La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que la querella que el PP ha presentado contra el PSOE por financiación ilegal no pase ni el primer filtro de la Audiencia Nacional. El departamento que dirige Alejandro Luzón ha solicitado al juez Santiago Pedraz que inadmita esta acción penal con la que el partido de Alberto Núñez Feijóo acusa a la formación socialista de diversos delitos a raíz de dos testimonios anónimos publicados por un medio de comunicación. Ahora será el magistrado quien decida si abre una investigación o si, como pide el Ministerio Público, rechaza estas acusaciones sin llegar a abrir diligencias por ausencia de indicios.
La querella del PP presentada en la Audiencia Nacional, cuyo contenido desveló elDiario.es, acusaba al PSOE por financiación ilegal pero se basaba en noticias publicadas por el medio The Objective. Informaciones donde dos personas anónimas relatan que el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales imputados del caso Koldo de corrupción, habría mediado con un empresario del sector de los hidrocarburos para conseguir licencias a cambio de una comisión de 600.000 euros. Según estos testimonios anónimos, un total de 90.000 euros acabaron en bolsas en la sede central del PSOE de la calle Ferraz.
Anticorrupción no ha hecho públicos sus argumentos al encontrarse la causa bajo secreto, informa la Fiscalía, pero su criterio es que esta acción penal esgrimida por el PP sea inadmitida de plano y ni siquiera se abra una investigación al respecto. “Todo apunta a financiación irregular y es lo que queremos que se investigue”, dijo el portavoz Borja Sémper hace unos días.
El Partido Popular ha llevado a los tribunales su ofensiva contra el Gobierno después de las últimas revelaciones del caso Koldo y del entramado de hidrocarburos que salpica a Víctor de Aldama. En los últimos días la misma Fiscalía Anticorrupción ha pedido que parte de la causa sea llevada al Tribunal Supremo para que el exministro y diputado José Luis Ábalos sea investigado. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que el entonces ministro de Transportes recibió contraprestaciones por apoyar a la trama en adjudicaciones públicas. Entre otras cosas, según los investigadores, pagar el alquiler de su pareja y un chalé del que disfrutó el político.
La ofensiva del PP para arrinconar al Gobierno por los múltiples frentes judiciales abiertos tanto en el caso Koldo como en las investigaciones a la esposa y el hermano del Presidente y la reciente imputación del fiscal general llega después de que en privado sus dirigentes hayan reconocido que el ejecutivo central tiene la capacidad de sacar adelante los próximos Presupuestos Generales, descartando una moción de censura.