La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada lleva investigando desde el pasado mes de noviembre de 2018 un fraude a gran escala en las ayudas de la Unión Europea, el Estado y las Comunidades Autónomas a la formación para desempleados por parte de centros privados de formación, según la información en poder de eldiario.es. El modus operandi consiste, según la denuncia inicial impulsada por un grupo de docentes y la Agencia Antifraude valenciana, en el cobro de “mordidas” en las retribuciones a los profesores y profesoras autónomos.
“Se justifican formalmente ante las administraciones importes por retribuciones al personal docente que presuntamente no son las que reciben estos, toda vez que los centros contratantes son los que reciben y se benefician de esos importes”, relata el informe de la Agencia Antifraude valenciana del que parte la investigación inicial. Eldiario.es ha hablado con varios profesores y técnicos de la administración que relatan los diferentes tipos de devoluciones del salario que los docentes se ven obligados a hacer a los centros de formación.
A la denuncia que ya investiga la fiscalía especial Anticorrupción se han incorporado audios, correos electrónicos, facturas y testimonios de docentes que han tenido que devolver parte de sus salarios a las academias en las que prestan sus servicios como autónomos. La investigación del fraude, que se oculta a la administración en las justificaciones que presentan las empresas, implica a más de una treintena de centros de formación de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla y León o Madrid. La patronal alicantina de centros de certificación y varios de los centros denunciados consultados por este periódico se desmarcan de estas prácticas y las atribuyen a “garbanzos negros”.
El fraude se fundamente en la propia legislación del Estado y que asumen las Comunidades Autónomas. Se basa en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo donde se regula la formación para el empleo y en la resolución de 18 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.
Y concretamente en dos puntos, la imposibilidad de los centros de formación de tener un beneficio industrial y el artículo 14 de la resolución: “La suma de los costes directos imputables en concepto de retribuciones de los formadores internos y externos contemplados representarán un coste mínimo del 40% de los costes totales de la subvención a liquidar”. Es decir, de cada cien euros de subvención 40 deben ir a los profesores y el resto a gastos de gestión o alquiler de locales, que se deben justificar o provocan la devolución de las ayudas
Y es ese 40% el foco de la controversia. Pablo Rodríguez, un docente de Extremadura, explica a eldiario.es que ha tenido que devolver parte de su salario al centro de formación donde trabajaba. “En la entrevista inicial acordamos que iba a cobrar 21 euros por hora de clase. Pero hay una cosa que, me dijeron, aparecerá en las facturas que presentes: que cobras 50 euros la hora. Posteriormente nos devuelves la diferencia y nosotros presentamos ante Hacienda una factura y la contrafactura posterior. En un curso de 350 horas la academia se llevó 9.000 euros”, afirma este docente.
Pero la contrafactura no es el único modo de que los docentes devuelvan dinero de sus sueldos a los centros de formación. En varias academias de Alicante, el modus operandi es más burdo. Según Gerardo Gandía, el profesor reintegra la diferencia en mano. “Yo cobraba 18 euros la hora, pero tenía que facturar 40. Se lo devolvía en mano o a través de un contrato privado de servicios en los que pagaba un dinero en concepto de alquiler”, afirma. ¿Y qué pasa cuando hay que declarar la renta ante Hacienda por un dinero facturado, pero no percibido? “Se acuerda el pago del coste de la declaración, algunas academias con un límite de hasta 4.000 euros”.
Gandía, que ha trabajado durante más de una década en formación para parados asegura: “En doce años no he encontrado ningún centro que no me haya propuesto devolver parte del salario que me pagaban, en ese tiempo, unos 240.000 euros”.
Carlos Martínez fue durante años técnico de inspección del Servei d'Ocupació de Catalunya. En estos momentos está jubilado, pero durante años fue apartado a otro tipo de departamentos por explicar a los profesores que el 40% de la subvención les correspondía a ellos. “El 95% de los profesores me decían que facturaban 50 euros, pero que percibían entre 18 y 22 euros. Me negué a validar los pagos. Hasta 90 cursos los firmé como desfavorables y me sacaron de mis funciones”, argumenta.
¿Y qué consigue la administración no entrando a fondo en este tema? “Consigue la paz social, con sindicatos y patronal”, señala Carlos Martínez, que durante años inspeccionó a las academias de Barcelona. Martínez apunta otra manera de justificar menos llamativa que las “devoluciones en caliente” o el pago de servicios al centro de formación como autónomo. “El director del centro, un familiar o gente de extrema confianza se dan de alta como profesores. Cuando terminan los cursos se presentan justificaciones desglosadas ante la administración. El docente ha dado 500 horas, pero ante la inspección solo se le computan 100. Los otros 400 se les apuntan al director o personas de confianza, que no impartieron ni una hora. Los docentes no se enteran y los inspectores no preguntan”, afirma este antiguo inspector.
¿Qué dicen en la administración? Rocío Briones, directora general de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana desde 2015 revela que ha recibido denuncias anónimas sobre este presunto fraude en las ayudas. “Nos hemos puesto en contacto con estas personas, pero no quieren salir del anonimato y así no se puede denunciar. No tenemos pruebas contundentes para hacer nada”, afirma. “Las empresas nos entregan los justificantes de pago y los datos están correctos. No hemos levantado actas de inspección”, asegura.
Añade Briones: “la única queja que hemos tenido ha sido que los profesores de centros privados cobran menos que los que trabajan para la administración por las mismas ayudas europeas para la formación de desempleados”. “Pero si alguien devuelve el dinero en mano no podemos hacer nada”, afirma.
La información presentada en la Fiscalía Anticorrupción apunta directamente a 23 academias de la provincia de Alicante, pero también varias del País Vasco y de Catalunya. La Agencia Antifraude señala que “existen indicios de que la misma conducta defraudatoria se reproduce por parte de academias y centros de formación de otras comunidades autónomas”, como Murcia, Extremadura, Castilla y León o Andalucía. De hecho, ese es el motivo por el que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana acude a la Fiscalía General y no a la Fiscalía provincial, que hace varios años ya archivó en Alicante una denuncia similar de un particular.
Jordi Pérez es el secretario de Asociación Empresarial de Centros de Formación, Investigación y Desarrollo de la Provincia de Alicante (Cecap), adscrita a su vez a la autonómica Fevap, que se integra en la patronal CEOE. “Cada centro gestiona los pagos a sus docentes de una manera. Aquí en la federación solo tratamos temas comunes y no hablamos de las remuneraciones”, alega.
Vicente Piñuel Cabedo ha tenido durante años un centro de formación y fue presidente de la Asociación Empresarial de Centros de Enseñanza y Formación de Alicante(CECE). En unas delaraciones a Interviu en 2017 sobre la denuncia de los cursos de formación y las “mordidas” a docentes que ya que se había hecho en Alicante, Piñuel contestó: “Si hiciéramos lo que nos dicen en la administración perderíamos dinero. ¿A mí quién me paga mi trabajo como director del centro? De algún sitio tiene que salir para que coman nuestras familias”.
En esa misma entrevista, Piñuel contestó que habían trasladado al Gobierno que no podían seguir sin cobrar beneficio industrial. “No somos ladrones. Si esto no está regulado es por culpa del Estado. De alguna manera el centro de enseñanza tiene que vivir”, dijo. A preguntas de eldiario.es y al ser referenciado por esta entrevista, Piñuel niega la mayor y rechaza responder a ninguna pregunta. “Yo ya estoy jubilado”, afirma.
Una respuesta llamativa, porque a Vicente Piñuel sólo en 2018 le fueron adjudicas a su nombre por el servicio valenciano de empleo (antes Servef, ahora denominado Labora) hasta 14 cursos de formación para desempleados. Todos a través de un proceso competitivo y por un valor de más de 560.000 euros, según el buscador de subvenciones de la Generalitat Valenciana.
Vicente Mora, expresidente de Cecap en la anterior legislatura, tiene una de las empresas de cursos de formación más potentes de la provincia de Alicante. Mora también niega este tipo de prácticas. “Siempre ha habido garbanzos negros, pero no es la tónica global”, defiende. “¿Cómo se pueden demostrar esas acusaciones? En la Comunidad Valenciana se ha llevado un seguimiento más exhaustivo que en Andalucía”, concluye.
Dos profesores que trabajan en la actualidad para centros de formación de Callosa del Segura y Orihuela señalan que siguen devolviendo dinero a las academias, pero quieren mantenerse en el anonimato por miedo a perder el trabajo. “Yo devuelvo el dinero en mano, pero declaro el máximo. Por eso, a principio de año tienes que prever que Hacienda te puede reclamar entre 1.000 y 4.000 euros”, afirma uno de ellos, aunque recuerda que hay docentes que han declarado 100.000 euros y al año siguiente en la declaración han tenido que devolver 9.000.
El otro docente que guarda anonimato cuenta cómo se entra en este círculo vicioso. “Te llaman ellos (los centros) y la entrevista consiste en acordar las condiciones económicas. Ves cómo te van a pagar y cómo devolverles parte del dinero. Depende del centro si devuelves el dinero en metálico o te hacen facturas que pagas por servicios que supuestamente ellos te han prestado. Todo mentira, claro”, sentencia.
A cualquier persona a la que le interese este tema solo tiene que entrar en foros para encontrar decenas de comentarios sobre este fraude. Los hay de todo tipo, pero todos desde el anonimato. El trabajo peligra y la práctica ya está casi asumida hasta por la administración. Con esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, tal vez los denunciantes acaben poniéndole el cascabel al gato. O no, la práctica tiene tantos años como tiempo hace que están llegando los fondos europeos para los desempleados españoles. En abril cumplirán su XXV aniversario.
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