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Cuatro días después de que se cumpliera la fecha límite marcada por la ley sigue sin haber perspectivas claras de desbloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional. Al menos, a corto plazo. La primera reunión entre los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se saldó este viernes sin grandes acuerdos que permitan aventurar un pronto nombramiento de los dos magistrados que debe designar el órgano de gobierno de los jueces. Como el Ejecutivo tampoco nombrará a los otros dos suyos hasta que lo haga el CGPJ, la consecuencia es que el tribunal de garantías seguirá en funciones de forma indefinida y sin posibilidad de cambiar la actual mayoría conservadora por una progresista.
Los consejeros elegidos a propuesta del PP, artífices de este boicot, expusieron primero problemas de agenda para demorar el encuentro hasta el final de la semana. Y, una vez celebrado, apenas se registraron avances. El acuerdo de mínimos al que llegaron este viernes incluye que los nombramientos se realicen “por una amplia mayoría”, tras evaluar los currículos de los candidatos y que estos procedan del Tribunal Supremo, algo que no supone estrictamente una novedad. Es una regla no escrita que los elegidos para el Constitucional por parte del CGPJ sean jueces de la más alta categoría dentro de la carrera. Esto es, del Supremo.
A partir de ahí, poco más. Los conservadores, representados por los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, no pusieron ningún nombre encima de la mesa. Alegaron que no podían hacer propuestas concretas porque ningún magistrado del Alto Tribunal les había manifestado su interés en ocupar alguna de las dos plazas. Y centraron parte de la reunión en insistir en que había que tener especial celo al hacer los nombramientos, pues los puestos que se queden vacíos en el Supremo no se pueden cubrir por la imposibilidad de que el CGPJ haga designaciones con el mandato caducado. El órgano de gobierno de los jueces está en situación de interinidad desde diciembre de 2018 por el bloqueo del PP a su renovación y desde marzo de 2021 tiene vedada la capacidad de aprobar relevos en la cúpula judicial.
De hecho, los conservadores plantearon que en lo que denominan las “bases del diálogo” se incluyera una cláusula para que se tuviera en cuenta “la repercusión de los seleccionados en la composición de los órganos judiciales de procedencia”. La propuesta fue rechazada por los negociadores del ala progresista, representados por Roser Bach, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo. En este sector se interpreta el citado condicionante como “otra excusa dilatoria” y una forma de ejercer presión para que se reviertan las reformas que ha promovido el Gobierno para sortear ese bloqueo. “Propondremos a nuestros candidatos teniendo en cuenta sus currículos y trayectorias profesionales, no cómo de desabastecido se queda el Tribunal Supremo”, afirman en ese sector. “Es importante ver de dónde vamos a sacar a la gente para no dejar el Tribunal Supremo peor de lo que ya está”, replica otro miembro del sector conservador.
La primera de esas reformas impulsadas por el Gobierno impidió a los vocales seguir nombrando magistrados con el mandato caducado y la segunda les autorizaba para hacerlo solo en el caso del Constitucional. Hasta esos cambios, un CGPJ caducado había realizado 74 designaciones en los principales tribunales, 21 de ellas en el Supremo, donde se mantienen hasta la jubilación. Los conservadores se muestran muy críticos con el hecho de que se haya cambiado la ley para permitir la designación de dos miembros del Constitucional mientras que otros nombramientos siguen prohibidos. Y en ese sector hay quien cree que es momento de aprovechar la baza de unos nombramientos que interesan mucho al Gobierno para tratar de “desbloquear” otras cuestiones como la situación del Supremo.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, también viene mostrándose muy crítico con la reforma que limita las atribuciones del CGPJ con el mandato caducado. “El estropicio [causado por la reforma] es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia”, afirmó en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial. Lesmes sí es partidario de renovar el Constitucional cuanto antes aunque los últimos movimientos evidencian que ha perdido el 'control' sobre el sector que lo aupó a la presidencia hace nueve años.
Sin candidatos
El otro gran escollo que, según los conservadores, les impide hacer propuestas concretas de nombres es la ausencia de candidatos. Las fuentes consultadas aseguran que los negociadores de este sector manifestaron en la reunión que no podían poner nombres encima de la mesa porque ningún magistrado les había manifestado su interés en ocupar alguna de las dos plazas. Los progresistas consideran que se trata de un nuevo intento de “entorpecer” la negociación y alargar el proceso.
El planteamiento de la falta de aspirantes choca frontalmente con las palabras que Lesmes pronunció hace dos semanas cuando dijo que era “absolutamente falso” que no hubiera candidatos dispuestos a ocupar esas plazas. “A mí se han dirigido varios magistrados del Tribunal Supremo postulándose para esos puestos. Ni uno, ni dos, ni tres, varios. Y a otros me he dirigido yo. Uno solo me dijo que no le interesaba. El resto a los que yo he preguntado me han dicho que sí tienen interés. Sobran magistrados que quieren ir al Tribunal Constitucional, eso no es un problema”, aseguró a los medios el presidente del órgano de gobierno de los jueces el pasado 5 de septiembre.
La minoría progresista, que defiende que la renovación debe hacerse cuanto antes, intentó desarmar este argumento poniendo encima de la mesa el nombre de nueve magistrados que han trasladado su deseo de optar al Constitucional. Entre ellos figura Rafael Fernández Valverde, magistrado jubilado y que hasta el pasado marzo era vocal del CGPJ a propuesta del PP. A pesar de que era parte del sector conservador, su nombre no ha sido planteado por sus excompañeros. En la lista hecha pública por los progresistas están, además, los nombres de José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Ángeles Huet, Pablo Lucas, Isabel Perelló, Jacobo López Barja de Quiroga, Maria Luisa Segoviano y Rosa María Viroles.
En todo caso, los progresistas siguen sin desvelar cuál es el nombre que cuenta con más opciones, en un movimiento que también critican los conservadores. “Percibimos una sensación de urgencia, de prisa. Pero no acabamos de entender su planteamiento. No tiene sentido examinar a todos los que quieren venir. Que nos digan quién es su candidato y lo vemos”, dice un vocal de este sector. Las fuentes consultadas afirman que los que cuentan con más opciones son José Manuel Bandrés y Pablo Lucas y que el debate está abierto.
Por otro lado, el acuerdo de mínimos alcanzado este viernes establece que los nombramientos deben realizarse “por una amplia mayoría” y que los candidatos han de ser escogidos “tras una minuciosa evaluación de sus currículos”. Algunos vocales progresistas temen que la exigencia de analizar al detalle las trayectorias de los candidatos pueda ralentizar todavía más la decisión. De hecho, los negociadores del sector conservador ya cuentan desde este viernes con los currículos de los nueve magistrados citados.
Entre tanto, al final de la mañana de este viernes se conoció que Lesmes se reunirá el 30 de septiembre con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, en el marco de su visita a España. El encuentro será en el Tribunal Supremo. Es una cita a la que muchos vocales dan la máxima relevancia por los efectos que puede tener sobre la situación del CGPJ. Hasta entonces, los negociadores de ambas partes se han citado de nuevo para el próximo miércoles a las nueve y media de la mañana. También han liberado sus agendas para el día siguiente. Pero el escepticismo es generalizado en ambos sectores y a día de hoy es una incógnita cuándo se podrá sustituir a los cuatro jueces del Constitucional que tienen el mandato caducado desde antes del verano.