José Luis Peñas sumaba a su sueldo como concejal del PP en Majadahonda (Madrid) unos ingresos extra gracias a sus negocios con la trama Gürtel. No le parecieron suficientes y decidió grabar a los cabecillas de la red que ahora juzga la Audiencia Nacional. Se convirtió en el delator que puso a los investigadores sobre la pista que ha desembocado en este proceso. Ahora, los abogados del resto de imputados tratan de anular esas grabaciones, la prueba principal del caso, en un último intento por tumbar el juicio de la primera época de la trama Gürtel.
Un ejército de abogados intenta desacreditar esa prueba y ha sido Miguel Durán el encargado de argumentar esta vía para frenar la causa. El abogado de Pablo Crespo, el exsecretario de Organización del PP de Galicia y considerado como el número dos de la trama, ha intervenido en primer lugar en el turno de los abogados defensores para plantear las cuestiones previas. Y ahí ha cargado contra las grabaciones.
Durán ha asegurado que las grabaciones -más de 20 horas- están manipuladas, y que Peñas hizo una selección previa para eliminar las partes que le perjudicaban. Pero no tuvo tiempo para borrar todos los fragmentos que le incriminaban, ha recordado el abogado. Para el delator de la trama, la Fiscalía pide 6 años y 5 meses por delitos de prevaricación, asociación ilícita o cohecho continuado. A la reclamación de Durán se han ido sumando buena parte del resto de los abogados defensores.
Son “absolutamente ilegítimas”, ha dicho Durán, que ha añadido que el primer instructor del caso, el exmagistrado Baltasar Garzón, no contrastó la veracidad de las grabaciones y no garantizó la cadena de custodia.
Tres acusados -Francisco Correa, el exeurodiputado del PP Ricardo Galeote y Luis Bárcenas- ya intentaron anular esa prueba y no lo consiguieron. Lo hicieron durante la fase de instrucción, a mediados de 2013, cuando pretendieron invalidar toda la causa agarrándose a la supuesta ilegalidad de las grabaciones. Alegaron que se obtuvieron “lesionando su derecho a la intimidad”.
El juez Pablo Ruz no lo vio así y en un auto desestimó esa maniobra argumentando que la ley no prohíbe grabar conversaciones entre particulares. Peñas las entregó “en cumplimiento de la obligación de denunciar delitos”, dijo el juez, quien también recordó a los acusados que las grabaciones no son el origen del caso, sino que lo fueron las propias manifestaciones de Peñas ante la justicia. Así, no se podía pretender anular la causa completa.
Durante la extensa exposición de Durán en esta primera sesión del juicio, el presidente de la sala, Ángel Hurtado, ha tenido que interrumpir al abogado en dos ocasiones. Durán, que es también tertuliano de Intereconomía, había comenzado a deslizar la idea de que las informaciones publicadas en los medios de comunicación podían tener un impacto en la imparcialidad de los magistrados.
“No siga por ahí”, le ha cortado el juez. Durán ha querido reformular sus argumentos, pero el juez le ha cortado de nuevo.
Ante el fracaso de Durán, otro abogado ha recogido el testigo para hacer mención a la posible parcialidad del tribunal. El abogado de Ricardo Galeote, Javier Gómez de Liaño -que ejerce la abogacía tras ser apartado de la judicatura por el delito de prevaricación-, ha hecho mención a la posible “parcialidad de uno de los miembros del tribunal”, un hecho que ha pedido que se tenga en cuenta si se presenta un recurso de casación contra la sentencia. Se refiere a José Ricardo de Para, al que su defendido y otros acusados intentaron apartar sin éxito del tribunal. “Ese punto lo dejamos”, ha dicho el juez Hurtado cortando al abogado.
Los imputados no quieren asistir a todas las sesiones
Muchos de los abogados defensores han planteado también al tribunal que exima a sus clientes de estas presentes en el juicio. Lo intentaron también algunos letrados de los acusados por las tarjetas black, pero la sala no accedió. “En el juicio hay que estar”, dijo entonces la magistrada Ángela Murillo, cuando el abogado de Gerardo Díaz-Ferrán le expuso que éste estaba en la cárcel y además enfermo.
La defensa de Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ ha aludido también a la enfermedad, en concreto a “dolencias médicas”, para excluirle de las sesiones de la vista que no le afecten personalmente. El resto de letrados ha empleado distintos argumentos para librar a sus defendidos de las próximas sesiones, en particular la necesidad de asistir durante el tiempo que se prolongue el proceso, que está previsto que continúe más allá de marzo de 2017.
Hay quien, como el abogado de Isabel Jordán, administradora de varias empresas de la trama, ha echado mano del resto de causas que afronta su cliente para que el tribunal entienda que no puede asistir a todas las sesiones. Si se la obliga a ello, y sumando las piezas separadas de Gürtel que aún tienen que juzgarse, el abogado de Jordán ha dicho que su clienta tendrá que estar “seis, siete u ocho años acudiendo día tras día a juicio”.
En principio, quedan dos sesiones más de cuestiones. Después, el tribunal que forman Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada tendrá que decidir sobre esta y otras cuestiones, como la petición que ha formulado la acusación popular ADADE (Asociación de Abogados Demócratas por Europa), y a la que se han sumado otros letrados, de que declare el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.