, portavoz del colectivo 15paRato, confirma que su intención es recurrir, aunque precisa que aún tienen que estudiar bien el auto de Andreu. “Queremos reafirmar que hay un diseño sistémico en la salida a Bolsa de Bankia, no es sólo el problema de unos pocos banqueros”, señala. En su opinión, la decisión de juez de exculpar al Banco de España y a la CNMV destierra del caso que hubo “una clara connivencia” entre poderes políticos y económicos para la venta en los mercados de la entidad.
Herzog va más allá y advierte de que un juicio sin el Banco de España “quedaría absolutamente cojo”. “El resto de acusados derivarán responsabilidades hacia el Banco de España, que no estará presente, con riesgo de que el procedimiento quede en nada”, alerta.