La Audiencia Provincial de Madrid acaba de colocar un interrogante sobre la investigación policial que señaló a la doctora Elisa Pinto como la presunta responsable del acoso al empresario Javier López Madrid. Los jueces de la Sección 17 piden explicaciones a la Policía de cómo elaboró un informe de “análisis de conducta” que atribuía a la mujer, o a alguien de su entorno, unos mensajes amenazantes y que fue incorporado a los atestados que condujeron en su momento a la exculpación, luego revertida, del empresario amigo del rey y del sicario que habría contratado para amedrentar a Pinto, el comisario hoy en prisión José Manuel Villarejo.
“No cabe duda de que resultan extrañas determinadas circunstancias relacionadas con el informe emitido por la Unidad Central de Inteligencia, Sección de Análisis de Conducta, que se autotitula Informe Preliminar, Operación X-Madrid, compuesto de 9 páginas, informe que no consta firmado ni se menciona por quién está elaborado o redactado”, señala la Sección 17 de la Audiencia de Madrid. “Tampoco se especifica el objeto del estudio, ni la cualificación o formación de las personas que lo realizan, ni el método o conocimiento técnico o científico utilizado para llegar a las conclusiones que se realizan”, añade el auto del pasado 13 de diciembre, al que ha tenido acceso eldiario.es.
El caso de presunto acoso entre el empresario Javier López Madrid y la doctora Elisa Pinto dio aparentemente un vuelco en las Navidades de hace tres años. El entonces jefe operativo de la Policía había ordenado en mayo de 2015 a los servicios centrales que indagaran. En diciembre, los nuevos investigadores concluyeron que la acosadora era ella. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid pone en cuarentena aquel trabajo policial y cuestiona el criterio con el que se seleccionó a los agentes encargados de hacerlo.
La Sección de Análisis de Conducta fue una novedad que se incorporó a la Policía española en 2011, a imagen del FBI o Scotland Yard, para elaborar hipótesis a través de un análisis psicológico de la actuación criminal. En este caso, la citada Sección se limitó a estudiar dos informes policiales previos incorporados al juzgado. De ahí saca el texto de los mensajes en el teléfono de López Madrid y concluye que tuvo que escribirlos la mujer.
En esos mensajes se informa al empresario de la agresión a la doctora y se da a entender que ha sido por encargo suyo. La tesis policial, por tanto, es que Elisa Pinto fabricó esos mensajes para incriminar a López Madrid con información que sólo ella podía tener. “Hicimos lo que querías el jueves por la tarde. Iba con su hijo pequeño que no paraba de llorar. Fue en la tripa. Cómo sangraba la puta! Ahora sí que tiene miedo! Llevamos en la puerta de su casa varios días y no se ha atrevido a salir. La llevaron al Marañón en la UVI móvil y su hijo tenía un ataque”, dice uno de los SMS.
Del contenido de los mensajes se desprendería que quien ha recibido el encargo de atacar a la doctora está a su vez extorsionando al empresario. “Si quieres te damos nombres de más amigos tuyos que nos van a dar juego” o “Picha brava sin escrúpulos”, se lee en dos de los mensajes que recuperó la Guardia Civil del móvil de López Madrid.
Del análisis del contenido de los mensajes, la Sección de Conducta de la Policía alcanza conclusiones como la recogida a continuación: “El ataque es el fin último de los mensajes. Se puede corresponder con un sentimiento de despecho hacia Javier López Madrid, entendiendo esta emoción como la animadversión hacia alguien por ser el culpable de un desengaño. Para que esta reacción se produzca es necesario que la relación entre ambas personas haya sido muy cercana, probablemente íntima, por lo que se podría aventurar que el autor de los mensajes es una mujer”.
En febrero de 2015, la doctora Pinto había remitido un escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad en el que trasladaba su desesperación porque de nada habían servido sus trece visitas a la comisaría de Chamartín denunciando la situación que vivía. Con este argumento, el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, movilizó a los servicios centrales de la Policía, que sustituyeron a las estructuras provinciales que habían investigado el caso hasta ese momento.
El Villarejo de Kitchen y la Operación Catalunya
Pero las quejas de la doctora no eran lo único que inquietaba en el Ministerio del Interior. La mujer acababa de identificar a José Manuel Villarejo Pérez, un comisario destinado en la DAO de Pino, como el autor del pinchazo en el costado que sufrió en abril de 2014. En julio y septiembre de 2015, la jueza que investiga al empresario por el supuesto acoso había citado a Villarejo en dos ocasiones para que participara en una rueda de reconocimiento por la agresión a la doctora. En ambos casos fue excusado por sus superiores alegando misiones en el extranjero.
Como ha trascendido después, Villarejo había participado en la Operación Kitchen, para robar documentación comprometedora para el PP de casa de los Bárcenas, y en la Operación Catalunya, contra el proceso soberanista, entre otros encargos delicados del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz. En todas esas operaciones estuvo a las órdenes directas de Eugenio Pino, el artífice de la denominada brigada política. Los escritos remitidos por la Policía al Juzgado para excusar la asistencia de Villarejo a la rueda de reconocimiento iban firmados por Miguel Ángel Bayo, el facultativo encargado de recoger de Interior en maletines los fondos reservados, incluidos los de la Operación Kitchen.
Antes de que llegara el tercer requerimiento de la jueza Belén Sánchez, la Dirección de la Policía entregó en Plaza de Castilla los informes policiales que señalan a la doctora. De este modo, Villarejo y López Madrid quedaban exculpados. Al frente de la investigación se había designado al entonces inspector jefe Alberto Carba. Según descubrió la defensa de la doctora más tarde, uno de los dos policías de la Sección de Análisis de la Conducta que elaboró el informe sin firma ni sello, y que ahora cuestionan los jueces, es la esposa de Carba.
La denuncia de Pinto en 2014 había provocado la imputación de López Madrid en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. Una denuncia posterior del empresario contra la mujer mantiene a Elisa Pinto como investigada en el Juzgado número 26 de la capital. La titular de este último asumió el infome de conducta y le otorgó la categoría de prueba pericial, dándole “presunción de veracidad, objetividad e imparcialidad”.
“Los policías no son peritos ni psicólogos”
Sin embargo, los jueces de la Audiencia de Madrid corrigen ahora a la instructora, en respuesta a un recurso de la defensa de Pinto. “No consta que dicho informe peliminar sea un informe pericial, ni tampoco que sea un informe pericial psicológico o realizado por psicólogos”, señala en su auto la Sección 17. Los jueces ordenan ahora a la Policía que aclare a qué se dedican los policías que realizaron el informe; “si están dados de alta como peritos judiciales” y desde cuándo; cómo llegaron hasta ahí (concurso, libre designación o comisión de servicios); y, en el caso de que fuera por libre designación, que se identifique al funcionario que adoptó tal decisión.
Otros informes policiales entregados al juzgado junto al de la Sección de Conducta concluían igualmente que la doctora era culpable, incluso afirmaban que utilizó a su hijo para escribir una nota amenazante y que le había obligado a mentir sobre las supuestas visitas de Villarejo a la puerta de su colegio.
La defensa de la doctora replicó acusando a la Policía de fabricar un montaje y enumerando los errores en los que había incurrido el inspector jefe Carba, quien reconoció en el juzgado que había centrado su investigación solo en el sumario contra la mujer, ignorando el que sirve para imputar a López Madrid. El policía admitió que se le pasaron las imágenes de cámaras de seguridad que demuestran la presencia de la doctora en el escenario de una de las agresiones, en contra de lo que decía su informe, que también concluía que la doctora se había inventado el ataque.
Tres meses después de la presentación de esos informes policiales, la jueza que investiga aún a López Madrid archivó la causa contra el empresario y Villarejo sin llegar a realizar la rueda de reconocimiento a este último. Pero en el mes de mayo de 2017 volvió a intervenir la Audiencia de Madrid. En aquel caso fue su Sección 15, que ordenó a la jueza Belén Sánchez reabrir la causa y realizar la rueda de reconocimiento. La doctora identificó a Villarejo como el hombre que la pinchó en el costado, en presencia de su hijo, mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”.