El juez del caso Bankia, Fernando Andreu, dictó el pasado miércoles un auto que supone un regalo envenenado para el que fuera presidente de la entidad Rodrigo Rato. En su resolución, el magistrado de la Audiencia Nacional accede a su petición de incorporar a la causa un informe del Banco de España que contradice la conclusión de los peritos de que Rato y su equipo maquillaron las cuentas para poder salir a bolsa. Pero al tiempo que ordena la diligencia, Andreu advierte de que el fin de la misma no es otro que “preparar el Juicio Oral”, justo la fase a la que Rato pretendía que no se llegara nunca con la incorporación del contrainforme que podría echar abajo el caso.
Los peritos judiciales, dos funcionarios del Banco de España que actuaron a las órdenes exclusivas de Andreu, concluyeron que Rato y su equipo habían falseado las cuentas de Bankia en un intento de huida hacia adelante, para reflotar la entidad con la salida a bolsa. En ese informe pericial se sustenta hoy por hoy todo el caso Bankia y desde que fuera incorporado a la causa, en diciembre de 2014, todo el afán de los imputados se centra en desacreditarlo. Para ello han contado con el apoyo del FROB, el Banco de España, la CNMV y, al frente de todos ellos, el fiscal del caso, Alejandro Luzón. Toda una conjura del aparato financiero del Estado para tumbar el caso Bankia antes de llegar a juicio.
El representante del Ministerio Público se descolgó el pasado mes de marzo con un informe que se apoyaba en otro del FROB –el organismo público a través del que se rescató Bankia-, que a su vez había solicitado su opinión al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para asombro del resto de las acusaciones, el FROB también está personado como tal y la iniciativa de elaborar ese informe era la primera que tomaba en los dos años y medio que llevaba instruyéndose el caso en la Audiencia Nacional.
El juez no había solicitado el informe, pero la acusación del FROB adjuntaba un escrito que suponía una descarga para los imputados. Y lo que parecía dejar herido de muerte el caso: la Fiscalía lo hacía suyo. El entonces fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón reprodujo las afirmaciones del FROB, a veces con frases textuales, para poner en duda el trabajo de los peritos del caso. Para más inri, el escrito del fiscal llevaba fecha de una semana antes a la entrega en el juzgado del informe del FROB, lo que hace deducir que contó con él antes de que el organismo público lo pusiera a disposición del juez.
Rato y el resto de imputados no podían más que aprovechar que todo se ponía de su parte. Así, el expresidente de Bankia solicitó en julio que se incorporara la respuesta del Banco de España a la petición del FROB para que expresara su “criterio técnico” acerca de si Bankia había cumplido las indicaciones de la Circular 4/2004 de 22 de diciembre, un documento de más de 600 páginas con indicaciones del supervisor sobre “normas de información financiera, pública y reservada y modelos de estados financieros”.
Ahora Andreu accede a la petición de la defensa de Rato en un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, y que contiene la afirmación que frustra las expectativas del que fuera vicepresidente del Gobierno. Así, el juez asegura que la diligencia a practicar “se encuentra dentro de las actuaciones encaminadas a preparar el Juicio Oral”. Y por si quedara alguna duda, Andreu añade que se trata de “averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas sus circunstancias que pueden influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes”.
El magistrado, sostienen fuentes del caso, se ha quedado solo desde la “deserción” del fiscal. Y añaden que con el auto del miércoles, Andreu reafirma su voluntad de sentar en el banquillo a Rato, tres de sus colaboradores (Miguel Ángel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y José Luis Olivas), Bankia y su matriz, el BFA, convencido como está de que hay indicios de sobra para determinar en juicio si hubo delito en la salida a bolsa de la entidad.
El motivo de Rato para tumbar el caso Bankia está claro: evitar la cárcel o cualquier otra condena. Pero ¿y el FROB, representante del Estado?, ¿y el Banco de España? Las fuentes consultadas coinciden en que una sentencia condenatoria abocaría a Bankia a desembolsar los 3.092 millones de euros que captó de mayoristas y minoristas para la salida a bolsa, lo que devolvería otra vez a la entidad a la UVI y acabaría con las aspiraciones del Estado de recuperar parte de su inversión.
De paso, el Banco de España podría tapar sus vergüenzas en la quiebra de Bankia, que ocurrió sin que el supervisor interviniera. Según las conclusiones del FROB, las cuentas de Rato recogían “la imagen fiel” de la entidad. La conclusión implícita es que ni Rato ni los organismos supervisores pudieron hacer nada. La quiebra, por tanto, como el resto de la crisis, habría resultado inevitable. El fiscal Luzón continúa al frente del caso, pero desde enero lo compagina con su nuevo cargo de teniente fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado, un ascenso que lo ubica en la cúpula del Ministerio Público.
El futuro judicial del exvicepresidente
Con la advertencia de Andreu, el futuro judicial de Rato se vuelve a complicar. El exvicepresidente del Gobierno está imputado por cuatro delitos en la pieza principal del caso Bankia y de otros dos en la separada de las tarjetas black. Los continuos intentos de sus imputados por inundar el juzgado de Andreu con recursos, algunos rocambolescos, para intentar tumbar este último caso o, al menos, retrasar la fase de juicio oral, van despejándose lentamente. En el caso de la salida a bolsa, Rato está imputado por falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
En las tarjetas 'black' se le atribuyen indiciariamente los de administración desleal y/o apropiación indebida. Aquí, algunos imputados han intentado recurrir al nuevo Código Penal para zafarse, pero su interpretación del texto ha sido rechazada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El tercer frente de Rodrigo Rato está en la investigación de su actividad empresarial. A los seis delitos anteriores, el que fuera director general del FMI debe sumar otras tres imputaciones: por fraude fiscal, corrupción entre particulares y la más grave, blanqueo de capitales.
Este es el proceso penal contra Rato que está en una fase más incipiente. El juez Marcelino Sexmero, que sustituye a Antonio Serrano-Arnal en unas vacaciones que finalizan el próximo 12 de noviembre, acaba de prorrogar el secreto del sumario. En cualquier caso, el Tribunal Supremo debe decidir sobre el incidente de competencia negativa que elevó Serrano-Arnal, quien ya ha intentado quitarse el caso de encima en tres ocasiones. La solución llegará siempre después de las elecciones generales. Los juicios por el caso Bankia, según las previsiones más optimistas, se celebrarán a lo largo del próximo año.