La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha reducido el debate sobre la ley del aborto a la necesidad de que las menores de edad cuenten con autorización paterna para someterse a la interrupción voluntaria del embarazo. Este es uno de los preceptos de la ley vigente que más polémica generó, fundamentalmente entre el electorado del Partido Popular, que manifiesta ahora su oposición al proyecto impulsado por Alberto Ruiz-Gallardón.
La titular de Igualdad ha evitado en el pleno celebrado en el Senado pronunciarse sobre los aspectos más polémicos del proyecto anunciado por el Gobierno, como la eliminación del supuesto de malformación. Así, ha basado su argumentación en la oposición a que las menores puedan abortar sin permiso de sus padres: “Soy partidaria de que las menores de 16 años que se enfrentan a esta situación dramática, lo hagan acompañadas de sus padres”, ha señalado.
Ese precepto fue uno de los más criticados durante la tramitación de la ley vigente, mientras que las encuestas demuestran ahora que la ciudadanía rechaza la actual propuesta y, en concreto, que se elimine la posibilidad de abortar si el feto presenta malformaciones. Según una encuesta publicada en eldiario.es, casi el 70% de los ciudadanos rechaza esa restricción introducida por Alberto Ruiz-Gallardón. Otro estudio sociológico reveló que la mayoría de los votantes del PP está en contra de la reforma, a pesar de que fue un compromiso electoral del partido de Mariano Rajoy.
Ana Mato ha insistido en que es necesario seguir la doctrina del Tribunal Constitucional. No obstante, este organismo no ha llegado a pronunciarse por la ley que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha reprochado a los socialistas que modificaran la ley de 1985 que estaba “asumida por todos los españoles”. Esa normativa era menos restrictiva que la planteada por el Ejecutivo en diciembre.
La ministra ha repetido varias veces que el Gobierno está a la espera del pronunciamiento de 29 órganos y entidades que deben emitir los correspondientes informes para “recoger opiniones”, así como de las comunidades autónomas y, posteriormente, de los grupos cuando se inicie la fase parlamentaria. El malestar en el seno del PP por este proyecto es patente. De hecho, varios dirigentes populares han hablado de “mejorar” el texto conforme vaya sometiéndose al debate parlamentario.
La ministra ha ignorado la advertencia del Consejo de Europa de que España incumple sus normas al haber eliminado la sanidad universal para las personas inmigrantes en situación irregular. El Comité de Derechos Sociales de la institución avisó en su último informe de que los estados que han firmado la Carta Social Europea “tienen obligaciones en términos de acceso a la atención sanitaria para los migrantes independientemente de su estatus de residencia”.
No obstante, el organismo admitía que no podía tomar medidas respecto a ese “desarrollo legislativo regresivo” dado que la evaluación de ese informe se refería al periodo 2008-2011 y la modificación legislativa se llevó a cabo en abril de 2012. En ese argumento se ha basado Ana Mato para defenderse en el Senado.
Además, la titular de Sanidad se escuda en que la Carta Social Europea solo se refiere a las personas que se encuentra en España “en situación legal”. Sin embargo, el texto del comité de Derecho Sociales dejaba claro que, si el Gobierno no modifica la legislación, “no habrá otra cosa que mostrar en el próximo informe la no conformidad con la Carta”.
Mato ha recalcado que el Gobierno ha “garantizado a los inmigrantes en situación irregular una de las coberturas sanitarias más solidarias de la UE” antes de reconocer que queda limitada a la asistencia de urgencias, a la atención en parto y post-parto, a los accidentes, las enfermedades graves y la asistencia a los menores de edad.