La Audiencia Provincial de Madrid ha despejado este lunes una de las pistas por las que el Partido Popular avanzará en los próximos meses en su intento por recuperar el Gobierno central. Tres jueces de esa instancia han advertido de que el caso contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, será largo y tortuoso para la investigada, si se atiende al respaldo que han dado a la controvertida instrucción que desarrolla el juez Juan Carlos Peinado.
Los jueces de la Sección 23 han utilizado la respuesta que debían dar a los recursos presentados por la defensa de Gómez y la Fiscalía para dar alas a la labor del instructor. Pese a que el auto de la Audiencia Provincial ampara, en parte, una de las peticiones de los recurrentes –que acotara la causa–, lo hace únicamente en el mismo sentido que hace meses, descartando que se indague en el rescate de Air Europa. La orden al juez es, por tanto, reiterada y hasta ahora ha sido ignorada por el magistrado con diferentes subterfugios.
Y para esas tres líneas que aparecen en la parte dispositiva del auto en favor de la investigada hay antes un buen número de párrafos en los que los jueces de la Audiencia Provincial cuestionan los argumentos de su defensa. Los magistrados entran de lleno en el caso para impulsar algunas líneas de investigación y asumir como propias las sospechas que propulsan la actuación de Peinado. Y, más importante aún, los jueces atacan la línea de flotación de la defensa de Gómez contra el juez Peinado cuando llegan a rebatir que los atestados de la Guardia Civil sean nítidamente favorables a la investigada.
Los jueces vienen a decir que solo los contratos al empresario Carlos Barrabés deben ser investigados, pero advierten del alcance de esta afirmación ya que no se refieren únicamente a los tres de la querella inicial de Manos Limpias sino a un total de 11 por valor de 21 millones de euros.
El Partido Popular se ha topado este lunes con un 'timing' perfecto. Por la mañana, se conocía que la formación en Madrid llamará a Begoña Gómez a declarar a la Asamblea regional, un giro en al estrategia de los conservadores ante la que el PP nacional ha reaccionado trasladando “máximo respeto” a una “decisión autónoma”.
Al adoptar su decisión, el PP madrileño podía contar con que la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, de composición completamente conservadora, se pronunciaría en el sentido en el que lo ha hecho. Bastaba con leer varias crónicas periodísticas de los últimos días que anticipaban lo que finalmente ocurrió.
Más difícil era adivinar, para cualquiera que no tuviera acceso al tribunal, que el auto iba a ser dictado y conocido hoy mismo. En una misma mañana, los tres jueces se reunieron, debatieron y antes de irse a comer tenían lista una resolución de 23 páginas repleta de jurisprudencia, argumentos desarrollados y detalles técnicos sobre la investigación de Peinado.
A Borja Sémper, el portavoz nacional del PP, la decisión de la Audiencia de Madrid le sorprendía lo justo durante su rueda de prensa de los lunes. En el Senado no decide Isabel Díaz Ayuso y el grupo parlamentario en la Cámara Alta ha reactivado la comisión del caso Koldo con nuevas peticiones de comparecencia y el rumor vivo de que en algún momento decidirán utilizar su mayoría para citar a Pedro Sánchez.
Una frase del auto de los jueces de la Audiencia Provincial concede al PP tiempo de sobra para decidir cuándo puede hacer más daño al Gobierno con la citación de Sánchez: “[La instrucción] se encuentra en una fase muy inicial, teniendo en cuenta la complejidad de los hechos investigados y la dificultad que encuentra la averiguación de las operaciones cuyo descubrimiento se pretende”.
Como ocurriera con la toma de declaración de Peinado al presidente en Moncloa, la citación de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid promete aportar poco o nada al esclarecimiento de los hechos. Aquellos investigados que son llamados a otras comisiones en los parlamentos se acogen a su derecho a no declarar para no perjudicar sus intereses en los tribunales.
Al igual que en el caso de Sánchez, la declaración de Gómez dejará una imagen. Y si el presidente del Gobierno pasó dos minutos frente a Peinado, Begoña Gómez puede estar un largo rato ante las cámaras en silencio, escuchando las preguntas de los diputados autonómicos que no esté dispuesta a responder.
Ya no es el juez Peinado el que escribe indescifrables párrafos que incluyen hasta artículos erróneos de la ley. Ahora, sus compañeros de la instancia superior, los que han revisado y seguirán vigilando la causa, llegan a afirmar: “La llamativa variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la Cátedra [de la Complutense que dirigía Gómez] y despegue de los masters es verdaderamente significativa”.
Los atestados de la UCO
La defensa jurídica y también política de Gómez recurre a que dos atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartan delito en los hechos investigados. Ahora, la Audiencia de Madrid desciende al detalle y asegura que eso no excluye que haya tráfico de influencias en los once contratos públicos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros.
El motivo por el que la defensa de Begoña Gómez solicitaba el archivo es que la Audiencia de Madrid, en un auto anterior, había limitado la investigación de Peinado a tres contratos concedidos por la empresa pública red.es y que esas licitaciones ya eran investigadas por la Fiscalía europea por tratarse de fondos europeos.
Frente a esto, los jueces que impusieron esa limitación, afirman ahora que “se han localizado 99 expedientes de contratación cuyo importe se cifra en 24.923.443 euros (…) en las que la mayor parte las hubiera conseguido Innova Next. SL, sin que estuvieran financiadas todas ellas por fondos europeos a través de red.es”.
Y rematan: “Sin olvidar que la perfecta adjudicación de las licitaciones [que exponía la Guardia Civil] no impediría la comisión previa del delito de tráfico de influencias”. Lo expresan en referencia a que la firma de dos cartas de recomendación tipo, que la empresa de Barrabés reclamó al máster de la Complutense y a otros muchos organismos y administraciones, caso del Ayuntamiento del PP, hubieran influido en que Barrabés obtuviera esas adjudicaciones.
Los jueces introducen la cuestión de la creación de una empresa por parte de Begoña Gómez el 21 de noviembre de 2023 con el nombre Transforma TSC, una sociedad cuyo “objeto y denominación coincide con el titulo del máster de la Universidad Complutense del que la investigada es codirectora”. Aunque de forma indiciaria, advierten los magistrados, este hecho “permitiría añadir a nuestra primera aproximación (...) la existencia no solo de un interés profesional en el ámbito docente sino también en el ámbito empresarial”.