El adelanto electoral es una carta que solo puede usar uno de los jugadores del tablero y que sirve para barajar y repartir una nueva mano. Los presidentes de gobierno en España tienen la potestad, personal e intransferible, de convocar elecciones casi cuando se les antoje y, bien utilizada, puede destrozar a la oposición y recomponer las filas propias, además de meter en problemas a los socios que, imprescindibles a veces, pueden llegar a ser molestos e incluso rivales. Pero un gran poder exige una gran responsabilidad. Y, sobre todo, no malgastarlo, porque es un recurso que se puede usar una única vez y nadie garantiza que el resultado sea siempre favorable. Lo habitual es que quien adelanta los comicios salga bien parado, para eso elige el momento, pero hay ejemplos bastante recientes que sirven de advertencia. Por eso hay que saber encontrar el momento adecuado para que no se vuelva contra uno mismo.
El último en disolver su parlamento y convocar elecciones ha sido Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, quien no ha necesitado más que la amenaza de una hipotética moción de censura en marzo para llamar a las urnas el 13 de febrero. Legalmente no tiene que justificarlo, pero siempre viene bien buscar una excusa y que, en la medida de lo posible, sea creíble. Porque un adelanto electoral implica movilizar a millones de personas para que vayan a votar sin haber terminado la labor que te habían encomendando y se corre el riesgo de dejar resquicios por los que se te puede colar quien ya creías amortizado.
Otro de los peligros, como se ha apreciado estos días en Castilla y León, es que la decisión se lea como una imposición externa, como un movimiento que conviene más a otro que a ti mismo. “Casado necesita tapar la victoria de Ayuso y por eso se inventa unas elecciones”, decía este jueves en una entrevista en ABC la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sobre el adelanto que Mañueco firmó a espaldas de una parte de sus consejeros, a los que había destituido minutos antes, y después de comprometerse con ella misma a no hacerlo 24 horas antes. Con la España Vaciada afilando sus opciones uno de los marcos de la campaña en Castilla y León será, precisamente, la acción interior de los gobiernos.
Pero la política está atravesada por vasos comunicantes y un adelanto electoral en un territorio puede quitar la presión sobre otro. Durante semanas se había especulado sobre la insistencia de Casado a Juan Manuel Moreno para que convocara elecciones en Andalucía a finales de 2021 o nada más comenzar 2022. Si ocurrió así o no es algo que solo pueden saber con certeza los protagonistas de la conversación, pero ya casi da igual. Mientras hace apenas un mes la convocatoria fue uno de los debates oficiosos del congreso del PP andaluz que reeligió a Moreno, cuando finalmente anuncie la cita con las urnas ya se habrá quitado de encima la etiqueta de hacerlo a las órdenes de un Casado deseoso de convertir el efecto Ayuso en un efecto PP que le impulse a la Moncloa.
Otra prueba de que el control de los tiempos es fundamental en política. Como lo fue en el éxito que logró Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del pasado 4 de mayo. Una convocatoria que salió adelante apenas por minutos. Literalmente, el panorama político español de este año y de los venideros serían muy diferentes por apenas media hora larga.
El PSOE y Ciudadanos presentaron una doble moción de censura en Murcia poco después de las nueve de la mañana del 10 de marzo de este 2021. Una hora después comenzó el Consejo de Gobierno en Madrid, durante el cual Ayuso anunció a sus socios la disolución de la Asamblea y la convocatoria electoral. Adujo que ella podía ser el siguiente objetivo de una supuesta entente estatal entre ambos partidos para descabalgar todos los gobiernos autonómicos del PP que pudieran. Un movimiento, precisamente en Castilla y León, pareció darle en parte la razón: el PSOE registró una iniciativa para echar a Mañueco, aunque sin la colaboración de Ciudadanos, que no la apoyó.
La presidenta firmó el decreto de disolución de la Asamblea a las 12.25. Más Madrid registró una moción de censura a las 13.04 para intentar cortocircuitar la iniciativa porque ambas son incompatibles y la una impide a la otra. Pero llegaron 39 minutos tarde. El PSOE de Madrid lo hizo incluso después. Queda todavía por explicar por qué no la tenían preparada para evitar así la convocatoria electoral.
Ayuso partía de una mala posición. En 2019 el PP perdió las elecciones autonómicas en Madrid por primera vez desde 1995. Ángel Gabilondo se impuso con cinco puntos de ventaja y logró siete diputados más. Pero la suma con Ciudadanos y el apoyo externo de la ultraderecha le dio la mayoría necesaria para ser investida presidenta. La salud de la coalición fue mala desde el principio, pero la gestión de la pandemia terminó de enfrentar a las dos fuerzas. La dimisión en octubre de 2020 del consejero de Asuntos Sociales, que acusó al PP de haber impuesto un protocolo que impidió derivar a hospitales a los ancianos de las residencias, fue el mejor ejemplo de lo que ocurría en el Consejo de Gobierno.
Para entonces la figura política de Ayuso estaba ya en ascenso, y llegó a marzo de 2021 convencida de que tenía mucho más que ganar que perder en las urnas. Y acertó: recuperó la primera posición en las urnas, fagocitó a Ciudadanos hasta hacerlos desaparecer de la Asamblea, mantuvo a Vox en unos números que les ha impedido hacer muchas exigencias al nuevo Gobierno y propició la salida que esperaba Pablo Iglesias, quien dimitió en la misma noche de salida por los resultados insuficientes del bloque progresista, lo que permite a Ayuso presumir de haber ayudado al final político del fundador de Podemos.
Este es el guion que quiere repetir Mañueco, aunque está por ver que le salga igual. El ya presidente en funciones de la Junta de Castilla y León puede repasar la hemeroteca reciente para comprobar que no siempre es una buena idea. Es lo que debe de pensar Susana Díaz. La hoy senadora presidía la Junta de Andalucía en 2018 tras cuatro décadas de poder omnipresente del PSOE y decidió convocar las urnas unos meses antes de lo que le tocaba, con la intención de separarse del resto de comicios previstos para 2019.
Las relaciones de Díaz con Pedro Sánchez eran muy malas y la cúpula del PSOE andaluz pensaba que cuanto menos se relacionara a su lideresa con el presidente del Gobierno central, mucho mejor para sus expectativas. Nada más lejos de la realidad. Aunque el 2 de diciembre de 2018 ganó las elecciones, Díaz se dejó por el camino 14 diputados. Los 17 de Adelante Andalucía no sumaban la mayoría absoluta con los 33 del PSOE.
Las tres derechas sí alcanzaron los 55 escaños necesarios para gobernar. El PP logró conquistar el bastión más fiel del PSOE, el granero de votos socialista, tal y como se pudo comprobar en las inmediatas elecciones generales de abril de 2019. En Andalucía, Díaz ganó a Moreno por siete puntos; Sánchez a Casado, por 17, duplicando su resultado. En noviembre el PP mejoró algo, pero aún así la diferencia fue de 12 puntos. Fue el final político de quien llegó a aspirar a la Secretaría General del PSOE apenas un año antes.
El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, también adelantó ese mismo año sus elecciones. Pero, a diferencia de Díaz, lo hizo apenas un mes y para que coincidieran con las generales. El PSPV repitió victoria y pudo reeditar el Govern con Compromís y Unidas Podemos. Sus propios aliados criticaron un movimiento que entendían que lastraba sus opciones precisamente al unirlas a la convocatoria de Pedro Sánchez.
Esos comicios de abril de 2019 también fueron fruto de una disolución parlamentaria anticipada. El Gobierno, por entonces monocolor, no logró el apoyo de ERC a sus primeros Presupuestos Generales y decidió dar por finiquitada la legislatura. Pedro Sánchez anunció que convocaba a los españoles a las urnas pocos días después de la icónica foto de Colón, que reunió a toda la derecha política y social para protestar contra el fin de la supuesta negociación con los independentistas catalanes. Allí estaba en primera fila Santiago Abascal.
La concentración en la céntrica plaza de Madrid fue el día 10 de febrero, los Presupuestos decayeron el 13 y Sánchez convocó el 15. El hilo conductor de aquella campaña fue la irrupción de Vox en el panorama político y la influencia discursiva de la ultraderecha desde que se convirtió en imprescindible para sostener el Gobierno andaluz, como se había apreciado en Colón. El PSOE ganó de largo las elecciones, casi duplicó en diputados al PP y la suma con Unidas Podemos les dejaba apenas a 10 escaños de la mayoría absoluta. Pero fue necesaria una segunda vuelta, en noviembre, para que Sánchez se diera por vencido y aceptara, casi cuatro años después, un Gobierno de coalición con Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno.
Los adelantos electorales pueden salir bien, salir mal. O dejarlo todo más o menos como estaba, pero al revés y con la ciudadanía agotada. Es el caso de Catalunya, cuyos habitantes han acudido a las urnas antes de tiempo en todas las convocatorias posteriores a 2010. Ocurrió en 2012, 2015, 2017 y 2021. Las elecciones de 2017, además, fueron convocadas por el Gobierno central, después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la toma del control de la Generalitat tras el referéndum del 1-O y la efímera declaración unilateral de independencia.
Pese al continuo baile de candidatos y siglas; pese a la irrupción de Podemos, el subidón de Ciudadanos o la llegada de Vox; pese a la inédita unidad de acción del independentismo, y a su posterior ruptura; pese a la irrupción del Estado, el desembarco de policías y guardias civiles, la judicialización y el encarcelamiento de los líderes secesionistas, o su huida. Pese a todo esto, el panorama electoral permanece similar desde el inicio del llamado procés: hay una mayoría independentista en el Parlament y solo cambian las caras y el orden de prelación.
En 2015 ganó Junts pel sí, una coalición de Convergencia y ERC, que con las CUP sumaban una amplia mayoría absoluta que, eso sí, tardó siete meses en lograr un acuerdo de investidura. En 2017, con una participación del 79%, el triunfo fue para Ciudadanos, pero solo porque el independentismo acudió por separado. Otra vez tres partidos (el nuevo JxC, ERC y la CUP) reunían la mayoría absoluta del Parlament. Y el pasado mes de febrero, tras la inhabilitación de Quim Torra, fue el PSC quien se impuso, esta vez con una participación mínima, de apenas el 51%. Pero, otra vez, el independentismo sumó lo suficiente, aunque con ERC por primera vez a la cabeza del bloque. El terremoto llegó en las derechas: Ciudadanos se desfondó, el PP se hundió hasta el último puesto y Vox irrumpió, pero sin compensar las pérdidas de los anteriores.
El adelanto electoral, así, no es una ciencia segura, y posiblemente no hay un manual de instrucciones para su aplicación. Depende de factores endógenos, y que por tanto pueden ser más o menos controlables, pero también influyen los exógenos. En el inminente caso de Castilla y León uno de los condicionantes será la estatalización de la convocatoria. Es decir, si Mañueco logrará mantener las elecciones como un asunto propio, ajeno a la coyuntura general; o si adquirirán una mayor relevancia de implicaciones generales. Si los líderes nacionales se implicarán y cuánto, y cómo condicionará su presencia el devenir de la campaña.
El 13 de febrero de 2022 marcará el inicio de otro apretado ciclo electoral. Su resultado será determinante para el reparto de poder en España. Y todo depende, en última instancia, de la voluntad política (y los intereses) de una sola persona.
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