Solo uno de cada dos ciudadanos está satisfecho con el funcionamiento de la Administración. Esta es una de las conclusiones del último informe sobre la calidad de los servicios públicos, realizado por la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad (AEVAL) creada en 2006 para mejorar la eficacia de la Administración.
Según la encuesta realizada a 2.480 personas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), después de tres años de tendencia al alza en la valoración del ciudadano hacia los servicios públicos, el primer año de gestión completa del Gobierno del Partido Popular ha cercenado esta mejora. Así, tras el pico de valoración de 2011, con un 63% de usuarios satisfechos, el año pasado la proporción bajó por debajo del 50%.
Además, casi el 40% de los encuestados considera que el funcionamiento de los servicios públicos en general es peor o mucho peor que en 2007, a las puertas de la crisis. Una cifra superior a los que creen que han mejorado o que permanecen igual, cercana al 30% en cada una de las opciones.
Por otra parte, un 18% de los ciudadanos encuestados aseguró haber presentado una reclamación en 2012, el año en el que se produjeron los mayores recortes a las políticas del bienestar. No obstante, solo la mitad obtuvo respuesta en el plazo de 20 días establecido por la ley. Así, del 82% que no se quejaron, el 30% considera que habría tenido motivos para hacerlo. Sin embargo, según recoge el informe, estos ciudadanos desconocían el procedimiento a seguir o consideraban que los trámites entrañaban una gran dificultad. No en vano, uno de cada tres ciudadanos consideran que la sencillez de los procedimientos administrativos ha empeorado en los últimos cinco años.
Por sectores, el que menos contenta a los ciudadanos es el de Justicia, que despertó un gran recelo con la entrada en vigor, a finales del pasado año, de la ley de tasas. Más del 75% está poco o nada satisfecho con los tribunales. En el otro extremo se encuentra la atención en los centros de salud y hospitales públicos, que satisface mucho o bastante a más del 60% de los encuestados y que, pese a descender desde 2011, anota la tercer mejora marca de la serie histórica desde 1994.
En cuanto al funcionamiento de la enseñanza pública, el aumento del descontento en el último año es reseñable. Prueba de ello han sido las movilizaciones ciudadanas, conocidas como marea verde, en defensa de una enseñanza pública de calidad. En 2009 la satisfacción por la docencia pública comenzó a mejorar hasta que en 2011 los ciudadanos se declaraban bastante o muy satisfechos con el trato en las aulas. Sin embargo, en 2012 esta cifra se ha reducido hasta el punto de que solo uno de cada dos usuarios de la enseñanza pública están contentos con el servicio. Precisamente, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha sido el peor valorado, con un 1,58 en el último barómetro del CIS.
La encuesta de AEVAL se realizó el pasado verano, mediante entrevistas personales llevadas a cabo por toda España a residentes mayores de 18 años de todas las tendencias políticas. Su objetivo, señala el informe, es “rendir cuentas” a la ciudadanía sobre los servicios y disponer de información que permita mejorar la labor de las Administraciones según los baremos que la población considera más importantes.