La situación procesal de Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, se acaba de complicar con la imputación de delito fiscal solicitada ayer por la Fiscalía y que ha trascendido hoy. En su denuncia, el fiscal del caso, Pedro Horrach, sostiene que Urdangarin cometió dos delitos fiscales como persona física en los ejercicios 2007 y 2008 mientras que Instituto Nóos habría perpetrado otro en 2007, lo que afecta al yerno del rey, a Torres y a la esposa de este último, Ana Tejeiro. En su escrito, el fiscal pide que declaren Urdangarin y Torres, que esta vez tiene la oportunidad de dar su versión de los hechos antes de que la instrucción entre en su recta final.
En total, y sin perjuicio de que la cantidad pueda incrementarse si Suiza coopera con la investigación, Anticorrupción cifra en casi medio millón de euros lo defraudado: Nóos, cuyo presunto delito afecta tambíén a Diego Torres, habría evadido al fisco 230.979 euros. Urdangarín, casi el doble: 240.000 euros como mínimo.
Según el ministerio público, el duque de Palma usó la empresa Aizoon, cuya titularidad comparte con la infanta Cristina, como “sociedad pantalla” para minorar artificialmente los ingresos que recibió como persona física en 207 y 2008. El fiscal basa su denuncia en los informes encargados a Hacienda para levantar el velo del entramado. Es decir, para saber cuánto tendrían que haber pagado a Hacienda Urdangarin y Torres de no utilizar como ínstrumento a la pretendida asociación sin ánimo de lucro Instituto Nóos y de no tenerse en cuenta el cruce de facturas “ficticias” entre sociedades del grupo.
Ese informe constata que, en su declaración de IRPF de 2007, el yerno del rey anotó ingresos por 267.576 euros. No incluyó sus ingresos procedentes de seis empresas a las que asesoraba o a cuyo consejo pertenecía, entre ellas Mixta África, Aceros Bergara y Motorpress Ibérica. Sus servicios a esas seis sociedades le reportaron 569.720 euros que computó como ingresos de Aizoon para obtener una tributación más ventajosa.
El fiscal basa su denuncia en los informes encargados con urgencia a Hacienda para determinar si hay indicios de delito fiscal y hacerlo antes de que, en julio de este año, prescriban los cometidos en 2007. Pero falta aún un informe de Hacienda que podría elevar el cómputo de lo defraudado: el solicitado para levantar el velo del entramado. Es decir, para saber cuánto tendrían que haber pagado a Hacienda Urdangarin y Torres si no se considera a Instituto Nóos como asociación sin ánimo de lucro. Anticorrupción sostiene que la ONG no era tal sino el pilar sobre el que se sustentaba un entramado empresarial que captó 5,8 millones públicos en Valencia y Baleares.