Aguirre asegura que con la legislación actual la huelga general debería estar prohibida por su “carácter político”

“El carácter político de las huelgas generales creo que está fuera de toda duda, y, con la legislación hoy vigente, deberían estar prohibidas”, ha señalado Aguirre, quien ha hecho referencia al artículo 11 de un Real Decreto de 1977 por el que se rigen las huelgas en estos momentos.

Este reza, según señala Aguirre, que cuando “se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”, la huelga es “ilegal”, ha explicado.

“Creo que, para la inmensa mayoría de los ciudadanos y, desde luego, para los convocantes, la huelga general del próximo día 14 está inmersa en el párrafo a) de este artículo, porque todos ellos saben que la finalidad de esa huelga, como pasará con todas las huelgas generales que se convoquen aquí o en Lima, es política”, ha dicho.

Y, a su juicio, es política porque “lo que se pretende con la huelga general es que el Gobierno, legitimado para dirigir la política económica de la Nación, cambie esa política en la línea que le marcan los convocantes”, quienes, ha añadido, “pueden hacer públicas sus aspiraciones y sus pretensiones pero que, en ningún caso, están legitimados para dictar la política económica de la Nación”.

“Es decir, los convocantes de la huelga general del próximo día 14 están haciendo un uso torticero del derecho de huelga porque es indisimulable su carácter político, es decir, su pretensión de doblar el brazo a un gobierno democrático y legítimo”, ha sostenido la presidenta del PP madrileño.

En su opinión, la huelga general “se convoca exclusivamente contra el Gobierno, que tiene que responder ante la Nación representada en el Parlamento, pero no ante los sindicatos ni ante la patronal”. “Y hay que recordar que el Gobierno tiene unos compromisos con los ciudadanos, en forma de programa electoral, que tiene que cumplir”, ha sostenido.

En este sentido, en la “hora actual”, el “primer compromiso” del Gobierno central “es embridar el caos económico heredado” por “muchos esfuerzos que nos cueste a todos”. “De manera que, si el Gobierno cediera ante la presión de los sindicatos, estaría incumpliendo su principal compromiso con la Nación y estaría obedeciendo al dictado de unos señores, todo lo respetables que se quiera pero sin legitimidad para hablar en nombre del conjunto de los españoles, que sí hablaron en las urnas con una claridad meridiana hace justo un año”, ha concluido.