Los acusados por los disturbios del Rodea el Congreso niegan haber agredido a policías y rechazan pactar con la Fiscalía
Los doce jóvenes acusados por su participación en los disturbios en una protesta en la inmediaciones del Congreso de los Diputados del 14 de diciembre de 2013 han negado en el juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número 11 de Madrid que agredieran a policías. Uno de ellos, que fue detenido varios meses después de la convocatoria, ha asegurado incluso que no participó en la movilización.
Todos han rechazado la propuesta de conciliación de la Fiscalía de rebajar en dos grados las penas a cambio de su reconocimiento de los hechos. El Ministerio Público acusa a nueve de ellos de arrojar “botellas de vidrio” y “piedras” para evitar la intervención de los agentes y pide un total de seis años de prisión por los delitos de atentado y desórdenes públicos. Para otros tres, la petición de la Fiscalía es de tres años de prisión por obstaculizar la labor policial. A estos tres les atribuye los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.
Los hechos se remontan al 14 de diciembre de 2013, cuando la Coordinadora 25-S promovió una protesta contra la llamada ley Mordaza bajo el lema ‘Rodea el Congreso’. La convocatoria no fue comunicada a la Delegación del Gobierno y, por tanto, no estaba autorizada.
Según el escrito de la Fiscalía, al término de la movilización en la Puerta del Sol un grupo de manifestantes continuó por la calle Carretas. En la intersección entre la calle Atocha y la calle San Sebastián, el grupo se topó con un coche de la Policía Municipal, que fue golpeado “violentamente con palos, piedras y patadas”. Cuando miembros de la Policía Nacional acudieron en su auxilio, parte de los encausados les arrojaron “botellas de vidrio” y “piedras” con el objetivo de “evitar su intervención”. Durante los hechos, 14 policías resultaron lesionados.
De todos los procesados, sólo uno ha admitido que lanzó al aire un envase de plástico pero que no vio si llegó a los antidisturbios. “Creo que me impactó una pelota de goma, así que actué con rabia y cogí lo primero que vi y lo lancé”, ha asegurado ante el tribunal. Otro de los acusados que sí reconoció haber pateado el coche policial durante su declaración ante el juez de instrucción negó estos hechos en el juicio.
Los agentes municipales, que han comparecido como testigos, han asegurado que en realidad su vehículo fue golpeado con “cartones” y “telas” de comercios textiles cercanos y que también recibió patadas de los congregados. Según el escrito de la Fiscalía, el coche sufrió daños tasados en la cantidad de 4.189,78 euros.
A preguntas de las defensas, uno de los policías municipales ha dicho que en ningún caso sufrió por su “integridad física” y que no sufrió ninguna agresión personal, aunque sí ha asegurado que cerca de donde estaban las unidades de antidisturbios que acudieron en su ayuda sí hubo “lanzamiento de botellas”.
La más de una veintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía que también han comparecido como testigos sí han reiterado el carácter violento de los incidentes. Uno de ellos ha asegurado incluso que sus escudos se rompían por los objetos que les lanzaban o que estuvieron “cinco minutos aguantando botellazos”.
El coordinador del operativo no supo explicar por qué no incluyó en el atestado ni citó en su declaración ante el juez en fase de instrucción las supuestas “patadas” y “puñetazos” que le propinó una de las procesadas que resultó detenida en el curso de estos incidentes y a los que sí hizo alusión ante el tribunal.
Al término de la sesión de este lunes, el abogado de tres de los acusados, Erlantz Ibarrondo, ha asegurado que “sigue habiendo un montón de dudas” sobre cómo la Policía hizo las identificaciones de los acusados y si estas tendrán validez o no. “No dudamos que los policías hayan resultado lesionados, pero sí hay dudas de la imputación de esos hechos a estas personas”, ha dicho ante los medios.
Asimismo, ha explicado que los procesados han rechazado la propuesta de conciliación de la Fiscalía porque consideran que “no pueden asumir hechos que no han cometido”. “Están convencidos de que el derecho al manifestarse es legítimo y tienen que defenderlo”, ha sentenciado.
La vista se reanudará el próximo lunes 2 de diciembre. En esa segunda parte del juicio tanto la fiscal como las defensas presentarán sus informes y calificaciones y los acusados tendrán derecho a formular su última palabra.
