La investigación bajo secreto de la Audiencia Nacional contra el desvío de fondos públicos en el Canal de Isabel II apunta también a Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid cuando comenzó el presunto desfalco de la empresa de aguas. Así consta en un acto incorporado a la causa bajo secreto en el que se señala que “el procedimiento se dirige contra los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2001”, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente. El acuerdo referido es la compra de la colombiana Inassa por parte del Canal por un valor muy superior al real.
Con la información que tenía ya en su poder, la Fiscalía Anticorrupción solicitó en noviembre pasado al juez del caso que dictara un auto de dirección de procedimiento contra Ruiz-Gallardón, con el objeto de interrumpir la prescripción del delito de malversación de fondos públicos en el que pudiera haber participado quince años antes, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. De esta forma, los fiscales se reservaron la posibilidad de solicitar la imputación del expresidente de la Comunidad de Madrid cuando la marcha de la instrucción lo aconseje.
La investigación del Canal de Isabel II en la época de Ruiz-Gallardón ha sido uno de los motivos de enfrentamiento entre los fiscales del caso Lezo y su jefe en Anticorrupción. Antes de eso, el primer juez del caso, Alejandro Abascal, ya intentó separar la investigación de esa época del resto de la instrucción. Los fiscales se opusieron a su decisión y recurrieron a la Sala de lo Penal, que les terminó dando la razón.
En su escrito a la Sala de lo Penal de noviembre de 2016, los fiscales aseguran que han hallado “indicios de criminalidad contra determinadas personas u organismos” y que esa actuación presuntamente delictiva tiene su origen “en actividades que se inician en 2001 con la compraventa de la mercantil Inassa”. El auto en el que la Audiencia Nacional da la razón a los fiscales asegura que la compra fue “llevada a cabo bajo el control del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, presidido en aquellas fechas por Alberto Ruiz Gallardón”.
Una de las cinco actividades ilícitas que se investigan en la Operación Lezo es el conjunto de inversiones realizadas por el Canal de Isabel II en Latinoamérica y el posterior desvío de fondos públicos derivado de ellas. El origen de esta línea de investigación es la adquisición de la empresa brasileña Emissao por parte de Inassa, la filial del Canal en el continente americano, en 2013. Con dinero público, Inassa adquirió el 75% de la empresa por 21,4 millones de euros. Poco después, la venta de la firma demostró que su valor real era de una cuarta parte. Los investigadores creen que el dinero voló a una cuenta en Suiza.
Anticorrupción detectó que el ‘modus operandi’ se podía haber inaugurado mucho antes de la compra de la brasileña Emissao. Con Ruiz-Gallardón de presidente de la Comunidad de Madrid comenzaron las negociaciones para la adquisición de la empresa colombiana y así la expansión por América del Sur. Para realizar la operación, el Canal creó Extensia, una sociedad con sede en el entonces paraíso fiscal de Panamá. La investigación apunta a que el Gobierno de Gallardón, ya con Pedro Calvo en la presidencia del Canal, autorizó a pagar 83 millones de euros por Inassa, cuando el precio de ésta no superaba los ocho millones, según adelantó elconfidencial.com.
A la operación hace referencia Ignacio González en una conversación con Eduardo Zaplana intervenida por la Guardia Civil. “Alberto hizo una operación de que… no sé si estaba Alberto, pero desde luego sí que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con una diferencia fiscal de 20 millones, con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II”.
Las advertencias ignoradas
Un informe de Garrigues y dos de Cuatrecasas alertaron a los distintos gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid, tanto de Ruiz-Gallardón como de Esperanza Aguirre, de las irregularidades en la adquisición de Inassa, sin que éstos adoptaran medidas o trasladaran los indicios a las autoridades. “Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así de Cuatrecasas sobre toda la operación que no te puedes ni imaginar”, dice González en la citada conversación grabada.
La querella de Anticorrupción que dio origen al caso no menciona actividades delictivas del año 2001 porque en ese momento se creía que el primer pelotazo en Latinoamérica era el de la compra de la brasileña Emissao en 2013. Este es el argumento que utilizó el juez Abascal para dejar fuera de la Operación Lezo la época de Gallardón. Abascal también argumentó que el principal responsable de la trama investigada, Ignacio González, no había asumido en 2001 ninguna responsabilidad al frente de la Comunidad de Madrid.
Los fiscales respondieron que al investigar la actuación de Gallardón no actuaban contra dos operaciones o delitos distintos y que lo que ocurría es que los hechos presentados en la querella inicial terminaron por orientar las pesquisas hacia un origen anterior al que se creía de la trama delictiva.
“El desvío de dinero a operaciones ajenas a la institución se remonta a 2001 y afecta a las propias instituciones de gobierno de la Comunidad de Madrid de aquel entonces”, insisten los fiscales, según trasladan los jueces Angela Murillo, Teresa Palacios y Carmen Paloma González. “Ciertamente, el presunto responsable de esta fase delictiva no es el señor González sino otras personas o entidades con responsabilidades en la Comunidad de Madrid”, rematan en el auto del 19 de enero pasado.
A pesar de ello, Moix volvió a la carga el pasado 18 de abril, apenas 24 horas antes de que estallara la Operación Lezo. El jefe de Anticorrupción utilizó los mismos argumentos de Abascal, descartados por la Sala de lo Penal y ordenó a los fiscales dejar fuera un registro vinculado con Inassa. Los fiscales invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal y fue convocada la Junta de Fiscales de Anticorrupción. Por abrumadora mayoría, los miembros de la Fiscalía especializada se pusieron del lado de sus compañeros y Moix optó por no oponerse al citado registro.