Las investigaciones en torno a la trama que presuntamente financió campañas del PP en Baleares entre 2003 y 2007 ha dado un salto cualitativo: los documentos incautados a la red de empresas nucleada en torno al empresario Daniel Mercado y la sociedad Over Marketing Management SL apuntan a que el grupo también logró contratos supuestamente amañados en las comunidades de Madrid y Castilla y León.
El nombre de Over Marketing ya había salido a la palestra durante las indagaciones sobre la trama Gürtel, con la que mantenía estrechas relaciones comerciales. Los investigadores del caso creen que, al menos en Baleares, la trama de Mercado financió las campañas del PP durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007) gracias a la adjudicación de contratos públicos cuya verdadera finalidad era ocultar el pago de trabajos electorales.
El caso es una más de las ramas derivadas del sumario Palma Arena, el mismo que está a punto de sentar en el banquillo a Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. Fuentes cercanas a las investigaciones aseguran que, en los interrogatorios que se están practicando en Madrid esta semana para desenredar la madeja de Over Marketing, los imputados han topado con varias preguntas inesperadas: las relativas a contratos otorgados por los Gobiernos de Esperanza Aguirre y su sucesor en la Presidencia de Madrid, Ignacio González, así como por el del castellano-leonés Juan Vicente Herrera, también del PP. Daniel Mercado, que ya ha declarado en calidad de imputado, volverá a hacerlo hoy sábado también en Madrid.
En 2010, el diario Público reveló la extraña sucesión de adjudicaciones concedidas por el Ejecutivo de Aguirre a Over Marketing y a otra empresa también cercana a la trama Gürtel, Marketing Quality Management. Un año antes, el mismo diario destapó cómo la red corrupta que presuntamente dirigía Francisco Correa financió las campañas de Aguirre en 2003, el año del tamayazo, a través de una fundación dependiente del PP madrileño, Fundescam.
El caso de Over Marketing ya se cobró en verano la cabeza política del entonces delegado del Gobierno en Baleares, el exconseller balear de Interior José María Rodríguez. Las presuntas ilegalidades detectadas afectan, como mínimo, a cuatro exconsellers del Govern balear de Matas que previsiblemente serán imputados. Y en Madrid ya hay ocho imputados, según fuentes cercanas al caso. Entre ellos, y por su antiguo cargo en la Conselleria de Interior, figura la exmujer del concejal del PP palmesano que terminó en la cárcel por gastar dinero público en bares de alterne gay, Rodrigo de Santos.