La Paz, 25 nov (EFE).- El juicio a el gobernador opositor suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su rol en la crisis política de 2019, se aplazó hasta el 6 de enero del próximo año, informó esta lunes el subprocurador de Bolivia, Ricardo Condori.
La audiencia del juicio, que estaba prevista para realizarse esta jornada, fue suspendida debido a que una jueza del Tribunal de Sentencia de La Paz se reportó con baja médica y también por la inasistencia de uno de los acusados, el ex líder cívico de la región andina de potosí Marco Antonio Pumari.
El subprocurador Condori añadió que por esas razones, el tribunal de jueces tomó la decisión de aplazar el juicio hasta el 6 de enero de 2025.
“El procedimiento establece que los juicios tendrían que ser continuos, pero en este caso, tomando en cuenta las interrupciones de las partes, considero que este juicio da para largo”, afirmó el abogado de Camacho, Fernando Vaca.
El juicio por el caso denominado 'Golpe de Estado I' comenzó en octubre y durante este tiempo se llevaron a cabo al menos cuatro audiencias y hasta la fecha solo la parte acusadora ha presentado incidentes en el proceso.
Vaca contó que aún se continúa en la etapa de presentación de incidentes y en enero, cuando se reinstale el juicio, el tribunal deberá terminar con dicha etapa para luego pasar a la presentación de pruebas y alegatos.
El caso se inició por una denuncia de la exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia en 2019.
El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que la dimisión de Morales fue por un “golpe de Estado”, mientras que sus detractores afirman que las protestas sociales que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019.
El gobernador, que cumplirá en diciembre dos años en la cárcel, está acusado de haber liderado las protestas poselectorales contra Morales en 2019, cuando todavía era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, por lo que fue imputado por los delitos de terrorismo, seducción de tropas y cohecho activo, entre otros.
Otra de las procesadas por este caso era la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), pero en una de las primeras audiencias el tribunal decidió apartarla del juicio bajo el argumento de que fue procesada y sentenciada a 10 años de prisión por los mismo hechos en el caso 'Golpe de Estado II', por lo que no podría llevarse adelante un doble juzgamiento.