Tiempo de campaña, tiempo de eslóganes. Entre las sempiternas promesas para las elecciones irrumpe con fuerza la palabra transparencia. En un acto de enarbolar más que nadie esta nueva bandera, los candidatos prometen publicar cada uno de los cafés que se tomen en su alcaldía.
Algunos de los que pretenden revalidar su cargo se han olvidado sin embargo de aplicar la transparencia más fundamental: 336 alcaldes se han saltado la ley a lo largo de toda su legislatura al no entregar sus presupuestos municipales de 2011, 2012 y 2013 al Tribunal de Cuentas, según la información que publica el organismo en su página web. Un mandato que está destinado a renovarse o morir el próximo 24 de mayo, día en el que vecinos de 8.117 municipios están convocados para elegir a su nuevo, o no tan nuevo, alcalde o alcaldesa.
Es el caso de El Puerto de Santa María (Cádiz, PP), gobernado por el pluriempleado Alfonso Candón –no es el único, como veremos unas líneas más adelante- y con más de 88.000 habitantes; Los Palacios y Villafranca (Sevilla, IU), con Juan Manuel Valle como alcalde de 38.000 vecinos; o Barbate (Cádiz, PSOE), con una población de 22.800 personas y gestionado por Rafael Quirós.
Responsables de 336 ayuntamientos con distinto color político han incumplido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales año tras año –en vigor desde el 1 de enero de 2004–, que exige a los consistorios entregar sus cuentas para su fiscalización y, en definitiva, para garantizar una adecuada transparencia económica y financiera. En unas semanas 249 de ellos se presentan a la reelección. Otros 31 regidores también van en listas aunque en algunas posiciones por debajo, como apoyo de sus compañeros de formación.
Veteranos y noveles
Alfonso Candón Adán, involucrado en la política de El Puerto de Santa María desde 2002 como concejal, es uno de los que se presentan a la reelección. Éste simultaneó su tenencia de alcaldía con un puesto en la diputación provincial de Cádiz, para después ser diputado por el Partido Popular en el Congreso. A día de hoy, tras la renuncia de su predecesor en el consistorio, Candón compagina su actividad en la Cámara Baja –tres comisiones parlamentarias incluidas– con su rol como alcalde y varios puestos orgánicos en el PP. El veterano Jesús Andrés Sédano, alcalde de Toro (Zamora) desde 1999, consejero general en Caja España-Duero y senador por Castilla y León desde 2004; o Inmaculada Hernández, alcaldesa de La Zubia y diputada provincial de Granada; son otros de los regidores pluriempleados, los tres populares, que no entregaron sus cuentas y piden de nuevo el voto.
Andalucía y Castilla y León son las comunidades autónomas que ostentan el dudoso mérito a la opacidad en los gastos e ingresos públicos. Ambas aúnan a casi el 74% de los consistorios que han incumplido su obligación de informar, justificar y responsabilizarse de su actividad económica. Zamora y Granada son las provincias con más ayuntamientos (37 y 30, respectivamente) que no aún no han informado al Tribunal de Cuentas de su situación financiera y patrimonial desde 2011. Cádiz, Sevilla y Málaga tienen en esta lista los consistorios con más vecinos a los que rendir sus cuentas.
#Bonilla cumple o no
Con la campaña en ciernes, el paradigma de los eslóganes electorales desatinados se lo lleva el alcalde de la tercera ciudad malagueña (con más de 77.800 habitantes) y segunda entidad local de este listado de consistorios opacos. Francisco Ignacio Delgado Bonilla, regidor del Partido Popular de Vélez-Málaga, asevera a golpe de hashtag que #BonillaCumple. Parece ser que no es así, al menos con su obligación como gestor de fondos públicos. Un deber, regulado en los artículos 208, 209, 210 y 211 de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), que consiste en entregar la cuenta de resultados económicos y patrimoniales, el balance de situación, la ejecución presupuestaria y la memoria de cuentas de municipios y empresas municipales al organismo fiscalizador.
El Tribunal de Cuentas ya ha dado un tirón de orejas a las entidades locales que no entregaron sus cuentas generales. De hecho, recomendaba en su Informe de Fiscalización del Sector Público Local del ejercicio 2012 (publicado en el BOE el pasado mes de marzo) excluir de las ayudas y subvenciones a las administraciones que no cumplieran con la ley.
El reproche del máximo organismo de control externo de las administraciones públicas se extiende también a los retrasos en las entregas. El Tribunal pedía una uniformización de los plazos, diferentes en cada comunidad. Aquellas entidades locales que no son auditadas por una sindicatura autonómica de cuentas deben presentarlas antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente ante el órgano competente a nivel nacional.
El descuido de las obligaciones como cuentadantes no es sólo cosa del Partido Popular. Si bien es cierto que más del 54,7% de los que no rindieron sus cuentas en toda su legislatura son gobiernos populares, esto es un reflejo del resultado de las elecciones municipales de 2011.
El partido socialista, que cuenta con 111 de las alcaldías que se saltaron la ley –como Santa Fe (Granada), Pilas (Sevilla) o Sacedón (Guadalajara)–, e Izquierda Unida –que preside 18 ayuntamientos, entre los que están Medina-Sidonia (Cádiz), Archidona (Málaga) y La Rambla (Córdoba), entre otros– no están exentos de culpa. El resto de consistorios de esta lista, un total de 23, están controlados por agrupaciones independientes o partidos regionalistas, como el caso de Ogíjares (Granada). Francisco Plata, que abandonó el Partido Popular para ser cabeza de lista, accedió a la alcaldía de este municipio de 13.681 habitantes tras crear Alternativa Popular por Ogíjares.
Las comunidades sin agujeros negros contables, con ayuntamientos que entregaron al menos las cuentas generales de un ejercicio de esta legislatura, son las Islas Canarias, Cantabria, Cataluña, el Principado de Asturias, Galicia, Baleares y la Comunidad de Madrid.
El portal del Tribunal no incluye la información de Navarra y País Vasco, que por sus regímenes forales tienen instrucciones de contabilidad propias. Tampoco se publican en rendiciondecuentas.es los datos de Ceuta y Melilla que, como ciudades autónomas, tienen competencias mayores que las entidades locales registradas por esta página web.
En unos días arranca oficialmente la campaña. Los alcaldes de la próxima legislatura, además de cumplir con el Tribunal de Cuentas, tendrán que desarrollar la aplicación de la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno en sus consistorios. En vigor a partir del 10 de diciembre de 2015 para las entidades locales, la norma exige publicar de forma activa presupuestos, contratos, convenios, subvenciones e informes económicos.
En estas elecciones municipales, los ciudadanos de estos 336 municipios deberán decidir si renovar o retirar su confianza a los alcaldes que transgredieron la transparencia económica básica exigida por ley.