La Fiscalía Anticorrupción confirmó este martes que Esperanza Aguirre arrasó con mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 haciendo trampas. La falta de indicios contra la presidenta madrileña y la prescripción de los delitos son los argumentos de la Fiscalía para sacar a Aguirre del escrito de acusación correspondiente a la pieza del caso Púnica que investiga la caja B del PP madrileño.
En los cinco párrafos de una nota hecha pública ayer pasadas las tres de la tarde, Anticorrupción no menciona a Aguirre y solo habla de “falsedad electoral”. En el texto, la expresidenta es tan solo una de las “152 personas físicas” que integran el grupo de identificadas o imputadas y que ya pueden olvidarse de la acusación de Anticorrupción en la pieza 9 del caso Púnica, el que investiga la financiación irregular del PP madrileño. Ahora resta que el juez Manuel García Castellón decida.
Tras más de cinco años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción cree que hay “claros indicios de falsedad electoral” en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, pero que los hechos correspondientes a las primeras están prescritos y las ilegalidades en los segundos comicios solo se pueden atribuir al gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, un presunto Bárcenas regional, y a Francisco Granados, el que fuera secretario general del PP y casi todo en el Gobierno autonómico de Aguirre.
A Granados y Beltrán Gutiérrez, Anticorrupción les atribuye un delito electoral que añade el cohecho en el caso del primero, o lo que es lo mismo, que se quedó con dinero. Pero la frase más relevante de ese párrafo es la que no menciona ningún nombre propio y aparece a continuación cuando plasma la petición de “sobreseimiento frente al resto de personas que fueron investigadas por tales hechos, como consecuencia de la prescripción”. Esto es: Esperanza Aguirre e Ignacio González, entre otros.
elDiario.es ha tenido acceso al escrito de 860 páginas en el que el fiscal Alejandro Cabaleiro rebate las conclusiones provisionales de los atestados de la Guardia Civil que obran en la causa, de los autos de los dos jueces del caso e incluso de los escritos de Anticorrupción antes de que la Fiscalía especializada cambiara de criterio.
Cabaleiro alude, por ejemplo, a la llamada en la que Ignacio González y Esperanza Aguirre hablan de Fundescam, la fundación clave para la financiación irregular del PP de Madrid. “Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado”, dice Aguirre. “La llamada es cierto que revela que la misma [Aguirre] pudiese sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral, pero igualmente revela que no tenía conocimiento de cómo había sucedido, pues la aseveración que realiza en torno a la utilización de la fundación Fundescam, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era, es un indicio sólido de tal extremo”.
Y continúa el fiscal Cabaleiro: “Lo anterior podría plantear si se situó en lo que se ha denominado ignorancia deliberada, pero afirmar tal cuestión, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusación”.
Otro de los indicios contra Aguirre fue el cambio organizativo que supuso que todas las contrataciones de publicidad dependieran de la directora general de Medios y persona muy próxima a Aguirre, Isabel Gallego Navarrete. “Tampoco constituye un indicio de que Aguirre hubiese efectuado tal nueva estructura organizativa con fines delictivos, pues ninguna de las personas respecto de las que existen indicios ha declarado que la misma participase en procedimientos de contratación con las empresas de publicidad”.
Para el fiscal Cabaleiro, que Esperanza Aguirre presidiera la Comunidad y el partido no la hace necesaria conocedora de los hechos: “El genérico hecho de que, en tanto presidente, tenía un control absoluto de todo lo que sucedía, resulta claramente insuficiente para atribuir responsabilidad penal por estos hechos”.
El fiscal se refiere a los trabajos de reputación online que fueron cargados al erario público cuando solo iban en beneficio personal de los políticos que ocupaban cargos en la Comunidad de Madrid, incluidos Esperanza Aguirre o Ignacio González. El artífice de esos trabajos era el informático Alejandro de Pedro, quien en un correo del 23 de agosto de 2013 con otro implicado habla del conocimiento que tiene de los hechos “Esperanza”. “Puede ser un indicio, pero por sí solo –incluso unido al resto de los expuestos– es muy endeble e inconsistente para sostener una acusación formal”.
En el otoño de 2017, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil escribieron en un atestado lo que suponían esas trampas: “Numerosas irregularidades que la sustentaron (la financiación de las campañas) suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político”.
Solo en la campaña de 2007, el PP engañó al Tribunal de Cuentas en más de 2,5 millones de euros al declarar lo gastado en aquellos días que precedieron a las elecciones. En 2011, el partido informó a la Cámara de Cuentas de que había gastado 2.986.624 euros en la campaña electoral. El límite que fija la ley son 3.229.342 euros, pero la UCO sostuvo que el partido gastó 6,2 millones de euros gracias a donaciones ilegales de empresarios, subvenciones públicas desviadas y financiación a través de facturas falsas.
En papel mojado queda el trabajo de las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, quienes, junto a los investigadores de la UCO, impulsaron el caso de la financiación irregular del PP madrileño. Del más de un centenar de imputados solo proponen juzgar a diez.
De forma indiciaria, la Guardia Civil, con el acuerdo entonces de la Fiscalía y del juez, aseguró tras analizar las pruebas de la caja B del PP madrileño en un pendrive de Beltrán Gutiérrez que el “elemento nuclear de la trama” era Fundescam. La fundación recibía subvenciones de dinero público de la Comunidad de Madrid y libraba “facturas por conceptos mercantiles falsos que enmarcaban gastos electorales del Partido Popular de Madrid, todo ello en connivencia con determinados proveedores de las campañas electorales citadas”.
Por otra parte, empresarios ingresaban dinero en Fundescam que esta utilizaba también para financiar las campañas del PP. Luego, esos empresarios recibían adjudicaciones de organismos controlados por el PP, como era el caso de Arturo Fernández con la cafetería de la Asamblea de Madrid. En esta última dinámica, la Guardia Civil y Anticorrupción implicaron a Cristina Cifuentes, pero el juez García Castellón acabó exculpándola después de que la Fiscalía cambiara de criterio. La Guardia Civil también destacaba el papel de Ignacio González, director del comité de campaña en 2007, y otro de los hoy exculpados por Anticorrupción.
En su auto de imputación, el juez García Castellón llegó a decir de Esperanza Aguirre: “Desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid”.
Hay otro aspecto relevante de la nota de Anticorrupción por lo que no recoge. El texto asegura que el informe de conclusiones de esta pieza 9 está redactado por Alejandro Cabaleiro. Eso significa que las otras dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, han decidido no estampar su firma. Gálvez podría haberlo hecho como fiscal del caso desde sus inicios aunque en los últimos tiempos había sido relevada por Cabaleiro por criterios de distribución de trabajo, según una fuente autorizada de Anticorrupción. En cualquier caso, García Cerdá, implicada hasta el final, no respalda el texto de su compañero, quien llegó a la Fiscalía especializada con el caso muy avanzado.
Fuentes fiscales asegura que el jefe, Alejandro Luzón, respalda por completo las conclusiones de este fiscal frente al criterio de García Cerdá, quien difiere en los cálculos de prescripción que dejan fuera de la acusación de Anticorrupción a los principales implicados, Aguirre y González. Consideran asimismo que las conclusiones de Cabaleiro no suponen una enmienda al trabajo durante años de sus compañeras y que el hecho de que se hayan reducido en un 90% el número de acusados responde al interés por que todos los que se sienten en el banquillo tengan posibilidades reales de ser condenados.
El escrito de Anticorrupción, largamente esperado, se conoció ayer poco después de la sorpresa que supuso en la carrera fiscal la renuncia de su fiscal general, Dolores Delgado, por motivos de salud. Delgado se marcha sin que se haya resuelto quién va a ser el jefe de Anticorrupción en los próximos cinco años, toda vez que el mandato de Luzón concluyó el pasado 12 de julio y en estos momentos actúa en funciones. Luzón informó de las líneas generales del escrito de Anticorrupción a Delgado hace días.
De postularse para renovar el mandato al frente de Anticorrupción, Alejandro Luzón se tendrá que medir con otros candidatos, con el requisito de llevar más de 20 años en la carrera, que opten al puesto. Será ya con Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado.
elDiario.es ha desvelado en los últimos meses el contrato del que cobró el hermano de Ayuso o el caso Mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. En 2014, contamos en exclusiva la existencia de la Policía política de la que seguimos desvelando más detalles. ¿Has pensado cuántas noticias no hubieras conocido si no existiera elDiario.es? Si crees que nuestro trabajo importa, ayúdanos.