El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que impute a María Josefa Aguado, diputada del PP en la Asamblea de Madrid. El magistrado señala que cometió los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos en sus tratos con trama Gürtel durante su etapa en Arganda del Rey.
De la Mata ya emitió un auto a finales de noviembre en el que, por su condición de aforada, ofrecía a la diputada de Cristina Cifuentes la posibilidad de que declarase voluntariamente como investigada, es decir, imputada. Lo hace por su etapa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, para que dé explicaciones por el fraccionamiento de contratos de unas olimpiadas escolares.
“La actividad presuntamente delictiva de la aforada queda enmarcada en la adjudicación del contrato para la organización de las ”X OLIMPIADAS ESCOLARES“ a empresas del Grupo Correa a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública, participando de forma decisiva en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento”, resume el magistrado en su auto.
Según su escrito, las decisiones de Aguado como Jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey fueron actos administrativos “decisorios objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa”.
En el auto de 39 páginas añade que su desempeño en el Ayuntamiento fue “injusto” y dirigido a evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas. En otras palabras, garantizó que las empresas de Francisco Correa fueran las únicas que optasen a esos contratos.
De la Mata se suma así a la tesis de la Fiscalía, que pidió que la causa fuese enviada al TSJM, donde Aguado está aforada. El juez recuerda que, aunque le ofreció la posibilidad de declarar y ella se mostró dispuesta a hacerlo, no acudió finalmente a la Audiencia Nacional: “No se ha personado en la causa ni ha solicitado su declaración o la práctica de diligencia alguna”.
Los negocios de la trama Gürtel en Arganda
Esta causa se centra en los contratos de las empresas de Correa en Arganda del Rey desde el año 1999. Varios cargos públicos del municipio habrían cobrado comisiones por adjudicar contratos a este grupo de empresas, algunas de ellas constructoras, desde el Ayuntamiento y la Sociedad de Fomento.
Los políticos investigados en esta pieza separada fraccionaban “de forma sistemática” los expedientes para que los contratos no superasen el límite que obliga a sacarlos a concurso público. Uno de esos contratos es el de las olimpiadas escolares, un concurso al que solo se presentó la empresa de Correa Easy Concept, que se lo llevó por 89.000 euros.
Este contrato se dividió en siete facturas que permitieron eludir “el procedimiento impuesto legalmente”. La ahora diputada de Cifuentes informó a favor de ese troceamiento en siete informes distintos que se firmaron en un mismo día. “Se dispuso ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros, conscientes de que les proporcionaban un enriquecimiento, provecho o ventaja ilícitos”, señala De la Mata.
En total, las distintas empresas de la trama Gürtel facturaron 850.000 euros con los contratos que les eran adjudicados a dedo desde la Sociedad de Fomento, una empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Arganda. Fueron 26 expedientes, adjudicados en su mayoría a Easy Concept.
Varios empleados de las empresas de Correa han apuntado que el fraccionamiento de contratos era habitual cuando trataban con las administraciones del PP. Durante el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la primera época de la Gürtel, algunos imputados han asegurado que era la administración quien le pedía que fraccionasen esos contratos.
El testimonio más esclarecedor fue el de Isabel Jordan, exadministradora de una empresa de Correa. Durante su declaración afirmó que la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre, les pidió que troceasen las facturas del acto de homenaje a las víctimas del 11M. Más de 10 recibos para que el contrato pudiese adjudicarse a dedo.