Madrid, 6 abr (EFECOM).- La Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo 19 de noviembre a los responsables de la estafa filatélica de Afinsa, acusados de crear un agujero de casi 2.000 millones con el que resultaron afectados casi 200.000 pequeños ahorradores.
El juicio, que se celebrará ante la sección primera de la sala de lo penal cuando se hayan cumplido ya nueve años y medio de la intervención de la sociedad, se prolongará como mínimo hasta el 20 de enero de 2016, si bien las fechas definitivas se irán concretando según vaya avanzando el mismo, han informado fuentes jurídicas.
Con él culminará ya este procedimiento que fue instruido durante ocho años por el juez Santiago Pedraz, que concluyó su investigación en noviembre pasado y en la que ha procesado a 14 de sus máximos responsables, entre ellos el expresidente Juan Antonio Cano y los ejecutivos y miembros del consejo de administración Albertino y Carlos de Figueiredo, Vicente Martín o Emilio Ballester.
El magistrado les atribuyó delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
Y lo hizo “aun admitiendo la endeblez de algunos indicios en que se sustenta la imputación de algunos” de algunos de ellos, pero consideraba que la “la depuración última” de su trascendencia penal debía decidirse en el juicio.
El caso Afinsa, así como el de Fórum Filatélico, se inició en abril de 2006 con la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción y que llevó a la intervención judicial de las sociedades el 9 de mayo de ese año.
La estafa de Afinsa, según cálculos de Pedraz, afectó a 190.022 pequeños ahorradores, que invirtieron en sellos, generalmente a partir de 300 euros (366 dólares), con la promesa de que se revalorizarían al menos un 6 % por ciento anual.
Según detallaba el magistrado en el auto de procesamiento, que dictó en julio de 2013, la cúpula de Afinsa desarrolló una operativa piramidal de negocio “ruinoso e inviable” y, a costa de su creciente déficit patrimonial, incrementaron de forma continua sus ventas entre 1998 y 2006, lo cual les permitió mantener el negocio.
“La apariencia empresarial era de una actividad lícita” de contrato de compra de sellos por el particular, depósito de los mismos a cargo de la vendedora -Afinsa- y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador.
“Sin embargo, ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaban en la medida que se retribuía al ahorrador, con lo que la única viabilidad del negocio, tal y como se diseñó, consistía en reproducir 'ad infinitum' esa misma práctica defraudatoria con nuevos clientes, cuyas aportaciones pudieran ser utilizadas para alimentar tal dinámica”, decía el juez.
Ello determinó que a 21 de abril de 2006, cuando Anticorrupción presentó su querella, Afinsa se encontrase en una situación de “absoluta insolvencia, conocida por los responsables de la compañía, que además se esforzaron en ocultar para mantener la continuidad de la empresa y, con ella, su fraudulento negocio”.
Paralelamente a la investigación penal, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ya calificó como culpable el concurso de la sociedad el pasado octubre y condenó a Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Martín Peña a 15 años de inhabilitación para administrar bienes y a restituir el agujero ocasionado.
Mientras, la causa penal por el caso Fórum, cuya investigación también está concluida por el juez Pablo Ruz, aún no tiene fecha para juicio, aunque por la vía civil mañana arrancará la vista en la que se determinará la culpabilidad o no de su concurso de acreedores.