Dignidad y Justicia (DyJ) recibirá 36.000 euros de la última partida del Ministerio del Interior destinada a subvencionar a asociaciones de víctimas del terrorismo. La que preside Daniel Portero ejerce la acusación popular que sentará en el banquillo al concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por el contenido de un tuit de hace 5 años. Dignidad y Justicia también está personada en la causa contra los titiriteros e intentó sin éxito el procesamiento del humorista Facu Díaz.
La ayuda a Dignidad y Justicia se reparte entre 27.000 euros para “asistencia legal a víctimas del terrorismo y sus familiares” y otros 9.000 con el fin de elaborar “379 fichas con los casos de asesinato sin resolver de ETA y envío a los organismos nacionales e internacionales”. Dignidad y Justicia se quedó sin ayudas en la convocatoria de 2015 por presentar la solicitud fuera de plazo, según confirman desde Interior.
La asociación de Portero nació con el fin de perseguir presuntos delitos de terrorismo en el conocido como “entorno” de ETA, causas donde actuaba la Fiscalía y en las que por entonces la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no se personaba. Así, Dignidad y Justicia ha ejercido la acusación en casos como Askapena, Ekin, Egunkaria o el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), todos ellos conclusos. También acusó al lehendakari Ibarretxe por reunirse con Batasuna o a una docena de alcaldes y concejales que dedicaron calles de sus localidades a miembros de la banda terrorista.
En los últimos tiempos también ha sido objeto de notoriedad por acusar a personas desvinculadas del entorno de ETA, la izquierda abertzale e incluso de fuera Euskadi. El concejal Zapata será juzgado finalmente gracias a la acusación de la asociación de Portero y de Manos Limpias -que tiene a su líder en prisión-, ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no aprecia delito en su conducta.
Dignidad y Justicia y Manos Limpias consideran que el concejal de Ahora Madrid cometió un delito de enaltecimiento del terrorismo por intervenir en un debate abierto en Twitter sobre los límites del humor negro con el siguiente chiste: “Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcasser para que no vaya Irene Villa por repuestos”. La propia Irene Villa escribió a la Audiencia Nacional para defender que no se había sentido vejada por el comentario. La Sala de lo Penal, sin embargo, ha impuesto el criterio de que el objeto de la humillación es presuntamente el conjunto de víctimas del terrorismo.
Con los jueces afines al PP
El juez Santiago Pedraz ha archivado el caso hasta en tres ocasiones, pero los recursos de DyJ y Manos Limpias han sido aceptados por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, con los votos a favor de Concepción Espejel y Enrique López, dos jueces apartados de los juicios de Gürtel y la caja B del PP por decisión de sus propios compañeros, en relación con la afinidad que mantienen con la formación de Mariano Rajoy.
Para cuando Zapata se siente en el banquillo, entre otros ante un abogado pagado por Dignidad y Justicia, la asociación ya habrá recibido los 27.000 euros destinados a “asistencia legal a las víctimas”. Fuentes de Interior aseguran que esa partida está destinada también a subvencionar el “estudio y la investigación” de presuntos delitos contra el colectivo en las redes sociales.
En la causa contra los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García, Dignidad y Justicia considera que ambos cometieron un delito de enaltecimiento del terrorismo por representar una obra de guiñoles en la que uno de los personajes blande durante unos instantes una pancarta de 20 centímetros donde se leía “Gora Alka-ETA”. La asociación de Portero quiso ampliar la causa a los actores Alberto San Juan y Gloria Muñoz representaron la misma obra días después en apoyo a Lázaro y García, enviados a prisión provisional durante cinco días a propuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que después rectificó. El juez rechazó tal pretensión.
Después de que Dignidad y Justicia fracasara en su intento de atribuir a ETA un delito de lesa humanidad en la Audiencia Nacional, la asociación de Portero ha buscado suerte en Argentina. En un principio, un juez de ese país rechazó la querella, pero la Cámara Criminal y Correccional Federal admitió el recurso de la asociación y ordenó que se investigara la causa bajo el principio de justicia universal. El magistrado instructor envió el 26 de mayo un exhorto a las autoridades españolas para demandar colaboración en la entrega de los datos que necesita para su investigación, según publicó El Mundo.
La subvención de las fichas de casos con asesinatos de ETA sin resolver está vinculada a esta iniciativa. Sin embargo, esa documentación ya está elaborada y enviada al Relator Especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, según publicó La Razón en marzo de 2015, en una información acompañada de una foto de Portero mostrando las citadas fichas.
A pesar de ello, la partida de subvenciones de Interior a las asociaciones de víctimas recoge un año y medio después 9.000 euros para la “elaboración de 379 fichas con los casos de asesinato sin resolver de ETA y envío a los organismos nacionales e internacionales”.
eldiario.es ha intentado ponerse en contacto con Portero, pero el presidente de Dignidad y Justicia no atendió a las llamadas ni contestó el mensaje el que se explicaba el motivo de la consulta. Interior, por su parte, asegura que en el proyecto presentado por Portero se explica que las fichas y su envío a autoridades nacionales e internacionales está previsto que se culmine el próximo mes de diciembre.
Según fuentes del colectivo de víctimas, Dignidad y Justicia, que no cuenta entre sus fines con la labor asistencial, solo tiene de asociados a los familiares de Luis Portero, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por la banda terrorista ETA en su despacho el 9 de octubre de 2000. En las últimas elecciones municipales, Daniel Portero cerró la lista del PP a la Alcaldía de Elorrio (Bizkaia).
El doble de peticiones que de subvenciones
La partida destinada a Dignidad y Justicia aparece en la orden firmada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el pasado mes de julio. En la misma se pueden comprobar el resto de subvenciones. La mayor asociación de víctimas, la AVT, recibe para sus proyectos 268.404 euros. Muy crítica con la labor de Fernández Díaz, pierde 32.630 euros respecto al pasado ejercicio. Algo similar ocurre con la Asociación 11M Afectados de Terrorismo, liderada por Pilar Manjón hasta hace poco, que recibe 201.959 euros, un total de 12.898 menos que en 2015.
En total, 19 asociaciones han presentado 60 programas y proyectos por valor de 1,5 millones de euros. La partida total de subvenciones a asociaciones de víctimas es de 880.000 euros.