Madrid, 23 mar (EFE).- Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del rey Juan Carlos y sospechoso de ser su testaferro a través de la Fundación Zagatka, explicó este lunes a los fiscales del Tribunal Supremo que autorizó el pago de ocho millones de euros al emérito para sus viajes privados porque necesitaba discreción.
Orleans-Borbón, de 73 años, fue interrogado como testigo en virtud de una comisión rogatoria remitida a Mónaco por la Fiscalía del alto tribunal que investiga al rey Juan Carlos por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Fuentes conocedoras de la declaración han informado a Efe de que el primo del rey dijo a los fiscales que la Fundación Zagatka es suya y que autorizó esos pagos de 8 millones para evitar problemas al rey emérito, porque necesitaba discreción para sus viajes.
Además, añadió que esa cantidad, con la que sufragaron durante años los vuelos privados del emérito, se corresponde con la segunda regularización fiscal de Juan Carlos I de 4,4 millones de euros.
Orleans-Borbón declaró por videoconferencia desde la Fiscalía General de Mónaco, país donde reside, y lo hizo sin asistencia letrada, afirman a Efe otras fuentes próximas al entorno del primo del rey, que subrayan que compareció “con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de algunos de los hechos” investigados.
El pasado 3 de marzo, Álvaro de Orleans negó que la fundación Zagatka sea una “sociedad pantalla o instrumental” o esté acusada de serlo, ni que personalmente sea “testaferro” o el “fiduciario” oculto del rey emérito en esa fundación.
El aristócrata italiano residente en Mónaco y biznieto de una hermana de Alfonso XII hizo estas declaraciones después de que el rey Juan Carlos presentara una declaración por valor de casi 4,4 millones de euros para saldar la deuda tributaria que tenía con Hacienda por el dinero del que se benefició de la fundación Zagatka para el pago de vuelos privados.
En un comunicado remitido por el equipo legal del primo del rey, se aseguraba que la segunda regularización fiscal de Juan Carlos I era una decisión “ajena” a Álvaro de Orleans, que correspondía a “una tercera persona, un contribuyente español, que tributaba por los fondos de que ha dispuesto”.
La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene tres investigaciones abiertas sobre el rey emérito, y esta última regularización que hizo con Hacienda podría dar lugar a nuevas investigaciones, según indicó la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuando salió a la luz.