Las elecciones generales del próximo 28 de abril se llevarán por delante algunas de las promesas electorales socialistas en forma de leyes y de reformas. A punto de ser admitidas trámite, en pleno plazo de enmiendas o a punto de su votación final, reformas como la de la 'ley mordaza', la derogación de la LOMCE o el fin del voto rogado tendrán que esperar a una nueva legislatura. Decaerán automáticamente cuando se disuelvan las cortes el próximo 5 de marzo.
La reforma de la 'ley mordaza'
Una de las principales promesas del Gobierno de Pedro Sánchez, la de la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP, va a ser una de las iniciativas que no llegue a ningún puerto. La también denominada 'ley mordaza' obtuvo, desde su puesta en marcha, un rechazo frontal de partidos nacionalistas, Podemos y PSOE.
Para modificar o derogar la ley mordaza, se presentaron dos propuestas. Finalmente, el Congreso desbloqueó la reforma de la ley mordaza con la propuesta del PNV como base y dejó a un lado la del PSOE. Fue el pasado 18 de octubre cuando se constituyó la ponencia de trabajo que hubiera dado como resultado final un dictamen que hubiera sido sometido a votación en el pleno. Los grupos habían alcanzado algunos consensos en las últimas semanas que ahora no fructificarán.
La derogación del límite a los plazos de instrucción
El PSOE acaba la legislatura sin lograr la derogación del Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor en el año 2015 de la mano del Gobierno de Rajoy. En su día, la reforma conservadora contó con la oposición total de todas las asociaciones de jueces y fiscales y de gran parte de la oposición.
La reforma del PP incluyó una serie de plazos que tienen como objetivo limitar a seis meses la investigación de causas penales y a 18 meses –prorrogables a otros 18– aquellos casos declarados complejos.
Desde que la proposición de ley presentada por Unidos Podemos para derogar el artículo 324 fue admitida a trámite hasta hoy, la Mesa del Congreso controlada por PP y Ciudadanos ha ampliado el plazo de enmiendas más de 60 veces, haciendo imposible por tanto su aprobación final.
La reforma del Reglamento del Congreso
También se paraliza una proposición de reforma planteada por el grupo socialista que tenía como objetivo precisamente que los proyectos y las proposiciones de ley no se estancasen en la Mesa del Congreso al ampliarse una y otra vez los plazos de enmiendas.
La paradoja es que, desde comienzos de diciembre de 2018 hasta este momento, el plazo para presentar enmiendas a esta reforma se ha ampliado un total de siete veces.
Ley de protección a denunciantes de corrupción
Fue una promesa electoral de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, pero estos tres partidos han sido incapaces de aprobarla tras más de dos meses de negociaciones a las que el PP asistió impasible. El objetivo de la ley era establecer medidas que impidieran que aquellas personas que alerten a las autoridades de posibles casos de corrupción o irregularidades puedan ser perseguidos por aquellos a los que señalan, mediante despedidos, denuncias cruzadas o acoso laboral. Tras la convocatoria de elecciones se perderá buena parte del trabajo realizado hasta ahora.
Ampliación de la Ley de Justicia Universal
La reforma y ampliación de la Ley de Justicia Universal –herramienta jurídica que el PP dejó casi sin funcionalidad en el año 2014– fue otra de las grandes promesas del PSOE antes de su llegada al Gobierno y otra de las iniciativas que va a quedar sin resolverse. La modificación de los conservadores hace que sea casi imposible perseguir los delitos que se cometen en otros países.
Antes de ser reformado por primera vez, el Artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecía que los jueces españoles eran competentes “para conocer los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional” que estuviesen tipificados como delitos de derecho internacional según la ley española. Algunos de estos crímenes son, por ejemplo, tortura, crímenes de lesa humanidad o desapariciones forzadas.
En este caso, la reforma que se iba a llevar a cabo durante el Gobierno socialista se basaba en una proposición de ley firmada por ERC que tenía por objetivo eliminar el requisito de que el autor tenga que vivir en España y planteaba la posibilidad de que las acusaciones populares pudieran iniciar dichos procesos. La iniciativa, que fue admitida a trámite y se encontraba en fase de enmiendas en la Comisión de Justicia, salió adelante con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos y la abstención de Ciudadanos.
Voto rogado
Para los próximos comicios, los españoles que viven en el extranjero y quieran votar tendrán que solicitar (rogar) el voto aunque todos los partidos están de acuerdo en que este mecanismo no favorece a la participación.
La proposición de ley presentada por el grupo socialista y Unidos Podemos buscaba que los electores recibieran directamente toda la información electoral sin tener que hacer un trámite administrativo concreto para las elecciones. La idea era que dentro de esa documentación recibiesen también una papeleta en blanco en la que escribir la opción elegida y así reducir los trámites burocráticos, los desplazamientos y los tiempos.
Desde la entrada en vigor del voto rogado en el año 2011, la participación en las elecciones generales ha descendido de un 30% a un 5%.
Ley de Eutanasia
En junio de 2018, el Congreso admitió a trámite la proposición de ley socialista para regular la eutanasia. El texto buscaba impedir que se considere delito ayudar a morir a una persona. En la presentación, la diputada del PSOE Adriana Lastra pedía “respeto a personas cuya única perspectiva es sufrir. Son casos extremos por un pronóstico irreversible. Quieren decidir por sí mismos”. El texto pasó el primer filtro parlamentario para adentrarse en el proceso de comisión y enmiendas antes de perfilar un texto definitivo.
Ley de cambio climático
Ni siquiera ha pasado por el Consejo de Ministros. El primer borrador que se conoció incluía el fin de las matriculaciones de coches con cualquier combustible fósil en 2040, la obligación de que las gasolineras incluyan puntos de abastecimiento eléctrico o un horizonte para terminar con las prospecciones de hidrocarburos. En definitiva, un marco para asegurar la rebaja de emisiones de CO2 con el objetivo de atajar el calentamiento global del planeta.
Derogación de la LOMCE
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de reforma educativa de la LOMCE, que incluye restar peso a la Religión, incrementar el margen lingüístico de las comunidades, desincentivar la segregación por sexos o la flexibilidad del Bachillerato. Sin embargo, el texto se envía ahora al Congreso y su tramitación requiere de tres o cuatro meses: Sánchez disolverá las Cortes el 5 de marzo, así que no hay tiempo material para completarla. Sí hay plazo para que se apruebe el proyecto de Ley que revierte los recortes que el Ejecutivo del PP llevó a cabo en Educación, que se vota el próximo jueves. Esa norma tiene menos impacto que la ley que de facto derogaría la LOMCE, ya que muchas de las medidas que contempla ya se están aplicando desde las comunidades autónomas.
Memoria histórica
La reforma de la Ley de Memoria Histórica queda en el aire tras el adelanto electoral. La actualización buscaba mejorar el texto, aprobado en 2007, con medidas como la anulación de los juicios del franquismo, dotar al marco legal de un régimen sancionador y revisar la simbología fascista. La propuesta, además, daría a la ley perspectiva de género e inclusión de colectivos LGTBI, capacidad de inmersión en los currículos educativos o el liderazgo del Estado en los procesos de intervención en fosas comunes. Todo queda en el tintero.
La Ley de Universidades
Medidas importantes, como la nueva Ley de Universidades, el nuevo estatuto de personal investigador en formación o el plan de rescate de investigadores extranjeros, quedarán en suspenso. La nueva Ley de Universidades, anunciada el pasado mes de julio por el ministro Pedro Duque pretendía eliminar “rigideces burocráticas” y sacar adelante de un nuevo estatuto para el personal docente e investigador. Sin embargo, a pesar de que la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades aprobó una proposición no de ley para elaborar un nuevo estatuto “que garantice las condiciones de estabilidad y promoción del profesorado universitario”, la medida no va a llegar a tiempo.
También tiene un futuro incierto el nuevo estatuto de personal investigador en formación, que afecta a los investigadores que trabajan desarrollando su tesis doctoral en universidades y centros de investigación. El pasado miércoles, representantes sindicales aseguraron que el Secretario General de Universidades había confirmado que el nuevo estatuto estaba pendiente del informe del Consejo de Estado, último trámite antes de ser elevado a Consejo de Ministros. La propuesta formal del nuevo estatuto se presentó el pasado mes de septiembre y fue calificada por los sindicatos como un “notable y significativo avance”. Entre otras medidas, establecía un salario mínimo de 16.422 euros anuales, un importante aumento respecto al salario actual, que está por debajo de los 900 euros brutos mensuales.
Ley de Igualdad Laboral
El Congreso tenía en la recámara varias proposición de ley relacionadas con la igualdad laboral, la brecha salarial y la conciliación. El trámite de la Ley de Igualdad laboral comenzó en octubre, cuando el Congreso dio luz verde a un proyecto que incluía sanciones a las empresas que impidieran la conciliación, les obligaba a hacer una revisión de categorías profesionales y sesgos de género e instaba a que hubiera representación equilibrada en los consejos de administración a partir de 2023. Sin embargo, la norma estaba aún en sus trámites iniciales y quedaba aún un proceso largo que se preveía lleno de enmiendas de los grupos parlamentarios.
Ley LGTBI
Un compendio de medidas para luchar contra la homofobia, transfobia y bifobia en todos los ámbitos y que aún estaba debatiéndose. De hecho, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans (FELGTB), colectivo impulsor de la norma, consideraba que el debate se estaba produciendo con un retraso injustificado. Y es que la toma en consideración por parte del pleno data de septiembre de 2017, un trámite que contó con la abstención del PP.
También estaba en marcha la modificación de una ley de 2007 que obliga a las personas trans y no binarias a declararse enfermas para poder cambiar su nombre y sexo legal en los documentos oficiales. El Congreso avaló en noviembre de 2017 que estos requisitos médicos fueran eliminados y el derecho se ampliara a los menores de edad y extranjeros con residencia en España, excluidos actualmente. Ahora, sin embargo, quedará en el aire.
Reforma de la regla de gasto
El Gobierno no ha podido cumplir su promesa de suavizar la regla de gasto que atenazaba a ayuntamientos y comunidades autónomas. PP y Ciudadanos se han valido de su control de la Mesa del Congreso para bloquear la iniciativa legislativa que permitía a estas Administraciones Públicas emplear su superávit no solo en gastos de inversión sino también en la mejora de los servicios sociales, como había pretendido el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
También ha quedado bloqueada en la Mesa de la Cámara Baja la propuesta de eliminar la capacidad de veto del Senado sobre la senda del déficit y la deuda que recogía la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
La cotización de los autónomos
La subida anual de la cotización de los autónomos fue el centro de atención política durante días, por los ataques de PP y Ciudadanos al Gobierno sobre la repercusión que tendría el incremento del 22% del SMI en 2019. Las bases mínimas del Régimen General, en el que se congregan la mayoría de trabajadores, aumentan en la misma proporción que el salario mínimo. El Ejecutivo pactó con las organizaciones de autónomos que la base mínima de los trabajadores por cuenta propia solo se incrementara un 1,25% este año, pero esta limitada subida era solo temporal.
El Ejecutivo se comprometió a modificar este 2019 el sistema de cotización para que los autónomos contribuyeran en función de sus ingresos reales, ya que ahora tienen la posibilidad de elegir (y más del 85% cotiza por la mínima). Esta reforma queda descartada, ya que Trabajo ni siquiera ha enviado a los colectivos de autónomos su propuesta para su posterior negociación.
Nuevo sistema de prestaciones de desempleo asistencial
El nuevo modelo de protección por desempleo asistencial, para los trabajadores parados que hayan agotado o no tengan derecho a la prestación contributiva, también queda imposibilitada con la convocatoria de elecciones. El Ejecutivo asumió el compromiso de presentar un modelo que sustituyera el actual “en los primeros meses de 2019”, que debe ser negociado con los sindicatos, la patronal y las comunidades autónomas. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, reconoció a inicios de febrero que el Ministerio estaba todavía “iniciando los trabajos”. La fecha para culminarlos, apuntó, era como máximo el 30 de abril. Así, esta tarea pendiente del mandato de Rajoy será también casi con toda seguridad un deber pendiente del Ejecutivo de Sánchez.
La reforma laboral y de pensiones
Las dos principales apuestas de los sindicatos para esta legislatura, la modificación de la reforma laboral y de las pensiones del PP, se complican mucho (especialmente la segunda) con la disolución de las Cortes. Los ajustes en elementos clave de la reforma laboral ya no podrán hacerse como prefería el Gobierno, a través de una proposión de ley sobre subcontratación que se tramita en el Congreso, y la opción del decreto ley sigue siendo complicada. Aun así, el discurso del Ministerio de Trabajo es que “no renuncia” aún y que “seguirá trabajando” por si se puede sacar alguna medida adelante. En este caso, al menos hay preacuerdos ya cerrados con los sindicatos, pero respecto a las pensiones, sin acuerdo en el Pacto de Toledo y con conversaciones incipientes con los agentes sociales, las modificaciones parecen improbables.
Impuesto de transacciones financieras y tasa Google
Tanto el impuesto a las transacciones financieras como la tasa Google, una imposición a los servicios digitales, están condenados a desaparecer ya que se encontrarán en plena tramitación parlamentaria cuando se disuelvan las Cortes por la convocatoria de elecciones.El Gobierno tenía como objetivo utilizar los 2.000 millones de euros previstos de su recaudación para dedicarlos a financiar las pensiones públicas.
Retirada de concertinas
La retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla para sustituirlas por otro sistemas de control “sin medios cruentos”, uno de los primeros anuncios estrella del Gobierno, fue aprobada a mediados de enero en el Consejo de Ministros. Según confirman fuentes del Ministerio del Interior a eldiario.es, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tiene previsto iniciar la retirada de las cuchillas en la última semana de febrero o la primera de marzo, aunque la reforma estaba pensada para ser acometida a lo largo de 2019, por lo que su finalización dependerá del próximo Gobierno, apuntan estas mismas fuentes.
Reforma de los CIE
Junto a esta medida, también se aprobó un plan que recogía “la reforma, ampliación y rehabilitación” de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) existentes en Tenerife, Murcia, Las Palmas, Valencia, Barcelona, Madrid, Algeciras y su anexo en Tarifa. Esta medida también estaba contemplada para este año, por lo que el Gobierno tiene que aclarar aún si las obras se iniciarán o no a cabo antes de abandonar La Moncloa. El Consejo de ministros también aprobó la construcción de un nuevo centro en Algeciras que en este caso estaba prevista para 2020 y 2021.
El refuerzo de la oficina de asilo y el plan de integración
Desde que llegó al poder, el Gobierno se ha comprometido en varias ocasiones a reforzar la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) para agilizar la resolución de los expedientes de solicitudes de protección internacional, tras años de colapso en la tramitación de estas peticiones. En su fallido proyecto de presupuestos, preveía un aumento del 165%, hasta los 17 millones de euros, en el programa destinado a resolver las solicitudes de asilo, con el mayor incremento para la contratación de personal en la oficina. A finales de julio, lanzó una convocatoria de 231 plazas para nuevos funcionarios para reforzar el funcionamiento de este órgano que sigue adelante, pero la oposición está por desarrollarse, explican fuentes de Interior.
Pendiente queda también el nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, mientras el último data de 2011 y finalizó en 2014. Este jueves, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, planteaba la urgencia de aprobarlo “en el menor plazo posible” para que el próximo Gobierno “no tenga excusas para no desarrollarlo”.
Con información de Ana Requena, Rodrigo Ponce de León, Laura Olías, Icíar Gutiérrez, Raúl Rejón y Carlos del Castillo.Ana Requena, Rodrigo Ponce de León, Laura Olías, Icíar Gutiérrez, Raúl Rejón y Carlos del Castillo