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La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a Pineda, Bernard y a la abogada López Negrete por el caso Ausbanc

Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral contra el expresidentede la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda; el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard; la abogada Virginia López Negrete -que ejerció la acusación contra Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina en el juicio por Nóos- y otras siete personas a las que acusa de integrar una organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.

Además, el juicio se dirigirá contra Ausbanc como persona jurídica y otras 25 sociedades civiles relacionadas con ésta desde las que se realizaban los supuestos delitos.

El auto dado a conocer este lunes ratifica la prisión provisional de Luis Pineda- en prisión desde abril de 2016- así como la situación personal de todos los acusados, incluida la legal de dejar constancia del domicilio en España para notificaciones y citaciones, “además de la obligatoria de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos”.

En el mes de diciembre se conoció la petición de penas que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó para todos ellos, que es de 118 años y 5 meses de cárcel para Pineda y 24 años y 10 meses para Bernard.

Se les acusa a ambos de los delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda -se les añade estafa y blanqueo de capitales y por ello la Fiscalía le pide una multa de 10 millones de ee euros. Para la que fuera abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.

La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en el sumario, por ejemplo, en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta.