A principios de esta semana el Ministerio de Defensa confirmó que ha paralizado la salida de un cargamento de bombas de precisión láser hacia Arabia Saudí por el alto riesgo de que se empleen para cometer crímenes de guerra en Yemen. La decisión había sido adelantada en agosto, cuando el departamento dirigido por Margarita Robles anunció que iba a “revisar las posibles ventas que estén todavía en trámite y que pudieran implicar la utilización directa de armamento contra población civil”. Impedir este tipo de exportaciones no es solo una iniciativa política, sino una obligación estipulada por la legislación española.
La Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, que regula la exportación de armamento, no deja dudas al respecto. Impide las ventas cuando “existan indicios racionales” de que las armas “puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz”, “exacerbar tensiones o conflictos latentes”, “con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos” o “tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos”. Arabia Saudí viola varios de esos preceptos, como han atestiguado organismos internacionales como Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.
En el caso de la venta paralizada ahora la vulneración de la norma era incluso más evidente, ya que las bombas de precisión láser son del mismo tipo al utilizado por las fuerzas saudíes para atacar infraestructuras básicas yemeníes como hospitales y plantas de agua.
Ese tipo de crímenes de guerra empezaron a ser documentados en marzo de 2015, el mismo año que el Gobierno del PP autorizó la fabricación de las bombas de precisión para Arabia Saudí. Preguntado por este medio, el Ministerio de Defensa no ha querido revelar la fecha exacta en la que se autorizó la exportación. Sin conocerla, no es posible saber si el anterior Gobierno incumplió la ley al dar luz verde a la venta de las bombas de precisión.
En cualquier caso, la ley sobre comercio de armas no hace distinciones entre el tipo de armamento para desestimar una autorización. Cuando existan esos “indicios”, debe desestimarse la venta de material militar. Sin embargo, con sobrada evidencia de lo que ocurre en Yemen y del hallazgo de armas españolas en sus campos de batalla, el Gobierno del PP siguió concediendo autorizaciones de exportación hacia Arabia Saudí.
En 2017, bajo el mandado de la entonces ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, España autorizó más ventas a Arabia Saudí que nunca antes. El contrato paralizado por Margarita Robles supone menos del 1% de las armas exportadas desde el comienzo de la guerra. Esta misma semana ha atracado en el puerto de Santander un barco saudí para llevarse un cargamento de balas españolas.
Hecha la ley, hecha la trampa
Hecha la ley, hecha la trampa En el momento de aprobación de la ley, 2007, esta se vendió como un gran éxito. El PP había vetado su desarrollo en las legislaturas previas haciendo uso de su mayoría absoluta, lo que provocaba que la exportación de armas se regulara a través de decretos ley. Joan Clos (PSC), entonces ministro de Industria, declaró que España aprobaba un sistema de control “sumamente exigente y riguroso”. Preguntado por este medio, Clos ha preferido no pronunciarse sobre las exportaciones de armas autorizadas por el PP los últimos años.
Quien sí lo ha hecho ha sido uno de los principales redactores de la norma, el entonces diputado de CiU, Carles Campuzano, hoy en el PDeCat. “El problema que ha habido desde el día uno de la aprobación de la ley han sido los criterios de interpretación”, reconoce, explicando que el Gobierno puede autorizar ventas a Arabia Saudí si su gobierno firma cláusulas de no reexportación y justifica la compra en la defensa de posibles ataques.
El diputado detalla que la norma no precisó el protocolo para controlar las armas una vez que llegan al destino. Es la trampa: once años después de la aprobación de la ley, Defensa reconoció a eldiario.es que no tenía ninguna forma de revisar que los países receptores del armamento español lo utilizan para aquello a lo que se comprometieron. Se comprometió entonces a redactar un protocolo, que el nuevo equipo ministerial espera presentar en breve.
Eso sí, Campuzano expone que la ley no planeó ningún instrumento de sanción para con los Gobiernos que la incumplan. “Los únicos mecanismos son los políticos. Cuando un Gobierno toma una decisión que otro grupo considera que no es correcta, puede intentar la reprobación. Es el instrumento parlamentario previsto”.
“La única opción es presentar un recurso contencioso-administrativo e impugnar una venta en concreto”, explica Alberto Estévez, portavoz de la campaña Armas bajo Control, de la que forman parte Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, FundiPau y Greenpeace. “Ese proceso te puede llevar dos o tres años de pelea. Además, necesitas tener mucha información sobre ese contrato en concreto, algo que no suele ser posible porque las actas de la Junta Interministerial encargada de autorizar las ventas de armas son secretas”, argumenta.
Los representantes de esta campaña llevan años reuniéndose con el Gobierno para alertar de la situación de las armas españolas en Yemen y otros países que atraviesan tensiones políticas. Califican de “muy buena noticia” los avances en el protocolo de control que inició el PP y espera finalizar el PSOE, aunque Estévez señala que ha habido un cambio “como entre la noche y el día” entre ambos equipos: “Antes te decían que no, que España iba a seguir exportando y ya está. Ahora por lo menos hay una voluntad de impedir este tipo de ventas”.
Explicaciones en el Congreso
Explicaciones en el CongresoOtra de las medidas contempladas en la ley de 2007 es una comparecencia obligatoria en la Comisión de Defensa del Congreso para presentar el informe anual de exportaciones de armas. Este año esa comparecencia llegó a estar en duda, ya que el PSOE se vio en la tesitura de defender un informe elaborado por el Gobierno del PP con las cifras de 2017, etapa de gobierno de los populares. Tras meses de debate en la mesa de la comisión, la presión de Unidos Podemos logró convencer al grupo socialista de la secretario de Estado de Comercio “acudiera a informar, no a defender el informe del PP”, revela el portavoz morado de Defensa, Juan Antonio Delgado.
La comparecencia ha sido finalmente agendada para este viernes. El anuncio de la paralización del contrato con Arabia Saudí, que ha sido tachado de “electoralista” por la oposición por suponer tan solo un 1% de las ventas totales, ha venido como anillo al dedo al PSOE, que además de comentar las cifras de exportación, anunciará “la revocación o suspensión de las autorizaciones efectuadas y si va a haber algún cambio de la política de exportación de armas a estos países”.