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Esto no va de siglas, ni de colores, ni siquiera de antisanchismo. La declaración de guerra es generalizada y es de todos los alcaldes de España contra el Gobierno, pero el choque lo encabezan, contra todo pronóstico, los socialistas, entre ellos algunos de los más leales al proyecto de Pedro Sánchez. El motivo: la negativa del Ministerio de Hacienda a que los municipios puedan disponer de sus ahorros para hacer frente al gasto social derivado de la crisis de la COVID-19. En total, 20.000 millones no gastados en los últimos años y otros 8.000 de superávit.
En el centro de la diana está la ministra María Jesús Montero, pero el debate ya lo ha librado personalmente el propio Pedro Sánchez en la última reunión de la Ejecutiva del PSOE, donde llegó a acusar a los suyos de “insolidaridad” con el Gobierno y de abrir la polémica en un marco y en un contexto inadecuado. Sus palabras iban dirigidas los alcaldes de Valladolid y de Vigo, Óscar Puente y Abel Caballero, respectivamente. Ambos avisaron del riesgo de despertar al durmiente municipalismo ante la ausencia de una solución que alivie su asfixia económica por parte de la titular de Hacienda, que invoca una regla de gasto aprobada por el PP, que abanderó Cristóbal Montoro y que, casualmente, Sánchez se comprometió a derogar cuando llegara al Gobierno.
Los alcaldes de todos los partidos, aglutinados a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), claman contra la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local aprobada por Cristóbal Montoro en 2012 y que obliga a los ayuntamientos a dedicar su superávit con carácter general a amortizar la deuda, impide el endeudamiento y limita la capacidad de gasto de los ayuntamientos a pesar de que tengan superávit. Hacienda ha ido aprobando excepciones -una de las últimas fue la posibilidad de invertir 300 millones en gasto social durante la pandemia- y fuentes del departamento aseguran que ahora se está estudiando “ampliar el catálogo” de cuestiones a las que las corporaciones locales puedan dedicar su ahorro. Los regidores, a través de la FEMP, plantean poder hacer “uso íntegro” de los remanentes de ahorro. “Queremos utilizar esos recursos en su totalidad porque son los ahorros de cada municipio y provincia, de los ciudadanos de cada municipio y provincia y han de utilizarse en su ámbito”, expresó Caballero.
La polémica no ha hecho más que empezar porque a la posición de Caballero y de Puente, que anteponen los intereses de sus vecinos a los de partido, se han sumado también la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón y el de Ibiza, Rafael Ruiz. Este último se ha mostrado tan crítico como “decepcionado” con el Gobierno de Sánchez por encorsetar a los ayuntamientos con la regla de gasto y la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impulsó el exministro de Hacienda de Mariano Rajoy.
En la misma línea y en conversación con este diario, el primer edil de Mérida, Antonio Osuna -también del PSOE-, no se explica que el Ejecutivo “pretenda afrontar un acuerdo de reconstrucción de país dejando al margen a los ayuntamientos”. En su narrativa, el extremeño incluye, además, lo que entiende por un agravio al municipalismo respecto a las comunidades autónomas: “Nosotros subimos los impuestos y las tasas en enero a nuestros vecinos para hacer frente a los gastos y ante la imposibilidad de echar mano del ahorro y, ahora, el Gobierno destina un fondo no reembolsable a las Autonomías de 16.000 millones, que las permite, como en el caso de Madrid, bajar la fiscalidad en sus territorios”. Dicho de otro modo: “Nosotros pagamos los servicios, después de aumentar las tasas en los ayuntamientos, nos incautan el dinero y, luego, se lo dan a las Comunidades”.
El alcalde de Valladolid fue el primero hace semanas en plantear en el seno del PSOE como miembro de la dirección de las consecuencias de la negativa de Hacienda a atender la posición de los ayuntamientos. Y, ante la ausencia de una propuesta satisfactoria para los municipios, la semana pasada se declaró públicamente “ninguneado” por el Gobierno y “harto” de la actitud de la titular de Hacienda, a quienes varios alcaldes socialistas acusan de un “exceso de soberbia” durante la negociación abierta con ellos.
Además de los socialistas, varios alcaldes del PP, como el de Madrid, se han sumado a la ofensiva contra Hacienda. José Luis Martínez Almeida ha salido en defensa de sus homólogos a través de unas declaraciones que colgó en un vídeo de su cuenta de Twitter: “Señor Sánchez, permítame que insista. Coincido plenamente con los alcaldes de Valladolid y Vigo y lo que han manifestado ante la dirección del PSOE sobre la imperiosa necesidad que tenemos los ayuntamientos para contar con una financiación adecuada. No creo que nadie pueda acusarlos de buscar la confrontación, el enfrentamiento y la bronca cuando le dicen al presidente del Gobierno que no podemos esperar ni un día más para afrontar la crisis social”. Almeida, que habló de unanimidad y frente común de todos los alcaldes de España y de “insensibilidad” por parte del Gobierno, evitó hacer suya la consigna del PP, que a través de su cuenta de la misma red social, llegó a acusar a Montero de “adueñarse de los ahorros de los ayuntamientos para que los gasten Sánchez e Iglesias como crean conveniente”.
Hacienda, que defiende que los ayuntamientos deben aportar sus recursos al gran pacto de reconstrucción, sostiene que su voluntad es que puedan disponer solo de una parte del ahorro, pero la última propuesta que han trasladado a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) no ha convencido a la junta de gobierno, ya que establece que un tercio del remanente se utilice para la compra de material relacionado con la COVID y la contratación de servicios y personal contra la pandemia y de ese tercio, un siete por ciento se destine a la compra de vehículos híbridos para los consistorios. Una imposición con la que varios alcaldes consideran que el Gobierno pretende que sean los ayuntamientos quienes paguen de sus recursos el “rescate al sector del automóvil”. Los otros dos tercios de los 28.000 millones irían con cargo a endeudamiento y a devolver en 10 años.
De la reunión del órgano de gobierno de la FEMP salió la conclusión de dar vía libre al presidente, Abel Caballero, para continuar la negociación con Hacienda. Caballero intentó rebajar la tensión al asegurar que “por fin se hable de los remanentes, algo por cierto de lo que no podíamos hablar con un Ejecutivo desde el año 2012”. Ahora bien, en la declaración aprobada por el organismo, advertía de que enmendará el proyecto de ley del ingreso mínimo vital para que se garanticen recursos a los consistorios para cubrir los costes derivados de la gestión de la medida. Horas antes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero había asegurado que se estaba “trabajando” con la institución para para coordinarse y “que el dinero público se emplee de la mejor manera posible”. Fuentes del Ejecutivo explicaban que se estaba buscando la fórmula para que los ayuntamientos pudieran gastar el superávit sin incurrir en déficit, algo que la ley impide a las corporaciones locales.
Los populares, por su parte, defienden la puesta en marcha de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales, así como la creación de fondos específicos para aumentar las ayudas de alimentación o el pago de la luz y el agua de las familias vulnerables.
Además de socialistas y populares, apenas un centenar de alcaldes de IU firmaron hace unas semanas una carta a la ministra de Hacienda pidiendo la suspensión de la llamada regla de gasto hasta que pase la pandemia y se pueda regular por ley una nueva financiación local. Unidas Podemos también ha pedido lo mismo en una proposición no de ley registrada en el Congreso. En el Gobierno preocupa sobremanera la herida abierta en el PSOE a cuenta de esta polémica, más cuando las críticas llegan sobre todo de los alcaldes más afines a Pedro Sánchez. Y más a corto, la inquietud es mayor ante la moción impulsada por el PRC que este miércoles votará la Cámara Alta para exigir que los ayuntamientos puedan gastar progresivamente el total de su remanente, y que podría, además de dividir a los socialistas, salir adelante con el voto de varios socios parlamentarios del Gobierno.
La situación revuelve a regidores de todos los colores desde hace semanas y amenaza con convertirse en un problema para el Gobierno, que en su acuerdo con Bildu a a cambio de la abstención en la quinta prórroga del estado de alarma aceptó que los “gastos en políticas sociales serán exceptuados del cómputo de la regla de gasto” que suponía la suspensión en España parte de las reglas fiscales en el contexto de la pandemia. Para entonces ya siete alcaldes de las principales ciudades se lo habían pedido por carta a Montero. Las advertencias no han cesado y el enfado ha ido en aumento.