Agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se presentaron la pasada semana en la sede de la Comisaría General de Información (CGI), la estructura antiterrorista de la Policía, para precintar el ordenador que contiene las peticiones de datos confidenciales que otras unidades solicitan.
Un mando jubilado, Constancio Riaño, declaró el pasado 23 de septiembre como investigado en la Audiencia Nacional y aseguró que en ese terminal también se guardaron las solicitudes de información restringida que habría realizado el comisario encarcelado José Manuel Villarejo para utilizar en los dosieres que luego vendía a empresas y particulares.
Riaño es investigado por haber facilitado datos a, entre otros, Antonio Bonilla, un policía excedencia que colaboraba con Villarejo en sus negocios privados y que está imputado igualmente en distintas piezas del caso. Riaño responsabilizó en la Audiencia Nacional a su jefe directo en la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño, de ordenar las peticiones de datos que hacían terceros para que le llegaran Villarejo.
La defensa de García Castaño, investigado por organización criminal y otros delitos, niega rotundamente esta acusación y considera que es una estrategia del inspector jefe jubilado para diluir su responsabilidad en la sustracción de información confidencial, asentada en los correos electrónicos que figuran en la causa y en los que Riaño trata directamente con Bonilla.
Ante la afirmación sobre el ordenador que realizó Constancio Riaño, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Alejandro Abascal, dictó una providencia solicitando “urgentemente” la requisa de ese terminal, según informó el viernes pasado elindependiente.com. Asuntos Internos comunicó la petición a sus compañeros de Información que localizaron el ordenador y lo pusieron a su disposición cuando se presentaron el martes 24 en la sede antiterrorista, un edificio ubicado en el 'cuartel general' de Canillas que tiene el acceso restringido.
Fuentes de la CGI en la época en que Riaño prestaba servicio activo niegan la versión del inspector jefe. Riaño era el jefe de la Sección de Relaciones Institucionales de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que dirigía García Castaño. El ordenador, señalan esas fuentes, guarda el archivo de todas las peticiones que le hacían a la UCAO todas las unidades de la Policía en relación con obtención de datos restringidos durante más de veinte años. Para realizar esa petición, un policía tenía que dejar su nombre, número de identificación policial, unidad y firma. Ahí cabían desde movimientos bancarios, tráfico de llamadas de un número o datos de la Seguridad Social. Más de peticiones 3.000 anuales, según las fuentes consultadas.
Esta es la razón por la que los agentes de Asuntos Internos no se llevaron el ordenador para entregarlo en la Audiencia Nacional. La Comisaría General de Información aguarda las instrucciones del juez del caso, Manuel García Castellón, para extraer en su presencia o la del Letrado de la Administración de Justicia solo la información que pudiera tener relación con la causa, ya que toda la que está en poder de la estructura antiterrorista está sometida a reserva.
Los funcionarios se refieren al terminal como “ordenador muerto” porque solo está conectado a la luz, en una mesa aparte. Por seguridad no está conectado a Internet, ni a la red de la propia Comisaría General de Información. Con los datos que allí quedan almacenados se realizaban, entre otras funciones, estadísticas del trabajo realizado en esa área. La Sección de Relaciones Institucionales de Riaño, precisan las fuentes citadas, actuaba como “ventanilla única” de las peticiones de la Policía a la UCAO.
Una de las vías de investigación del caso Villarejo es la obtención y venta de datos confidenciales por las empresas del comisario. Con ellos, el policía, entonces en activo, elaboraba dosieres que vendía a sus clientes. Con el tráfico de llamadas o los movimientos bancarios elaboraba informes sobre los adversarios de quien le contrataba. Una docena de policías, entre ellos García Castaño, están imputados por haber vendido presuntamente datos a Villarejo.