El juez del caso Emperador, Fernando Andreu, ha archivado la causa abierta a siete policías nacionales, dos locales y un guardia civil al no ver acreditado que favoreciera a miembros de la red china de blanqueo de dinero supuestamente liderada por Gao Ping a cambio de dádivas, regalos o dinero.
En su auto, al que ha tenido acceso Efe y contra el que cabe recurso, Andreu señala que los resultados de “la amplia y detallada investigación” vienen a dejar “sin fuerza ni vigencia las endebles sospechas que se consignaban en el informe de la Unidad de Asuntos Internos que dio origen a la presente pieza separada”.
No se ha acreditado, “ni siquiera indiciariamente”, señala el juez, “la existencia de dádiva, favor o retribución alguna que pudiera tener relación con el ejercicio de las funciones propias de los inculpados”.
Y prosigue argumentando que “todos los ofrecimientos que se refieren en el informe policial (sin que se haya constatado su aceptación por partes de los implicados) se reducen al ofrecimiento de un jamón en una fecha tan señalada como el fin de año y alguna botella de vino” por parte de Yongping Wu Liu, dueño de una tienda de vinos.
Respecto a este último, para el que también archiva la causa, Andreu indica que, si bien ha ofrecido vino “muy puntualmente” como obsequio a alguno de los inculpados, “con los que mantiene una relación de amistad”, esos ofrecimientos “en ningún momento traspasan los límites admitidos socialmente” y por tanto no pueden considerarse delito.
Además, tal y como “vinieron a confirmar en su declaración testifical los funcionarios de la Unidad de Asuntos Internos”, Andreu insiste en que “no existe dato indiciario alguno que permita siquiera sospechar la existencia de pagos en dinero a ninguno de los inculpados, ni como contraprestación por actuaciones ilícitas, ni en consideración a su función”.
En un último informe del pasado mes de julio, basado en un análisis patrimonial de los imputados, Asuntos Internos sostuvo que la red de Gao Ping benefició a un guardia civil y a siete policías nacionales y dos agentes de la Policía local de Fuenlabrada con dinero en efectivo, contratos laborales y operaciones empresariales.
Sin embargo, explica el juez, “los propios inculpados se han encargado de acreditar el origen legal de los ingresos en efectivo detectados en las operaciones registradas en sus cuentas corrientes, acreditando lo inexacto de las presunciones que, en contra de las bases fundamentales que determina el principio de presunción de inocencia, se vierten en su contra en el informe de la Unidad de Asuntos Internos”.
En cuanto a la revelación de secretos que se les imputaba a alguno de ellos por consultas a las bases de datos policiales (ADEXTRA, SINDEPOL, ARGOS), “a fin de obtener información sobre determinados datos de las personas que se los pedían”, Andreu afirma “con toda rotundidad” que en ningún caso esas consultas habrían favorecido a “las ilícitas actividades” investigadas en el caso.
Concluye así el juez que los indicios de presunta corrupción policial en este caso “se han desvanecido hasta el punto de desaparecer” y destaca que para acusar a alguien de una actuación delictiva no basta con “ligeras sospechas”; en este caso, la instrucción “ha desvirtuado toda posibilidad de que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito”.
Por ello, levanta la imputación al inspector Federico Sánchez de Frutos, actualmente en segunda actividad y que fue jefe en la Brigada de Extranjería de Madrid; al comisario jefe de Extranjería de Madrid Ángel Luis Olmedo y al agente Roberto Ruiz Ortega.
Asimismo, quedan fuera de la causa Blas Donoso Adán, que estuvo destinado en la Brigada de Extranjería de Fuenlabrada, y los agentes Manuel Patricio Rodríguez San Román, Óscar Francisco García y Miguel Ángel Gómez Gordo, así como el guardia civil Pablo José Jiménez.
También se archiva para los dos policías locales de Fuenlabrada José Pablo Roldán y Mario José Selas.
Andreu, que desde 2012 investiga el caso Emperador, se inhibió temporalmente de esta causa alegando su amistad con el comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, y su sustituto natural, Ismael Moreno, aceptó hacerse cargo del caso.
Cuando la imputación al comisario quedó archivada, Andreu volvió hacerse cargo del caso, y el pasado 9 de julio dejó en libertad al presunto cabecilla de la trama china de blanqueo, Gao Ping, después de que abonara los 400.000 euros que le impuso como fianza.