Las asociaciones que cubren el espacio del centroderecha judicial han comunicado este lunes su “intención de convocar” una huelga indefinida a partir del día 16 de mayo, en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales. El anuncio llega antes de que se celebre junto a los Ministerios de Justicia y Hacienda la mesa en la que se negocian sus salarios, prevista para el 3 de mayo.
Así lo exponen en un comunicado la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, en el que critican el “sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia” y sostienen que el sistema judicial no puede ser eficaz si su labor no se desarrolla en las condiciones retributivas “adecuadas”.
De momento, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se han sumado a la convocatoria, aunque comparten el “diagnóstico”. Optan por esperar a conocer el resultado de la citada reunión a la que los departamentos de Justicia y Hacienda que les han convocado el próximo 3 de mayo. Ese día se reunirá la Mesa de Retribuciones, el órgano legalmente previsto para la revisión de los salarios de las Carreras Judicial y Fiscal.
En el comunicado, las siete asociaciones de jueces y fiscales afirman que llevan “años” denunciando la falta de dotación suficiente del servicio público que constituye la administración de Justicia. Y muestran su preocupación por las cargas de trabajo de tribunales y fiscalías “que afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía”.
El texto conjunto no contiene peticiones concretas de más dotación de medios o mejores salarios, aunque sus firmantes sí dejan caer que el sistema judicial no puede ser eficaz “si la labor de jueces y fiscales no se desarrolla en condiciones –también retributivas– adecuadas”. En este sentido, las asociaciones expresan su voluntad de llegar a un acuerdo “que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas”. Pero advierten: “No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda”.
La movilización de los letrados de la Administración de Justicia –que consiguieron una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes en 2024 tras dos meses en huelga– ha prendido una mecha que se ha ido extendiendo poco a poco por juzgados y tribunales. Los funcionarios de las oficinas judiciales mantienen paros parciales desde hace una semana y el pasado miércoles celebraron una jornada de huelga que dejó los juzgados a medio gas. De hecho, este anuncio se produce en plena negociación entre Justicia y los representantes del personal de los juzgados.