Así lo han acordado este martes en una reunión de la Diputación Permanente --órgano que vela por los poderes de la Cámara durante los periodos de vacaciones--, de manera que una vez convalidado, este trámite preceptivo dota de plena eficacia jurídica a la norma que fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 26 de julio y que entró en vigor el 1 de agosto.
De la misma manera, la Cámara andaluza ha rechazado tramitar este decreto como proyecto de ley, algo que había solicitado el PP-A, y que ha contado con el respaldo de Podemos e IULV-CA, pero con el rechazo del PSOE-A y de C's.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha afirmado que con esta reforma se adapta el impuesto a la realidad económica y social presente, “ya que aprovecha la incipiente recuperación para dibujar un mapa fiscal más beneficioso para las familias y las empresas”.
“El Gobierno andaluz continúa con su hoja de ruta de proteger a las clases medias y trabajadoras y levantar, poco a poco, las piedras que la crisis ha ido poniendo en el camino”, ha señalado la consejera, enfatizando que se trata de medidas “justas” desde un punto de vista social e “inteligentes” desde una perspectiva económica “ya que cohesionan nuestra sociedad y activan nuestro tejido productivo y la creación de empleo”.
Montero ha explicado que la reforma se realizará en dos fases. De un lado, ya está en vigor desde este agosto la ampliación de deducciones por la herencia de vivienda habitual para los descendientes directos que hubieran convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento, de modo que la desgravación oscilará entre el 100% para inmuebles de hasta 122.606,47 euros y el 95% para aquellos con un valor real de más de 242.000 euros. Otra de las reformas introducidas en este ámbito es la reducción del periodo de mantenimiento del inmueble recibido de diez a tres años, a partir de los cuales los herederos podrán venderlo.
Por otra parte, se ha establecido una reducción automática del 99% en herencias o donaciones de explotaciones agrarias, “con el fin de facilitar la transmisión interregeneracional en este sector que constituye la principal actividad productiva de la comunidad autónoma”.
Montero ha destacado que estas medidas pretenden conseguir una mejor distribución de la carga fiscal así como ponderar adecuadamente los requisitos de las deducciones, “para no poner trabas al relevo generacional en el campo andaluz y a aquellos hijos que heredan de sus padres su vivienda habitual”.
PP-A: EL DECRETO ES “UN MAL MENOR”
Para posicionar al PP-A, la portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, ha afirmado que, aunque su grupo ha aprobado la convalidación, este decreto “es un mal menor” que recoge una bonificación “mínima” ya que, como ha indicado, el salto de error y mínimo exento llegaría en los presupuestos autonómicos del 2017 “si se aprueban”.
Tras insistir en que este impuesto es “injusto” para los andaluces respecto a otras comunidades autónomas, ha considerado que la actual modificación “se queda corta”. No obstante, ha saludado que en lo que a las explotaciones agrícolas se refiere “hay un avance importante” para fomentar la incorporación de los jóvenes andaluces al campo.
Entretanto, Crespo ha criticado que “se ha hablado poco” en el Parlamento sobre esta modificación del impuesto que, como ha señalado, nace del grupo de trabajo que componen el PSOE-A y C's y en el que el resto de grupos “no hemos podido aportar nada”, de ahí que hayan solicitado que fuera tramitado como proyecto de ley.
De su lado, la portavoz adjunta de Podemos, Esperanza Gómez, ha rechazado la urgencia de llevar este decreto a la Diputación Permanente y ha considerado que el cambio de postura del PSOE-A en esta materia buscar dar una “contrapartida” a C's para poder aprobar las cuentas autonómicas del 2017. También ha apuntado que parece que el Gobierno andaluz “no quiere sacar pecho de esta medida” al haberla aprobado en julio y llevar su convalidación al mes de agosto.
Así las cosas, si bien Podemos aboga por actualizar y modificar el impuesto, ha considerado que la reducción que ahora se plantea “no afecta de forma directa a las clases medias y trabajadoras” y es una reforma “profundamente regresiva”, cuando también ha criticado que faltan datos para conocer el impacto real de la modificación.
De su lado, la parlamentaria de C's Marta Bosquet ha saludado la convalidación del decreto y ha subrayado que “cuando se trabaja, el trabajo tiene resultados, y satisfactorios en este caso”, toda vez que ha señalado que su formación “busca aliviar la presión fiscal de los andaluces” y que seguirán trabajando por ello.
“Esta reducción es algo totalmente necesario, es de justicia social y demandado por los andaluces”, ha sostenido antes de recordar que Andalucía, junto a Cataluña, “eran las comunidades más gravosas en cuanto a este impuesto”. C's entiende la urgencia de aprobar esta convalidación en que “es un modo para luchar contra fraude fiscal”.
MAÍLLO: “AGUJEREAN EL SISTEMA FISCAL POR CAPRICHO”
De su lado, el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha advertido que esta modificación del impuesto, junto a la reducción que se efectuó en el IRPF, supone un “agujero” en el sistema fiscal de Andalucía que, además, va a tener poca repercusión en el bolsillo de los andaluces pero sí mucha para el mantenimiento de los servicios públicos. A su juicio, se produce una “competición frívola” sobre la reducción de impuestos que “no se sostiene”.
Maíllo ha señalado la “irresponsabilidad” de la Junta por renunciar de manera voluntaria a estos ingresos, y ha advertido que esto le “resta credibilidad” a la hora de reclamar una financiación justa al Estado o en Europa. Además, ha rechazado que la Junta haya alegado en la urgencia para convalidar el decreto el 'Brexit' como causa.
Por todo, IU propone una sesión monográfica sobre fiscalidad con propuestas de resolución para abordar este asunto “de manera integral” y que no se agujeree el sistema “a golpe de capricho”, mientras ha reprochado al Gobierno andaluz que le “compre” al PP el discurso de la recuperación económica.
Para posicionar al PSOE-A, el diputado José Muñoz ha señalado que con ese decreto “vamos por el camino adecuado”, ha reprochado a Podemos e IU que “invaliden” el mes de julio al criticar que fuera en este mes cuando lo aprobó el Consejo de Gobierno, al tiempo que ha censurado la “hipocresía” del PP-A con este asunto.
Así, ha advertido de la “inconsistencia” de la política fiscal de los populares, que pretende “freír a impuestos a quien menos tienen o a las pymes, y luego hacen amnistías fiscales”, y porque han hecho una recogida de firmas “para intoxicar y mentir de forma descarada sobre situación de este impuesto en Andalucía”. Defiende que el decreto convalidado “es una medida positiva” para Andalucía que “se adapta a la realidad de muchas familias y al principio de progresividad”.