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La única investigación abierta hasta el momento en los tribunales sobre la actuación del Gobierno durante la peor crisis sanitaria en más de un siglo ha acabado en archivo provisional. La jueza Carmen Rodríguez-Medel dio carpetazo este viernes a la causa abierta hace poco más de dos meses, en los momentos más duros de la pandemia, contra el delegado del Gobierno en Madrid por no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista del 8 de marzo.
Este archivo provisional cuestiona la estrategia de oposición del Partido Popular y de Vox, que en las últimas semanas se habían agarrado a la tesis de que el Gobierno ocultó información sobre la expansión del coronavirus y permitió que la ciudadanía se contagiara en las marchas feministas por puro sectarismo partidista. La jueza no ve responsabilidad penal en la actuación de José Manuel Franco porque en ese momento no tenía información sanitaria “cierta, técnica y fundada” sobre la expansión del coronavirus y tampoco nadie le dijo que prohibiera esas manifestaciones.
“La hecatombe se veía venir. Lo sabían”, tuiteó este lunes el líder del PP, Pablo Casado, haciéndose eco de un polémico informe forense remitido a la jueza. “El pecado original de esta pandemia es la obsesión ideológica por el feminismo”, había dicho la semana anterior su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo. En Vox tampoco han escatimado en declaraciones subidas de tono en los últimos días. Su portavoz en la comisión de Sanidad, Juan Luis Steegmann, aseguró este jueves que el pasado 8M “pasará a la historia de la enfermedad y de la desgracia en España”.
En esa estrategia de oposición han tenido mucho que ver los informes del forense y de la Guardia Civil, estos últimos plagados de conclusiones sesgadas, errores y hasta bulos difundidos por algunos medios, que han servido a la jueza para mantener abierta durante más de dos meses esta investigación. Los testigos desmontaron ante la jueza una de las principales tesis con la que la Guardia Civil trató de apuntalar la acusación de prevaricación contra Franco: que la Delegación del Gobierno presionó a quienes tenían actos convocados después del 8M para que los anularan por la alerta sanitaria mientras había mantenido la marcha feminista.
La decena de promotores de manifestaciones interrogados negaron esas presiones, lo que llevó a la magistrada a concluir que “no ha quedado indiciariamente acreditado que con dichas llamadas se coaccionara a los convocantes o manifestantes a no ejercitar su derecho fundamental”. Varios testigos aseguraron que ni siquiera fueron contactados o que ya habían tomado la decisión de suspender antes de que los funcionarios de la Delegación del Gobierno se pusieran en contacto con ellos.
Illa y Simón en los informes de la Guardia Civil
En sus informes, tanto el instituto armado como el forense señalaron al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aunque ninguno estaba siendo investigado por la jueza.
De este último, diana de las críticas de la derecha por ser la voz del Gobierno durante la pandemia, la Guardia Civil llega a decir en uno de sus atestados que algunas de sus palabras “implican un propio riesgo para la comunidad”. El médico forense Julio Lorenzo Rego, por su parte, afirmó en el segundo de sus informes que “la hecatombe en España” que ha devenido en la crisis sanitaria “se veía venir” desde semanas antes del 8 de marzo y que ambos conocían la situación.
La jueza rechazó actuar contra Simón porque ya había otras denuncias contra él en otros juzgados que también han acabado archivándose sin dar lugar a ninguna investigación. No obstante, en el auto en el que cierra la investigación contra el delegado del Gobierno Rodríguez-Medel deja abierta la puerta a otras responsabilidades y advierte de que si otras autoridades o instancias conocían o no el riesgo de contagio que se podía producir en aglomeraciones es algo que “no es objeto” del procedimiento que ella inició el pasado 23 de marzo.
La abogada del Estado Rosa María Seoane, encargada de la defensa de Franco, ha insistido en sus escritos en que Rodríguez-Medel ha intentado “convertir” esta investigación en una “causa general” contra la actuación del Gobierno en la crisis sanitaria y ha criticado que en su “afán de encontrar indicios” solicitara información también de “otras autoridades” a las que ni siquiera identificaba en sus resoluciones.
Seoane, que defendió con éxito los intereses del Gobierno en el procés, también ha resaltado la “sorprendente celeridad” de la jueza para aceptar la denuncia —el pasado 23 de marzo, solo tres días después de que cayera en su juzgado— e impulsar las pesquisas en plena pandemia y con todos los procedimientos judiciales no esenciales suspendidos por el estado de alarma.
También la Fiscalía, que pidió esta semana el archivo de la causa, se unió en los últimos días a las críticas por la “celeridad” de la instrucción. El Ministerio Público afirmó incluso que la jueza había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del único investigado al llevar adelante la investigación “sin posibilidad de que se tramiten de forma ordinaria los recursos planteados y sin que la actividad instructora pueda ser valorada por un órgano superior con la misma celeridad que la instrucción”.
En el Gobierno respiran aliviados con el archivo provisional de un asunto que ha levantado una tremenda polvareda también de puertas para adentro. Los atestados realizados por la Guardia Civil a instancias de la jueza derivaron en el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Esa decisión se vio seguida de las contradicciones en las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior y generó una crisis para el Ejecutivo, entre acusaciones de la oposición por intentar interferir en una investigación judicial.
Al PP y Vox no le quedó más remedio este viernes que mostrar su respeto a la decisión de la jueza aunque ambas formaciones mantienen que el 8M no debió celebrarse e insisten en que seguirán buscando responsabilidades. El partido de Pablo Casado quiere una comisión de investigación en el Congreso que saque a la luz “toda la verdad”. Pero las miradas se dirigen ahora hacia el Tribunal Supremo, donde el Gobierno se enfrenta casi a medio centenar de querellas por la gestión de la crisis sanitaria sobre las que ni la Fiscalía ni los jueces se han pronunciado todavía.