La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al expolítico del PP Rodrigo de Santos a dos años de cárcel por un delito de abuso sexual a un preso mientras trabajaba en unas casas de acogida de la Fundación Horizontes Abiertos-Padre Garralda, la organización próxima al partido político en el que militó y que le acogió después de que cumpliera condena por abusar sexualmente de dos menores amigos de sus hijos y gastara casi 50.000 euros del Ayuntamiento de Palma en cocaína y prostitución masculina.
Eran dos los jóvenes que habían pasado por las casas de acogida que denunciaban a De Santos. La Fiscalía y la acusación particular de uno de ellos acusaba al expolítico de haber abusado en siete ocasiones de un joven de origen dominicano, al que habría realizado felaciones para luego obligarle a que le penetrara. Sin embargo, el tribunal no considera acreditadas estas siete agresiones y absuelve por tanto al político de la acusación más grave.
La ONG del Padre Garralda, que entonces y ahora tiene un patronato próximo al sector más conservador del PP en asuntos de moral, es condenada como responsable civil subsidiaria del delito de abuso sexual por el que sí ha sido condenado Rodrigo de Santos, en este caso contra un joven de origen marroquí. El tribunal entiende que la falta de “supervisión” de la actuación del condenado es atribuible a la empresa por ser un “empleado de confianza”.
En el juicio, el expolítico del PP manifestó que “jamás” mantuvo relaciones sexuales con presos de la ONG Padre Garralda-Horizontes Abiertos, en Vallecas, y aludió a “prejuicios” contra él por sus antecedentes penales. De Santos ya fue condenado en 2010 por la Audiencia Provincial de Palma por un delito de abuso sexual con acceso carnal a menor, a la pena de 5 años de prisión y prohibición de aproximación y comunicación por tiempo de 8 años.
En este nuevo caso, la Fiscalía de Madrid solicitaba 20 años de prisión para el exdirigente popular, a quien acusaba de un presunto delito continuado de agresión sexual y otro delito de agresión sexual. Según el fiscal, los hechos tuvieron lugar entre febrero y julio de 2017, cuando el acusado “prevaliéndose de su condición” de coordinador en la fundación agredió a dos presos.
Sin embargo, la Sala absuelve a De Santos de los delitos más graves, los siete abusos sexuales a uno de los presos. La denuncia de este preso, que declaró en el juicio haber sufrido graves secuelas psicológicas, originó la investigación de la Unidad de Familia y Menores (UFAM) de la Policía que derivó en la causa judicial contra Rodrigo de Santos.
Las magistradas absuelven al acusado de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y agresión sexual al no haber quedado probado que De Santos obligara a este joven a mantener relaciones sexuales no consentidas amenazando “con retirarle el aval de la fundación ante Instituciones Penitenciarias o con regresarle a su país de origen, ni que en fecha indeterminada le arrastrara a un aseo y realizara actos de contenido sexual no consentido, también bajo amenaza”.
En contra, las magistradas sí han considerado probado que el acusado, el día 8 de noviembre de 2016, en uno de los permisos concedidos al segundo joven que le acusaba, de origen magrebí, le llevó a su domicilio, en la localidad de Alcobendas, y que, cuando ambos estaban sentados en el sofá, abusó sexualmente de él. En vía de responsabilidad civil, el condenado deberá abonar 3.000 euros en concepto de daño moral a la víctima. Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid.
Para la condena ha resultado determinante que, a diferencia de lo ocurrido con el joven dominicano, en el caso del marroquí sí había una prueba material, los whatsapp que De Santos le había enviado. “La verdad es que me encantarías que fueras mío', 'si fueras bisexual como yo tendrías un 100%', 'me voy a dormir Rachid, si quieres bajar a dormir a mi cama te dejo abierto', 'prometo tratarte con mucho mimo y respeto, como si fueras mi hijo… mi casa es tu casa y mi cama es tu cama, que sepas que me encantaría que estuvieras aquí a mi lado para dormir abrazado a ti, te quiero mi Rachid'”, recogen esos mensajes.
En su escrito de acusación, el fiscal relataba que el exdirigente del PP trabajó en la ONG desde 2015 y a partir de octubre de 2016 desempeñó estuvo al frente del programa de reinserción social de preso, avalando a los internos que carecían de arraigo familiar ante Instituciones Penitenciarias. De este modo, se les alojaba en las viviendas que poseía esta Fundación en Vallecas, “proporcionándoles un lugar donde poder residir durante los permisos penitenciarios e incluso una vez que les era concedida la libertad condicional y la libertad definitiva, haciéndose responsable de los internos ante la Junta de Tratamiento del Centro penitenciario”.