El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra los responsables de Madeira Invest Club (MIC), la oficina de inversión apadrinada por el eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez y que cerró de forma sorpresiva el pasado 16 de septiembre. El magistrado considera que se trata de “una supuesta estafa piramidal”.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro desestima la solicitud de una de las acusaciones de inhibirse al Tribunal Supremo para investigar al eurodiputado Alvise Pérez, que recibió 100.000 euros en efectivo del fundador de este club financiero. Afirma que según la doctrina del Alto Tribunal se debe remitir una exposición razonada para investigar a un aforado cuando aparezcan indicios de responsabilidad.
Calama admite y acumula, con informe favorable de la Fiscalía, las tres denuncias presentadas por Ances, Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, estas últimas en representación de un grupo de afectados. Estas denuncias se dirigen contra Álvaro Romillo como responsable del MIC y contra la propia sociedad, entre otros responsable y entidades.
En su auto, el juez indica que una vez determinado que los hechos son susceptibles de constituir una defraudación aparece con “meridiana claridad” que pueden ser constitutivos de un delito de estafa y que serían competencia de la Audiencia Nacional por el número de perjudicados y la cuantía de lo supuestamente defraudado.
El juez señala que el perjuicio globalmente denunciado por las acusaciones ascendería a más de 11 millones de euros, una cifra que supera la barrera de los siete millones de euros que ha venido fijando el Supremo como parámetro para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional. Además, el instructor se basa en criterios de funcionalidad para concluir que la Audiencia Nacional es el órgano judicial que se encuentra en una posición más favorable para afrontar la investigación.
Además, el magistrado advierte de que se atisba una compleja instrucción, con un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania. Una circunstancia que hará necesario utilizar “instrumentos de cooperación jurídica internacional” para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y sus responsables, así como para la localización de activos financieros.
Este procedimiento transcurre en paralelo al iniciado tras la confesión de Romillo —alias Luis CryptoSpain—, que dirigió un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que aseguraba haber pagado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez. Ese escrito ya está en manos de la representación del Ministerio Público en el Tribunal Supremo, que estudia si pudo existir un delito de financiación ilegal en el cobro de ese dinero en efectivo por parte del ahora eurodiputado. En su escrito a la Fiscalía, Romillo se ofrecía a liquidar sus bienes para compensar a los inversores, que pueden ser varios centenares y que habrían perdido decenas de millones de euros, de acuerdo a las citadas denuncias.