La Comisión de Investigación sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso abierta en el Ayuntamiento de Madrid entra esta semana en su recta final, con todos los focos puestos en el próximo lunes 9 de mayo. Ese día están llamados a comparecer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y varios cargos de su equipo. Pero la inesperada petición de Ángel Carromero de declarar ese mismo día por la tarde, es decir, después del alcalde que está citado por la mañana, ha provocado un gran nerviosismo en el PP, que quiere que el broche final a los trabajos de este órgano lo ponga el regidor con su versión y no el que fue su asesor.
El temor a lo que pueda decir ahora Carromero, que sigue jugando al ratón y al gato con el propio alcalde, inquieta al equipo de Gobierno, ya que los motivos de su cese forzado tras el estallido del escándalo nunca han sido explicados. De ahí que el pasado viernes los populares pusieran todo tipo de trabas durante la reunión de la Junta de Portavoces para que el excoordinador de la alcaldía acuda a esa última sesión, que pondrá fin a los trabajos de la comisión. Desde el PP alegaron que “no hay precedentes” de que se vuelva a llamar a los comparecientes e intentarán forzar que Carromero declare en tal caso antes que Almeida.
Los portavoces de Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto se han puesto en alerta ante la posibilidad de que los de Almeida intenten frustrar al final su comparecencia, para lo que tendrían que contar con el apoyo de Ciudadanos, su socio de Gobierno, algo que tampoco sería de extrañar habida cuenta de los cambios de criterio que ha demostrado estos días Begoña Villacís. “El PP quiere evitar a toda costa que Carromero tenga la más mínima oportunidad para tirar de la manta”, opina Miguel Montejo, portavoz de Más Madrid. “Carromero dijo que dimitía para defenderse pero parece evidente que de quien parece que se tiene ahora que defender es del propio Almeida”, añade Montejo.
Desde el PSOE, Mar Espinar espera que tanto la declaración de Carromero como la del alcalde “arrojen luz en esta comisión y que realmente sirvan para algo y para esclarecer qué paso, porque hasta ahora nadie sabía nada y nadie hizo nada”. La portavoz socialista cree que el PP debe demostrar “más respeto por las instituciones”. “Los ciudadanos se merecen una explicación”, dice.
Por su parte, Luis Cueto, del Grupo Mixto, considera que Carromero tiene “una última oportunidad para reivindicar su nombre”. “Si todo fue un montaje de Ayuso, querríamos que Carromero pida su dimisión y solicite ser nombrado de nuevo en su puesto”, ha dicho.
El excoordinador general de la alcaldía y brazo derecho de Almeida hasta su dimisión tenía que haber declarado ante la Comisión de Investigación el pasado 4 de abril, hace justo un mes. Puso una excusa y pidió que se le cambiara de fecha, atrasando deliberadamente su presencia en Cibeles para testificar ante los portavoces de los grupos municipales, a sabiendas de que es la pieza clave para conocer lo que ocurrió en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), desde donde se ordenó supuestamente espiar a Ayuso y a su hermano Tomás. Aunque Almeida en aquel momento le respaldó y aseguró que no tenía nada que ver en el espionaje, ahora no parece controlar lo que pueda decir el día de su declaración.
El estallido de este escándalo supuso que el PP se abriera en canal en un crisis sin precedentes: obligó a Almeida a renunciar a la portavocía nacional y acabó con la marcha forzada de Pablo Casado como presidente del PP, y de varios dirigentes de su cúpula, para dar paso a una nueva etapa dirigida por el gallego Alberto Núñez Feijóo. Una crisis de la que la presidenta regional ha salido reforzada y cuyo colofón será su designación como presidenta del PP de Madrid el próximo 21 de mayo, tal y como ella quería.
Una vez logrado su propósito, Ayuso, pese a ser la primera que dio credibilidad al espionaje y exigió que rodaran cabezas, ha preferido echar tierra sobre este asunto. La presidenta regional tiró primero la piedra y luego escondió la mano. Se negó a comparecer en la comisión del Ayuntamiento alegando que no tenía “información de primera mano”. También se opuso a que lo hiciera su hermano Tomás, al que los servicios municipales no han logrado localizar para que acuda a declarar, aunque al final si ha tenido que hacerlo ante la Fiscalía por el contrato que la empresa de un amigo suyo cerró con la CAM para la venta de material sanitario del que él se llevó una sustanciosa comisión.
De la “dimisión en diferido” a la “suplantación de personalidad”
A lo largo de estas semanas se han ido sucediendo hasta siete sesiones de la comisión con más ausencias que presencias. Y de los cargos de la EMVS y la EMT que han accedido a testificar poco se ha logrado sacar en limpio. Todos han negado que sea posible haber encargado el espionaje con dinero público de esas empresas dado los férreos controles que hay. Pero igualmente unos y otros han coincidido en señalar que no les consta que el alcalde ordenara una investigación interna para dilucidar si hubo o no ese intento de espionaje.
No obstante, hay algunos detalles que han provocado bastante perplejidad entre los portavoces de la comisión. Como las irregularidades que hubo ya de entrada con la dimisión de Carromero, que fue presentada el 17 de febrero ante los medios de comunicación como una decisión motu proprio para “poder defenderse”. Sin embargo, según se supo después, fue Vicente Javier Segura Fayos, cargo de confianza del área de la Alcaldía, quien un día después redactó la carta de cese y escaneó la firma de Carromero, que no había formalizado oficialmente su renuncia. Fue considerada una “dimisión en diferido”. Para la oposición ese simulacro se hizo para evitar que tuviera que dar la cara ante la comisión extraordinaria de Seguridad y Emergencias como habían exigido.
“Carromero dijo que dimitía para defenderse, pero es evidente que de quien se tiene que defender es del propio Almeida”, insiste Miguel Montejo, mientras incide en las numerosas lagunas que hay abiertas sobre el caso. Una de ellas es saber quién fue realmente la persona que se reunió en el madrileño hotel Wellington con el dueño de la agencia de detectives Mira, Julio Gutiez, que tampoco ha querido acudir a Cibeles.
El embrollo sobre este episodio saltó a la luz la semana pasada, durante la declaración ante la comisión de Francisco Javier Muñoz, asesor de la concejala de Usera Loreto Sordo. Según el relato publicado por el diario ABC, a finales de noviembre de 2021, una persona vinculada al Ayuntamiento y enviada supuestamente por Ángel Carromero, que se identificó con ese nombre fue la que se reunió con el detective para encargarle ese espionaje a Ayuso y su entorno. Pero en su declaración Muñoz descartó tajantemente ser esa persona, ya que ni coincidía con la descripción que daba el periódico –“un joven alto y moreno de unos 30 años”– ni jamás ha hablado con Gutiez, lo que lleva al grupo de Más Madrid a deducir que “suplantaron su identidad para señalarle”.
Según Miguel Montejo, el problema que tiene ahora Almeida es que “se han dejado a Carromero por el camino y ese es un fleco que tienen que solucionar”, mientras Luis Cueto insiste en que “Almeida ha navegado en aguas turbulentas. Esperamos que Carromero aclare lo que el alcalde sigue dejando en una oscuridad dañina para la democracia”.
Los grupos piden acceder a todos los expedientes
La situación del alcalde se ha complicado al cruzarse por medio el otro escándalo de la compra de mascarillas y material sanitario defectuoso por la vía de urgencia en plena pandemia, contratos adjudicados deprisa y corriendo a Luis Medina y a su socio Alberto Luceño a través de la empresa Funeraria. Una operación que ha resultado ser toda una estafa en la que se ha visto involucrado además un primo hermano de Martínez-Almeida. El caso, en el que los grupos de la oposición han logrado personarse, sigue en manos de la Fiscalía Anticorrupción que ha presentado una querella contra ambos empresarios.
El asunto se ha embarullado mucho más después de que transcendiera que ninguno de los contratos de emergencia cerrados en ese momento por Funeraria han sido registrados, y por tanto no podrían ser supervisados por la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación, cuya Junta de Portavoces se reunió a petición de Vox la semana pasada. Allí todos los grupos hicieron piña frente al PP y Ciudadanos, que manifestaron “dudas jurídicas”, para que se pudiera acceder a toda la información correspondiente relativa a los expedientes relacionados con los contratos incluyendo la factura.
Según el acuerdo alcanzado finalmente en dicha reunión, al que ha tenido acceso esta redacción, Más Madrid, PSOE, Grupo Mixto y Vox piden “examinar, no solo los expedientes de contratación de emergencia hasta la adjudicación, sino la totalidad del expediente, incluyendo los encargos para la realización de las adquisiciones, los albaranes de entrega del material, los contratos formalizados y los pagos realizados a los proveedores, informes de supervisión y calidad comparativa de la contratación”. Además, solicitan “la comparecencia, en Comisión o por medio de solicitud de informe, de los órganos del Ayuntamiento de Madrid directamente vinculados con estas compras pero que no han actuado como órgano de contratación, como es el caso de los cargos públicos del Ayuntamiento de Madrid firmantes de los contratos, los firmantes de los encargos realizados para realizar las adquisiciones y todo aquel funcionario/a o autoridad municipal que haya podido participar en la preparación o trámite previo de gestión de los contratos”.
Así las cosas, y en este enrarecido ambiente, el próximo miércoles la comisión de investigación sobre el espionaje a Ayuso celebrará su octava sesión , en la que están citados Daniel Hidalgo Paniagua, director general de Comunicación en el Ayuntamiento de Madrid; Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid; Inmaculada Sanz, portavoz de la Junta de Gobierno y delegada del Área de Seguridad y Emergencias; y Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento y expresidenta de la Comisión de Garantías del partido.
Tras estas comparecencias solo quedan otras dos sesiones más, la del viernes 6 de mayo, que será cuando comparezca Begoña Villacís, entre otros cargos; y la del día 9, que protagonizarán mano a mano Almeida y Carromero y en la que están también previstas las declaraciones de las dos principales responsables de los contratos de las mascarillas, Engracia Hidalgo y Elena Collado, que también testificará ante el juez ese día. Eso, si no se tuerce el guion.