La primera reunión entre los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha saldado sin grandes acuerdos que permitan aventurar un pronto nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde designar. Los dos vocales conservadores y tres progresistas que participan en estas negociaciones han quedado en reunirse de nuevo el próximo miércoles de forma presencial. El plazo para hacer estos nombramientos acabó el pasado martes 13 de septiembre.
Este primer contacto evidencia que ambos sectores disienten incluso en cuestiones relacionadas con el procedimiento de designación. Los interlocutores han pactado que los candidatos procedan preferentemente del Tribunal Supremo, algo que no supone una novedad porque era la costumbre que se venía manteniendo hasta la fecha. Los jueces del Supremo son los de mayor categoría de la carrera. Pero no ha habido acuerdo en otra propuesta formulada por el sector conservador: que se valore la “repercusión” que estos nombramientos pueden tener en ese órgano jurisdiccional. En el Supremo hay 14 vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados por la imposibilidad de que el CGPJ pueda hacer nombramientos con el mandato caducado, situación en la que está desde diciembre de 2018 por el bloqueo del PP a su renovación.
El sector progresista interpreta este condicionante como una “excusa dilatoria” y una forma de ejercer cierta presión para que se reviertan las reformas que ha promovido el Gobierno para sortear ese bloqueo. La primera de esas reformas impidió a los vocales seguir nombrando magistrados –algunos para plazas tan relevantes como el Supremo o la Audiencia Nacional– con el mandato caducado, y la segunda les autorizaba para hacerlo solo en el caso del Constitucional. Hasta el cambio de ley, un CGPJ caducado había realizado 74 designaciones en los principales tribunales, 21 de ellos en el Supremo, donde se mantienen hasta la jubilación.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, también viene mostrándose muy crítico con la reforma que limita las atribuciones del CGPJ con el mandato caducado. “El estropicio [causado por la reforma] es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia”, afirmó en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial. Los progresistas no tendrán en cuenta este condicionante para elegir a sus candidatos y se limitarán a tener en cuenta sus currículos y trayectorias profesionales, afirman fuentes de este sector.
Sin nombres encima de la mesa
Los conservadores también pretendían que ambos sectores acordaran que no se celebrara otro pleno hasta que no hubiera un “consenso” alcanzado “tras la deliberación en el seno de los respectivos grupos”. Tampoco ahí han encontrado el respaldo de los progresistas, que quieren que la renovación se haga cuanto antes y temen que los conservadores desplieguen diferentes tácticas dilatorias para retrasarlos.
De hecho, en el encuentro no se ha negociado sobre posibles nombres. Los vocales elegidos a propuesta del PP, artífices de este bloqueo, han asegurado que a día de hoy ningún magistrado de su perfil ideológico se ha dirigido a ellos para postularse como candidato. El sector progresista, sin embargo, ha trasladado el nombre de nueve magistrados que han trasladado su deseo de optar al Tribunal Constitucional.
Entre ellos figura, por ejemplo, Rafael Fernández Valverde, magistrado jubilado de la sala Tercera, y que hasta el pasado marzo era vocal del CGPJ a propuesta del PP. A pesar de que hasta hace unos meses era parte del sector conservador, su nombre no ha sido planteado por sus excompañeros. En la lista hecha pública por los progresista figuran, además, los nombres Jose Manuel Bandrés, Eduardo Espin, Angeles Huet, Jacobo López Barja de Quiroga, Pablo Lucas, Isabel Perelló, Maria Luisa Segoviano y Rosa María Viroles.
Con todo, el acuerdo de mínimos alcanzado este viernes es que los nombramientos deben realizarse “por una amplia mayoría” y que los candidatos han de ser escogidos “tras una minuciosa evaluación de sus currículos”. A día de hoy, por tanto, sigue siendo una incógnita cuándo se podrá sustituir a los cuatro jueces del Constitucional que tienen el mandato caducado desde el 12 de junio y cuyo relevo corresponde hacer al Poder Judicial (dos) y al Gobierno (otros dos). El Ejecutivo finalmente ha renunciado a nombrar a los suyos hasta que no lo haga el órgano de gobierno de los jueces.
Este primer encuentro se ha producido, además, tres días después de que CGPJ en funciones se situara al margen de la ley al no designar en plazo a los dos magistrados del que le corresponde nombrar. Detrás de esta estrategia están ocho vocales que forman parte del núcleo duro del sector conservador y que parecen dispuestos a evitar que la derecha pierda ya su mayoría en un tribunal tan relevante como el Constitucional. Durante las últimas semanas, miembros de este grupo ya habían deslizado que no se sentían concernidos con la fecha límite fijada en la ley y pidieron respeto por los “tiempos de decisión” del CGPJ.