El Consejo de Europa ha vuelto a reprender a España. En esta ocasión le avisa de que la decisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de dejar sin sanidad a los inmigrantes en situación irregular va en contra de las normas europeas, asumidas por España hace décadas al ratificar la Carta Social Europea. “Los estados que forman parte de la Carta tienen obligaciones en términos de acceso a la atención sanitaria para los migrantes independientemente de su estatus de residencia”, señala el Comité Europeo de Derechos Sociales en las conclusiones publicadas este miércoles.
“Los estados deben asegurar que todos los ciudadanos tienen el derecho a acceder a la atención sanitaria y que el sistema sanitario es accesible para toda la población”, continúa el comité, que recuerda que esto es un “prerrequisito para la preservación de la dignidad humana” y esta un “valor fundamental” para que se respeten los derechos humanos. Además, reprocha al Gobierno que utilice la “crisis económica como pretexto”: “Hay alternativas menos costosas en términos financieros y respecto al impacto de la medida en la salud pública de la población en su conjunto”, dice el informe.
No obstante, el Consejo de Europa reconoce que no puede llevar a cabo medidas respecto al “desarrollo legislativo regresivo en relación al acceso a la sanidad de los extranjeros”, ya que este informe solo valora los aspectos producidos en el periodo 2008-2011 y el decreto de medidas de acceso al sistema de salud es de abril de 2012. Aún así, advierte de que si el Gobierno no da marcha atrás estará incumpliendo los estándares fijados por el organismo internacional del que forma parte: “Si la legislación se mantiene, no habrá otra cosa que mostrar en el próximo informe la no conformidad con la Carta”.
“Estas conclusiones son vinculantes porque se trata de un tratado internacional”, ha explicado a eldiario.es Luis Jimena, el presidente del comité. “Esto significa que la legislación es contraria a derecho y no se puede aplicar. El Gobierno debe modificarla porque prevalece el tratado”, añade. Además, considera que España debe poner a funcionar “toda la maquinaria” para que se evite esta violación incluso antes de que se pronuncie la Justicia. “Un órgano español que conozca esta violación tiene que aplicar la Carta. Algunas comunidades autónomas y facultativos se niegan a aplicar este decreto y esa objeción de conciencia es la legal”, matiza.
Más recortes, menos derechos sociales
En materia sanitaria, el organismo también destaca la importancia de que el derecho de acceso no debe encontrar “retrasos innecesarios” y, aunque se hace eco de la legislación adoptada en este sentido, pide a España datos sobre el tiempo medio de espera para los tratamientos hospitalarios y para las consultas de atención primaria.
Jimena también hace hincapié en que solo dos comunidades autónomas -País Vasco y Navarra- cumplen la Carta en cuanto a la asistencia social prestada mediante los salarios mínimos de inserción. Así, insta a las comunidades autónomas a que aumenten esa prestación o que el Gobierno “coordine” una solución.
Otro de los asuntos en los que España incumple el tratado social que comparte con los países europeos es el relativo a las prestaciones por enfermedad. En este sentido, indica que se queda en el 60% del IPREM -el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que se toma como referencia para la concesión de ayudas o subsidios- lo que sitúa los ingresos que se obtienen por estas bajas en 4.473 euros. Esto significa que en este país se cobran unos 2.000 euros menos que en el resto de Europa en estos casos. “El nivel mínimo de las prestaciones por enfermedad es manifiestamente inadecuado”, denuncia.
También reprocha que no haya alcanzado acuerdos bilaterales con ciertos países europeos para que los residentes en España tengan igualdad respecto a los derechos en materia de seguridad social, algo a lo que obliga la ratificación de la Carta Social Europea. En concreto, los ciudadanos de Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Turquía, Georgia y Moldavia no tienen garantizado el derecho a la seguridad social cuando residen en España.
El comité llama la atención sobre la falta de una protección específica para que las personas mayores no sufran discriminación en áreas que van “más allá del empleo, como el acceso a bienes, instalaciones o servicios”. En este caso, el problema no se ha encontrado en la “praxis”, sino que la inexistencia de un marco regulador para evitar la discriminación de la tercera edad incumple el artículo 4 del Protocolo Adicional de la Carta, ratificado por España en el año 2000.
38 estados miembros del Consejo de Europa han violado los derechos sociales de los ciudadanos, lo que supone un aumento que está vinculado a los recortes que los gobiernos han implementado durante la crisis económica y que han afectado “desproporcionalmente a los pobres, desempleados, ancianos y enfermos”. El secretario general del organismo, Thorbjorn Jagland, ha instado a los gobiernos europeos y a las organizaciones internacionales a que presten mayor atención a los derechos sociales y económicos en la aplicación de las “medidas de austeridad”. “La necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos es un valor que se vuelve aún más importante cuando los tiempos son difíciles”, afirmó: “Sin embargo, las políticas de la crisis económica y de austeridad han tenido claramente un impacto negativo en los derechos sociales y económicos de toda Europa. Los beneficios están siendo restringidos y las personas que se desplazan entre los países para vivir o encontrar trabajo a menudo son tratados injustamente”, sentenció.