La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra los presuntos implicados en la trama eólica en Castilla y León, en la que ex altos cargos de la Junta y empresarios afines se aliaron con Iberdrola y Endesa para gestionar la concesión de parques eólicos a cambio de comisiones millonarias.
Según adelantó El Confidencial, la Fiscalía ha imputado por el momento a 21 personas. Sin embargo, estas primeras imputaciones se han realizado durante las diligencias de investigación previas a la judicialización del caso, por lo que no se descarta que una ampliación, esta vez por orden judicial, sitúe a nuevos personajes en el caso.
Anticorrupción circunscribe la trama en Valladolid aunque los parques eólicos de los que obtuvo las comisiones estén repartidos por varias provincias de Castilla y León. Por ello, el pasado viernes hizo llegar la querella al juzgado que estaba de guardia en la ciudad, el de instrucción número 4. A principios de la próxima semana se asignará al juez que corresponda. A partir de ese momento, según fuentes del caso, el fiscal Tomás Herránz Sauri, se desplazará a Valladolid para continuar con la investigación y empezar con las primeras declaraciones de los imputados.
El fiscal coloca como centro de la trama a Rafael Delgado, que fue viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería entre 2003 y 2011, y que desde 2006, mediante la fórmula administrativa de la avocación, se hizo con la potestad de adjudicar parques eólicos, que antes recaía en funcionarios de la Junta.
El fiscal considera que Delgado obligaba a las promotoras de parques a cederlos a empresas locales, o al menos a permitir una participación mínima del 40% a estas empresas locales. Si no aceptaban, los parques no se autorizaban.
La querella destaca varios casos en los que Delgado actuó de forma ilegal. Uno de ellos es el de la empresa Ibervento, adelantado por eldiario.es en el que el empresario no sólo relataba cómo se habían paralizado sus parques, sino que también alertaba al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, del “abuso de poder” que se estaba produciendo, y le solicitaba un encuentro al que Herrera nunca accedió.
Por ser el que, en apariencia, obtuvo mayor beneficio económico, el fiscal también denuncia a Alberto Esgueva, ex consejero delegado de la oficina de internacionalización de la Junta, Excal, que dejó su puesto para asociarse con Iberdrola y dar un pelotazo de 47 millones de euros en una sola venta.
El socio actual de Esgueva en la empresa constructora que ha montado en Varsovia, Germán Martín Giraldo, es otro de los imputados (también lo está en el caso Perla Negra), junto a los hermanos propietarios de la constructora Collosa, Alejandro, Miguel y Patricio Llorente. En el momento en que estos tramitaban parques eólicos, entre 2006 y 2007, recibieron adjudicaciones de la Junta de Castilla y León que superaron los 130 millones de euros. Además, fueron quienes consiguieron la cesión de explotación de algunos parques como el que se paralizó a Ibervento. Los Llorente forman también parte del caso de las supuestas comisiones que cobraba el exdiputado Vicente Martinez-Pujalte, al que pagaron 75.000 euros por “asesorías verbales”.
Entre los imputados están también cuatro altos cargos de Iberdrola, el delegado en Castilla y León de Iberdrola Renovables, Ricardo Bravo Sayas, y el director adjunto de la auditoría interna, Rafael Icaza. Ambos se asociaron con la empresa de Esgueva, San Cayetano Wind, en 2004, y así obtuvo Esgueva la comisión de 47 millones. Por ser una operación contraria a la lógica mercantil, el fiscal entiende que el responsable de la dirección de negocio de Iberdrola Renovables, Pedro Barriuso, tuvo que ser conocedor de la misma, al igual que ocurre con su sucesor en el cargo, Xavier Viteri.
Eduardo Merigó, presidente de Preneal, otra empresa dedicada a las energías renovables, también pasó por caja, y cedió gratis a Esgueva dos parques. Tras una cancelación del acuerdo que reportó a Esgueva 6 millones de euros, los parques antes se autorizaron. A través de otra sociedad, Cronos Global, Esgueva consiguió otros 7 millones de Preneal.
Decisión inesperada para algunos implicados
La trama eólica salió a la luz en diciembre de 2015 gracias un inspector de la Agencia Tributaria que calculó un mínimo de 110 millones de euros en comisiones ilegales. Anticorrupción lo reduce a 80. Sin embargo, fuentes del caso no descartan que la cantidad aumente durante la instrucción de la causa.
El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha repetido incesantemente que Castilla y León “no está en el mapa de la corrupción”, aseguró este sábado 29 de abril en Lerma (Burgos) que el caso es “una excepción”. “La inmensa mayoría de los responsables públicos procuramos cumplir siempre la ley, con nuestros errores y equivocaciones. La corrupción nos hace mucho daño a todos, pero afortunadamente es una excepción”, dijo.
Herrera no quiso reconocer que la investigación afectaba a personas que habían formado parte de la Junta y se refirió a “personas individuales y empresas” mientras que afirmaba no conocer el contenido de la querella y por lo tanto la identidad de los 21 querellados.
Hasta el momento, Tomás Villanueva, consejero de Economía que se retiró tras estallar el escándalo, no ha sido citado, pero fuentes judiciales avanzaron a eldiario.es que, aunque fuese como testigo, su declaración es “inevitable”. La querella de Anticorrupción fue una sorpresa no sólo para la Junta, donde después de dos años se daba el caso por archivado, sino también para algunos de los investigados que conocieron la decisión de la Fiscalía a través de una llamada de este diario. Algunos de ellos habían planeado, incluso, querellarse contra quienes publicaron el caso.
Tanto PSOE como Podemos y Ciudadanos aprovecharon la situación para criticar la paralización, desde hace un año y cuatro meses, de la comisión de investigación de este caso. Las declaraciones dejaron de señalarse cuando el Grupo Parlamentario Socialista solicitó la comparecencia de Juan Vicente Herrera.