La Policía y la Fiscalía Anticorrupción interrogarán el jueves y el viernes en Barcelona a entre 15 y 20 autónomos y empresarios que supuestamente prestaron servicios para el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin. La nueva tanda de declaraciones, cuyos protagonistas declararán en sede policial, se produce en el momento en que los investigadores del caso avanzan a marchas forzadas en sus cálculos para fijar el importe de la fianza civil que, salvo viraje total, deberán afrontar el duque de Palma y su antiguo socio, Diego Torres. Y también es en esta fase cuando la acusación popular, ejercida por la abogada Virginia López Negrete en nombre de Manos Limpias, ha pedido al juez que declare como testigo la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
La dirigente conservadora admitió este verano y de forma pública que había celebrado un almuerzo con Urdangarin en 2008. En esas fechas, el duque de Palma llevaba oficialmente casi dos años oficialmente desligado de Instituto Nóos, pese a lo cual intentó que la Generalitat y el ayuntamiento de Valencia hicieran nuevos encargos a la pretendida ONG. Las fuentes consultadas en la investigación aseguran que el magistrado aún no ha decidido si obligará a Barberá a desfilar por el juzgado pero que la citación cabe dentro de lo “posible”.
La fianza civil, que busca garantizar el depósito del dinero presuntamente desviado en previsión de que una futura condena imponga su devolución, tendrá en todo caso carácter millonario. Las fuentes consultadas en el caso aseguraron ayer que el yerno del rey no ha dado hasta ahora ningún signo de que planee devolver los fondos antes de que el ministerio público solicite la caución y de que, previsiblemente, el juez acepte imponerla mediante un auto que incluiría un prolijo relato de las supuestas ilegalidades perpetradas. En total, Instituto Nóos captó 5,8 millones públicos de los Gobiernos de Valencia y Baleares bajo los mandatos respectivos de Francisco Camps y Jaume Matas, ambos del PP.
Aunque las fuentes consultadas no detallaron el porqué de esta nueva tanda de interrogatorios, el testimonio de estos proveedores podría servir para afinar las cifras de la fianza. Y ello porque, presumiblemente, su importe se corresponderá con la cantidad supuestamente malversada, cifra a la que habrá que añadir un tercio. Si Anticorrupción concluye que debe exigir el depósito de todo el dinero recibido por Instituto Nóos de Valencia y Baleares, la fianza podría sobrepasar de largo los siete millones de euros. Si, por el contrario, entiende que sólo cabe requerir lo correspondiente a facturas falsas o hinchadas, la fianza oscilaría entre tres y cuatro millones de euros.