Aguirre se libra de ser juzgada por la corrupción del PP donde han caído todos sus colaboradores

Esperanza Aguirre quedó el pasado viernes a un solo salto de atravesar la charca judicial en la que se ha convertido la década que estuvo al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Si la Sala de lo Penal confirma la decisión del juez Manuel García Castellón de archivar contra ella el caso de la caja B del PP madrileño, Aguirre se deshará de su último problema en los tribunales. Al girarse, la expresidenta divisará las “ranas” sobre cuyas cabezas ha ido saltando hasta alcanzar la otra orilla, mientras que éstas, sus máximos colaboradores, van acariciando el fondo donde se sitúa el banquillo de los acusados. 

“He nombrado más de 500 altos cargos y tan solo dos me han salido rana”, dijo Aguirre ante una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid en febrero de 2016. En aquel entonces, la frase ya tenía visos de ser inexacta. Ella se refería a su vicepresidente y sustituto, Ignacio González, y al que fuera secretario general del partido con ella, Francisco Granados. Ya entonces imputado, Alberto López Viejo, viceconsejero de Presidencia, fue condenado en 2018 a 31 años por la trama Gürtel.

El auto conocido este viernes defiende que la instrucción del caso de la caja B no ha permitido demostrar que Esperanza Aguirre supiera que su promoción personal en Internet se pagara con fondos públicos, ni que los empresarios sufragaran con dinero negro las campañas de las elecciones que ella ganaba de calle, ni que el sistema de contratación de la publicidad se cambiara radicalmente para que dependiera directamente de Isabel Gallego, la periodista y sombra de Esperanza Aguirre todos aquellos años.

Y mientras García Castellón, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción –que no la fiscales del caso–, exonera a Esperanza Aguirre, en el mismo auto se sitúan al tiempo las responsabilidades de la pieza 9 del caso Púnica más cerca todavía de la presidenta. Ocurre con la directora general de Medios, la citada Isabel Gallego. El juez utiliza el doble de espacio para describir los indicios contra ella que los que emplea para exculpar a la expresidenta madrileña.

La responsable de manejar las generosas partidas con las que el PP madrileño lleva más de dos décadas regando de publicidad institucional a los medios de la derecha, algunos de ellos irrelevantes por su audiencia, tendrá que responder por prevaricación, tráfico de influencias y malversación. A Gallego, relata el juez, la sorprendieron en los pinchazos telefónicos acordando con el gurú informático Alejandro de Pedro cómo debía cobrar de empresas públicas el enjuague digital que hacía de los miembros del Gobierno de la Comunidad, incluida Aguirre.

“Tras la instrucción llevada a cabo, no ha podido acreditarse que la misma [Esperanza Aguirre] tuviese conocimiento, ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”, escribe García Castellón, lo que equivale a que Gallego habría ideado todo un sistema de promoción de su presidenta en el despacho contiguo, pero a espaldas de ella. Por ella, pero sin ella.

Granados, la mano derecha que repite

Esta investigación también concluye que Francisco Granados participó del sistema de financiación irregular del PP madrileño. En este caso por dirigir, entre otros, la campaña electoral de mayo de 2011 en la que Aguirre ganó por mayoría absoluta. Sin más detalle, el juez concluye en el auto de procesamiento que Granados “resultó clave para la introducción de Alejandro de Pedro Llorca en el ámbito del Partido Popular autonómica (…), inicialmente en el estricto ámbito electoral y posteriormente respecto a los trabajos de reputación”.

Quien tampoco se libra del banquillo, como en una repetición del caso de la caja B del PP nacional, es el gerente del partido regional, Beltrán Gutiérrez. La defensa de Aguirre calcó la estrategia de la dirección nacional de su partido para desentenderse de lo que hicieran los responsables de las finanzas de la formación que ella presidía: los estatutos del partido los hacen ajenos a cualquier directriz política, entes autónomos que no responden ante ningún cargo de la formación. Se da la circunstancia de que Aguirre es la única de las tres personas autorizadas en la cuenta del PP madrileño que se menciona al principio del apartado que el juez dedica a cada uno de ellos.