La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha archivado toda su investigación a excepción de la que afecta a la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes. La magistrada argumenta su decisión en la resolución del Tribunal Supremo respecto de Pablo Casado al interpretar que ésta condiciona casi toda la instrucción que ha llevado a cabo.
“No resulta posible circunscribir la decisión del Alto Tribunal al aforado, ni apartarse esta instructora de su superior criterio en lo que es responsabilidad de esta magistrada-juez, a saber, los no aforados, cuando la argumentación le resulta de plena aplicación”, recoge la magistrada en un auto.
Los únicos investigados en este momento son la propia Cifuentes, el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, cuya firma aparece en el acta falsificada, y la asesora de la expresidenta María Teresa Feito, quien presionó presuntamente a las docentes para conseguir una coartada.
Una vez el Tribunal Supremo ha zanjado que no hay cohecho ni prevaricación administrativa, la magistrada aclara que el único delito por el que investiga a los cinco citados es el de falsificación documental.
El caso Máster se inició el pasado 21 de marzo cuando eldiario.es desveló que Cristina Cifuentes había obtenido un posgrado de derecho autonómico en la URJC con notas falsificadas. La entonces presidenta regional intentó justificar que sí había cursado esos estudios aportando cinco documentos como prueba. Uno de ellos era el acta de la defensa del TFM. Un papel de la universidad, pero sin sello oficial, escrito a mano y con la firma de las tres miembros del supuesto tribunal. Pues bien, dos de esas firmas estaban supuestamente “falsificadas”. Este es el único documento que, actualmente, sigue siendo objeto de investigación.
De forma paralela, en otro juzgado de Plaza de Castilla siguen imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique. Ambos periodistas sacaron a la luz las irregularidades de la expresidenta regional en torno a este máster, lo que derivó en su dimisión y el final de su carrera política.
“Trato de favor”
En el auto en el que rechazó investigar a Casado, el Supremo subrayó que no existían indicios de que el líder del PP se pusiera de acuerdo con los profesores. De ahí de no vieran rastro de cooperación a la prevaricación en su actuación. Los magistrados llegaron a la conclusión de que sí había indicios de que Casado resultó beneficiado pero no de que él jugase un papel relevante en eso.
En contra de lo suscrito en la exposición razonada en la que instó al Supremo a investigar a Casado, la jueza asume ahora el criterio del Alto Tribunal en algunas de las cuestiones clave que la llevaron a iniciar esta investigación. Por ejemplo, mantiene que el hecho de que se permitiera al alumnado no asistir a clase a pesar de ser un máster presencial puede ser “un mero trato de favor” y no un indicio “consistente” de que nos encontramos ante un “regalo concertado” entre alumno y profesor.
En otra parte del auto, la jueza recuerda que ni el Alto Tribunal ni la Fiscalía, que también se mostró en contra de que se abriera una investigación por este asunto al presidente del PP, mencionaron en sus escritos las manifestaciones de una de las alumnas con expediente similar a Casado, que reconoció que por indicación del catedrático Álvarez-Conde no fue a clase y no hizo trabajo alguno en el máster, a pesar de lo cual obtuvo el título.
El hecho de que estas declaraciones no fueran mencionadas en ambos escritos “expresa o tácitamente” lleva a la magistrada a concluir que “no deben ser consideradas indicio alguno de una mecánica de comisión delictiva llevada a cabo entre una serie de alumnos –en los que concurrían unas mismas características– y el profesorado”.
Tanto la Fiscalía como las partes personadas pueden presentar un recurso de reforma ante la propia magistrada, que en caso de nos prosperar se trasladaría a la Audiencia Provincial de Madrid.