Los ocho acusados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 en la localidad navarra de Alsasua han solicitado a la Audiencia Nacional apartar a la magistrada Concepción Espejel del tribunal encargado de juzgar el procedimiento, que comenzará el próximo 16 de abril.
Las defensas de los acusados han presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Espejel, un escrito por el que solicitan “la abstención, y subsidiariamente instan la recusación” de la presidenta de la sección primera, encargada de juzgar estos hechos, “a fin de garantizar el derecho de los acusados a un juez imparcial”.
En una nota de prensa, los abogados de los 8 encausados argumentan la necesidad de recusar a Espejel por sus “estrechos vínculos con la Guardia Civil”, lo que hace que ésta tenga un “interés directo o indirecto” en el procedimiento.
Hacen referencia a la relación conyugal entre la magistrada y un coronel del instituto armado y a que fue condecorada por el Ministerio del Interior con la Orden del Mérito de la Guardia Civil, que se concede a quien lleva a cabo “acciones o conductas de extraordinario relieve que redunden en el prestigio del Cuerpo e interés de la patria”.
Según las defensas de los acusados, estas circunstancias ponen “gravemente en entredicho” la imparcialidad de Espejel, que ya fue apartada de los juicios del caso Gürtel y del caso Bárcenas tras ser recusada por afinidad al PP.
Y consideran que son “especialmente relevantes” en un proceso en el que los acusados se enfrentan a una petición fiscal de entre 12 y 62 años de prisión por delitos de lesiones terroristas o amenazas terroristas, aunque el ministerio público también plantea unas penas alternativas, de entre 18 y 30 años y medio de cárcel, para siete de ellos.
Será el próximo 16 de abril cuando la Audiencia Nacional comience a juzgar estos hechos, que tuvieron lugar en la madrugada del 15 de octubre de 2016 y que, según la Fiscalía, se enmarcaron en las campañas Alde Hemendik (Fuera de aquí), que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra.
“Existe una segunda intencionalidad -añade el fiscal en su escrito de acusación-, que es la de crear un clima de miedo y rechazo entre los ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar ningún vínculo afectivo o de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil, en un intento de aislarles socialmente”.