La Fiscalía Superior del País Vasco ha archivado la denuncia de la asociación Dignidad y Justicia contra el parlamentario vasco de EH Bildu Iker Casanova, al considerar que el diputado autonómico ya cumplió la condena de inhabilitación de cargo público que le impuso el Tribunal Supremo por pertenencia a ETA.
Dignidad y Justicia presentó ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia por un supuesto delito de quebrantamiento de condena de inhabilitación por parte de Casanova, que tomó posesión de su cargo de parlamentario vasco en septiembre de 2014, en sustitución de la hasta entonces portavoz de EH Bildu en la Cámara de Vitoria, Laura Mintegi.
Casanova fue condenado en 2007 por la Audiencia Nacional a 11 años de cárcel e inhabilitación para cargo público por pertenencia a banda armada dentro del sumario 18/98, seguido contra varias organizaciones del entorno de ETA.
Salió de prisión en 2011, después de que el Tribunal Supremo rebajara las penas a siete años y seis meses.
La asociación Dignidad y Justicia argumentaba en su denuncia que, aunque Casanova ya había cumplido la condena de prisión, la duración de ambas penas, la de cárcel y la de inhabilitación, no estaba vinculada y su cómputo debía ser independiente.
De esta forma, esta asociación presidida por Daniel Portero señalaba que Casanova no podía ocupar un escaño en la Cámara vasca por no haberse extinguido aún la pena de inhabilitación, que estaría cumplida a su juicio el 22 de noviembre de 2016, es decir, siete años y medio después de la sentencia firme, que se dictó en marzo de 2009.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional remitió las diligencias de esta investigación a la del País Vasco.
El fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha confirmado hoy a Efe que ha archivado estas diligencias dado que Casanova ya cumplió la pena de cárcel y también la de inhabilitación en 2011, por lo que su toma de posesión como parlamentario fue correcta.
El fiscal superior ha explicado que la condena de inhabilitación era accesoria a la de cárcel y por tanto quedó extinguida en 2011, el mismo día en el que salió de la cárcel al tenerse en cuenta además el tiempo que Casanova estuvo en prisión provisional.